La agenda de la extrema izquierda amenaza con socavar la estabilidad en las reglas de juego imperantes en el país desde hace más de 30 años. La caída de la inversión es particularmente intensa en el sector energético, el más dinámico y competitivo del país.

Crecen cada vez más las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo de Colombia bajo el actual gobierno comunista del presidente Gustavo Petro, el ex guerrillero que llegó al poder en agosto del año pasado.

La prestigiosa calificadora de riesgos Moody’s Investors Service advirtió que las reformas de extrema izquierda de Petro están espantando las inversiones extranjeras y recomendó frenar cualquier tipo de proyecto en el país, debido a que atentan contra la estabilidad de las reglas de juego e impiden la previsibilidad a largo plazo (un elemento fundamental para el desarrollo inversor).

En tiempo récord, Petro atentó contra los principales pilares del modelo económico que funcionaba hasta entonces. Lanzó una reforma tributaria que aumenta los impuestos vigentes y crea nuevos gravámenes sobre la acumulación de capital y el sector energético. 

Asimismo, el presidente preparó una reforma previsional que deteriora el canal de transmisión entre ahorro y crédito doméstico, y generó una masiva distorsión de precios relativos al anunciar el congelamiento nominal de todas las tarifas de los servicios públicos (los entes reguladores fueron intervenidos y despojados de su independencia).

“La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, señala el informe presentado por Moody’s.

La incertidumbre política y el cambio incesante de las reglas que deben asumir los agentes provocan que la inversión y el crecimiento potencial del PBI se vean dramáticamente perjudicados. Sólo el andamiaje institucional podría ayudar a revertir este proceso, funcionando como una suerte de barrera para aminorar el impacto de las reformas extremistas presentadas por el oficialismo.

El informe de Moody’s es especialmente crítico con la reforma previsional del Gobierno, alertando que provocará una menor disponibilidad de fondos para el sistema bancario (y por lo tanto menos crédito en moneda local) y contribuirá a aumentar los pasivos del sistema en los próximos años a medida que se profundice el envejecimiento poblacional. El menor ahorro disponible para el sector privado se traducirá en mayores tasas de interés domésticas, encareciendo el acceso a la vivienda o la financiación de proyectos empresariales.

Por otra parte, las reformas inducen a una violenta caída de la inversión energética. Solamente para el año 2023 las principales petroleras privadas de Colombia anunciaron que reducirán su inversión en un 33% con respecto al año pasado, según confirmó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

La menor inversión energética no solamente impacta sobre la demanda interna y la generación de puestos de trabajo altamente calificados, sino que además afecta negativamente al volumen exportador (Colombia dispone de amplias ventajas comparativas en el sector petrolero).

Solo el petróleo crudo ocupa hasta el 42% de las exportaciones anuales del país, y si se considera también la refinación del mismo la cifra representa prácticamente la mitad de las exportaciones. Otro componente importante de la exportación es el carbón, que ocupa casi el 15% del total. La agenda del presidente Petro desalienta abiertamente al 65% del saldo exportador de la economía.