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Illa y Simón, a una Iglesia TRES DIAS antes del 8-M: «De ninguna manera podéis celebrar congresos, estamos en pandemia»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prohibió a la Iglesia Evangélica la celebración de cualquier tipo de evento multitudinario a través de una reunión el pasado 5 de marzo. Tres días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizase y promoviese las manifestaciones del 8 de marzo.

 

Así lo ha revelado el diario El Mundo tras acceder al documento de la Guardia Civil que ha provocado un auténtico cisma entre el cuerpo y el Ejecutivo central. Según informa la citada cabecera, el 5 de marzo se produjo una reunión que contó con la participación del titular de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; y dos representantes de las iglesias evangélicas.

Según la reconstrucción efectuada por los agentes en el citado documento, “Simón les explicó la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían”.

En esta reunión los representantes de la Iglesia Evangélica propusieron la celebración en la Caja Mágica de Madrid del Congreso Unlimited 2020 “para el que se preveían la asistencia de 8.000 personas”. Una propuesta que fue rechazada debido a la situación epidemiológica por lo que se les emplazó a una reunión al día siguiente.

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En este segundo encuentro el director del CCAES reiteró su rechazo alegando como dato “ya en ese momento se conocían 22 casos de contagios en España”, procediendo según se recoge en el atestado “la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios y haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional”.

En este marco cronológico cabe recordar que el 7 de marzo Simón, preguntado sobre si permitiría que su hijo asistiese a la manifestación del 8M, este respondía que “le diré que ha haga lo que quiera”, aunque más tarde confesó la suspensión de la maratón de Barcelona “por suponer un riesgo real en relación con el coronavirus”.

De esta forma el informe de la Guardia Civil concluye que “las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica sin lugar a dudas la preocupación de éstos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública”.

Una decisión sobre la que el mismo documento señala que “confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso Unlimited”.

En este sentido los agentes recuerdan que la celebración propuesta por la Iglesia Evangélica preveía un aforo de 8.000 personas mientras que la manifestación del 8M en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer acogería a más de un millón de asistentes.

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Este atestado, junto con el avance del informe forense en el que se manifiesta que la celebración del 8M en Madrid fue un “seguro” foco de contagio, la titular del Juzgado de Instrucción Número de 51 de la capital, Carmen Rodríguez-Medel (investiga las posibles consecuencias penales de la convocatoria de la manifestación en pleno periodo de propagación de la Covid-19), ha citado como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid el próximo 5 de junio.

El pasado 25 de mayo Fernando Simón declaraba en rueda de prensa sobre el posible impacto del 8M en la propagación del virus, expresaba que “si ha tenido algún impacto sobre la evolución de la epidemia ha sido muy marginal”, insistiendo en que “muchos eventos”, y otro tipo de aglomeraciones celebradas en ese periodo en todo el país “pudieron significar lo mismo”.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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