DICE QUE ES ‘RIDÍCULO’ QUE EL GLOBALISMO QUIERA SANCIONAR AL PAÍS
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tildado de «ridículo» que se quiera imponer sanciones a Polonia porque tiene razón cuando argumenta que su legislación nacional está por encima del Derecho comunitario en aquellas competencias que no han sido atribuidas a la UE.
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A su juicio, el asunto está «muy claro» porque «la primacía del Derecho europeo no está ni mucho menos en el Tratado (de la UE)». «Los polacos tienen razón, en las cuestiones y tareas en las que no hemos transferido la competencia a las instituciones europeas tiene primacía la legislación nacional. No hay duda», ha insistido.
Orbán ha afirmado que «lo que pasa regularmente es que las instituciones europeas sortean los derechos de los parlamentos y de los gobiernos nacionales, y modifican los Tratados sin tener autoridad legítima para hacerlo». «¿Cuál es el problema con Europa?», se ha preguntado después de defender que Polonia es «el mejor país de Europa» y que cuenta con una democracia verdadera, con elecciones justas y con una de las mejores economías de la UE.
A su juicio, la «verdadera línea de división» es «tener o no sentido común». A modo de ejemplo, ha asegurado que la política climática de la UE, y en especial las propuestas del vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, acabarán con la «clase media» de Europa tanto en el este como en el oeste del bloque.
Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
