Situación de «impago técnico» sin precedentes para el Ejecutivo español. El fondo de inversión Blasket Renewable Investments LLC ha presentado un aviso de incumplimiento técnico contra España, alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas relacionadas con una larga disputa sobre inversiones fallidas en energía renovable.
Según la documentación, el fondo exige que se acelere el pago de un bono de 200 millones de libras (226 millones de euros) que vence en 2029, después de que España no haya resuelto 1.175 millones de euros en laudos arbitrales relacionados con el conflicto sobre los incentivos a las energías renovables. Y para ello ha exigido la ejecución de cuatro emisiones de deuda pública española.
La consecuencia directa de esta reclamación es que la deuda soberana española ha entrado en situación técnica de default por primera vez desde el año 1936, en plena Guerra Civil. Los títulos que ya están en esta situación de impago tienen un valor de más de 1.036 millones de dólares, equivalentes a 910 millones de euros (368 millones de dólares están denominados en euros,300 en dólares, 249 en libras esterlinas y 149 en yenes japoneses), con vencimientos entre 2016 y 2044.
Impagos del Gobierno
Esta circunstancia amenaza con encarecer significativamente el coste de financiación de las emisiones de deuda soberana, además de suponer un problema muy grave en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica.
Las empresas e inversores afectados insisten en que el gobierno de España debe sentarse a negociar, evitar este bochorno internacional y volver a un escenario de entendimiento, seguridad jurídica y buen gobierno. El cumplimiento de los laudos resarciría a las empresas, frenaría los procesos de embargo e incautación de activos y recuperaría la normalidad.
Los impagos del Gobierno de España a las empresas e inversores afectados por la retirada retroactiva de los incentivos a la inversión en energías renovables siguen motivando la toma de medidas de protección por parte de las compañías que están sufriendo este escenario de morosidad. Además del embargo de cuentas bancarias, derechos de cobro y bienes inmuebles, en las próximas semanas se producirán nuevos movimientos orientados a la confiscación de otros activos del Reino de España en el extranjero, según dicen los denunciantes.
Situación inédita
Frente a esta situación, el Gobierno argumenta que la posible reclamación de activación de ‘default’ de cuatro emisiones de bonos por el fondo estadounidense «no tiene nada que ver con la deuda del Estado«. Fuentes del Ministerio de Economía han indicado a los medios que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá «respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado».
Blasket argumenta que el impago de España ha activado las disposiciones de incumplimiento cruzado en el contrato de bonos, lo que significa que el país está en incumplimiento técnico. Esta advertencia de Blasket a España es la última de una larga lista de disputas legales relacionadas con la forma en que nuestro país supuestamente cambió las reglas del juego para los inversores atraídos por un compromiso de incentivos en 2007 para fomentar la financiación de proyectos de energía renovable.
Después de 2011, el gobierno del Partido Popular completó la retirada de estos términos atractivos previamente pactados en su intento por reducir el déficit fiscal. En ese momento, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, dijo que la posición de España está muy bien fundamentada en la ley europea y que cualquier iniciativa contra el reino de España basada en estos arbitraje de inversión internacional sería respondida en la esfera judicial correspondiente.
Situación en la UE
Blasket ha enviado notificaciones de incumplimiento a España en una serie de cartas en los últimos dos meses. El Gobierno ha reconocido la recepción y dijo que respondería en su momento, pero sin hacer «ninguna admisión de responsabilidad», según las cartas. El programa de emisión de notas de España en 1999 incluía una cláusula de incumplimiento cruzado, que significa que el no pago del principal o los intereses de cualquier deuda desencadenaría un incumplimiento.
A principios de este mes el Alto Tribunal de Australia desestimó el recurso de España en un asunto similar, abriendo la puerta a congelaciones en el país y en otros activos comerciales españoles, potencialmente incluyendo los de empresas estatales como el astillero Navantia. A finales de marzo, un tribunal británico, actuando a petición de Blasket, congeló temporalmente las cuentas del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede londinense.
También ha provocado el embargo de la indemnización por la catástrofe del hundimiento del barco Prestige (valorada en cerca de 1.000 millones de euros). Además, se ha traducido en el embargo de un edificio de ACCIÓ, la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña.
En la Unión Europea no hay tampoco evidencia de episodios así desde hace décadas, con la salvedad del impago en el que incurrió Grecia durante el verano de 2015, al incumplir su obligación de devolver ciertos fondos al FMI. Para subsanar este escenario de incumplimiento, España debe pagar los laudos arbitrales que tiene pendientes.
