1. El informe del Centro Nacional de Inteligencia señala en sus 254 páginas el riesgo de ataques químicos: Se recomiendan esfuerzos intersectoriales para proteger mejor a España de ataques terroristas con armas biológicas o químicas.

2. La cárcel con más presos de Cataluña contabiliza un 60% de extranjeros entre sus encarcelados: Brians II, cárcel en la que se encuentra el futbolista Dani Alves, constata el problema censurado en medios e instituciones de la inmigración criminal en España.

3. Altos cargos militares marroquíes planifican la asfixia económica, presión migratoria e influencia cultural y religiosa para “recuperar Ceuta y Melilla” antes de 2030: Marruecos continúa su progresión masiva de rearme militar bajo excusas de “defensa”.

4. Seis marroquíes queman con bengalas a un español en un túnel de Málaga; El grupo, compuesto por 4 varones y dos menores, pegaron una posterior paliza al joven, actualmente en el hospital por quemaduras y fracturas óseas.

5. Este Martes 25 de Abril Pedro Sánchez aprobará la reforma de la tarifa eléctrica PVPC: La medida para reducir la volatilidad de precios fue ‘sugerida’ por Bruselas hace más de 7 meses, y supone un mayor control político del mercado eléctrico.

6. La guerra en Sudán del Sur obliga al cierre masivo de embajadas: EEUU y Francia evacúan a todo su personal diplomático en plenos combates entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar “Fuerzas de Apoyo Rápido” iniciados hace 8 días.

7. Ayuso coloca como n°8 a su amiga y Alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, para estar aforada: Evitará así que la juzgue un tribunal ordinario tras ser imputada por los contratos del Caso Púnica.

8. La Juez del ‘Caso Mediador’ ordena a la Policía Nacional una nueva investigación contra Alvise Pérez para identificar a sus fuentes: El analista tiene 6 procesos abiertos por revelación de secretos, una de ellas en la Audiencia Nacional, tras facilitar de forma pública y gratuita en este Telegram audios completos, sumarios secretos de casos de corrupción política y datos de empresarios y empresas como INDRA que el joven sevillano publica para “demostrarle al pueblo español cómo el Estado Profundo blinda la impunidad corrupta en este país”. La Fiscalía podría exigirle hasta 18 años de prisión por penas máximas en cada proceso ante “una labor que solo corresponde a la Policía, por muy buena fe que exista”, según fuentes policiales. El analista afirma que “publicar delitos” protegiendo datos personales “no puede ser ilegal en una supuesta democracia que afirma tener periodismo libre”.

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