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Sociedad

No-go zones: Antesalas de la derrota

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Por Alejandro Abad.- El Estado es una ficción, una entelequia. Su vigencia depende de la confianza que los ciudadanos depositamos en su capacidad de acción. Aquel cuento de Hans Christian Andersen sobre el Rey desnudo ilustra a la perfección esa idea. Es una ensoñación colectiva, un pacto social tácito cuyo objeto es intangible.

A pesar de su carácter conceptualmente inmaterial, el Estado se concreta y materializa. Es Estado la administración de hacienda, el edificio del ayuntamiento cercano, la comisaria de policía, la escuela pública, el juzgado…. Y al igual que se materializa también se encarna en sus funcionarios y en sus representantes políticos.

El Estado es la extensión articulada de la nación, el guardián que se ocupa de proteger nuestras libertades cívicas y políticas. En la medida en que el Estado está presente uniformemente sobre todo el territorio de la nación mediante sus instituciones y las personas que las animan, se nos garantiza el acceso a la tutela jurídica, a la defensa policial de nuestros derechos y propiedades, a la representación política… y también entablamos relaciones no tan idílicas con su brazo burocrático y recaudador.

Se posea una predisposición más o menos favorable al Estado,desde el desconfiado minarquista al entusiasta intervencionista, y dejando de lado proyectos políticos que abogan por su desaparición absoluta como el anarquismo, podemos afirmar que mientras ejerza esa finalidad protectora y tutelar mencionada, es un artefacto humano con carácter benéfico.

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Pero ¿qué sucede cuando alguien se percata de que el Rey ¡está desnudo!? Cuando una masa crítica brota como una pústula en el cuerpo del Estado, y se revuelve contra este, rompiendo el pacto tácito de convivencia, negándole el carácter de custodio. Si el Estado es poderoso se afirmará, pero, y ¿si el Estado, quizás por falta de ejercicio está enfermo? Cuando no es capaz de generar anticuerpos que expurguen esa enfermedad, estará perdido.

Dejando de lado las metáforas de dudosa calidad, y abordando el tema concreto, el estado Español ha caído enfermo de un cáncer que le vuelve inoperante en gran parte del territorio nacional, generando la aparición de auténticas zonas de exclusión, no-go zones, en su acepción inglesa, zones de non-droit como suelen aparecer en la prensa francesa. En definitiva, zonas dentro del territorio nacional, donde España, su legalidad, sus instituciones, no existen, y uno es visto como extranjero.

Esa falta de ejercicio a la que hago mención no es otra que una dejación de carácter político.

Por un lado, una renuncia a una mínima actividad pedagógica sobre la función del Estado, los vínculos nacionales, la historia compartida, el sentido de los símbolos comunes, etc. Aquí una vez más se puede entrar en disquisiciones de tipo “patriotismo constitucional” vs “sentido de nación” pero el panorama es tan desolador, la amenaza a la nación tan afianzada, que un programa de minimis sobre la historia de España y sus méritos habría bastado para atajar al menos parte de estos afanes levantiscos. Una terapia de choque para galvanizar la autoestima patria.

Y por otro lado, una renuencia contumaz a recurrir a mecanismos severos, pero íntegramente legales , por temor al tratamiento mediático, a la polémica, obviando la pertinencia del adagio latino dura lex, sed lex. Esta falta de acción, o de reacción a los desplantes y confrontaciones con el Estado, ha erosionado su credibilidad y ha limitado artificialmente los medios de defensa de los que el arsenal normativo le dota. En otras palabras, España lucha con una mano atada a la espalda, por puros prejuicios a emplear toda su fuerza.

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La anemia que padece España, que es anomia, cuando hablamos del Estado, se sintomatiza en tres fenómenos, de manifestación simultánea pero de diversa etología y origen geográfico.

Tres auténticas zonas comanche en las que el Estado ha tocado retreta.

Lavapiés: guerra cultural en el corazón de la Corona

Lavapiés todavía no es Molenbeek o Saint-Denis. De nuestra capacidad para afrontar los problemas que vienen larvándose en este barrio desde hace años, dependerá que podamos alterar su destino y evitar la profecía autocumplida que sus calles anuncian.

Dos factores juegan a nuestro favor, el tiempo (los suburbios Belgas y Franceses recibieron inmigración con varias décadas de antelación) y nuestra cultura latina, o porqué no decirlo sin disfraces retóricos, la Hispanidad. El carácter integrador de la Hispanidad como proyecto político universal, nos proporciona innumerables ejemplos para actuar enérgicamente en revertir ese rumbo fatídico. Por mucho que los titulares viertan ríos de tinta, en España el racismo es insignificante, muy a contrario que en el mundo anglosajón y en los países de herencia protestante, donde siempre fue endémico.

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¿Que factor corre en nuestra contra? Que el proceso de pauperización y radicalización de esos barrios (Lavapiés es el arquetipo, pero cada ciudad media de España tiene uno o varios semejantes) está siendo potenciado políticamente, y lo que es peor, desde las instituciones. Aquí el Estado, en su formulación local, el Ayuntamiento, ha elegido voluntariamente retraerse. Un retraimiento selectivo.

Así la función policial, la respuesta a los evidentes problemas de criminalidad, se ha desvanecido. Pero la función “social-caritativa” se ha intensificado abriendo la cornucopia de la subvención a una infinidad de colectivos de dudosas credenciales que buscan fomentar delirantes proyectos políticos. El Estado se ve sustituido por una red de ONGs y asociaciones que ocupan su lugar, cooptan la función educativa o sanitaria, ocupan edificios públicos y privados, azuzan manifestaciones para expulsar a la policía, e imponen unos códigos sociales y religiosos en detrimento de los habituales. Es el Anti -Estado, cada institución estatal o social tiene su réplica, más burda o más sofisticada, más inofensiva o más perniciosa, y estas van efectuando un proceso de sustitución y reemplazo implacable en todos los frentes; desde el espacio físico (okupación) a los hábitos y usos sociales (religión, consumo de drogas, sexualización de la infancia) y sobre todo en el marco mental de los vecinos, ubicando esta maraña de entidades como primeros referentes asistenciales, apoyados aquí indefectiblemente por el neo lenguaje y la propaganda.

El efecto es claro; el Estado se ha evaporado de Lavapies y ha sido reemplazado por la alianza de Izquierda e Islam, aunque mantiene eso si una función residual desde la distancia, la de albacea que reparte puntualmente la asignación pecuniaria.

Se habrá percatado el lector que no he mencionado las causas por las que este barrio arquetípico se encuentra a mi parecer en una situación límite. Son diversas e inabarcables para una artículo de esta extensión. Pero apuntaré, para evitar suspicacias, que no todas tienen que ver con una defectuosa integración de lla población inmigrante, o con una mala digestión de los modelos antitéticos multicultural y asimilacionista al contexto español y madrileño. Hay otras, ciertamente heterogéneas y que no han merecido mucha atención, como por ejemplo el abandono por las clases medias del centro de las ciudades durante el boom económico previo a la crisis de 2008. Buscando en el extrarradio un horizonte de bienestar con el unifamiliar como desiderátum.

Línea de la Concepción: El narcopacto de Estado: ¿paz social o desempleo?

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En el momento de escribir estas lineas (permítaseme el juego de palabras), la Linea de la concepción es el municipio con la tasa de desempleo más elevada de toda Andalucía.

Ubiquemos el contexto político. Andalucía lleva gobernada consecutivamente durante 40 años por el PSOE, La Linea por una sucesión heterogénea de partidos, incluido PP, PSOE, el GIL durante cuatro años, y una agrupación local recientemente. El brochazo geográfico nos muestra un municipio que se encuentra a las puertas del continente Africano y en el umbral del paraíso fiscal Gibraltareño. Y el análisis delictual revela que Andalucía representa el principal punto de entrada de la droga en España y por extensión en Europa.6

Si el Estado decidiese actuar activamente contra el narcotráfico,con medidas que fueran más allá de las incautaciones telegénicas, extirpando las redes locales e internacionales de distribucion, estableciendo una vigilancia real del Estrecho con participación de la Armada, endureciendo las penas por este tipo de delito, aprovechando la coyuntura del Bréxit para presionar al Reino Unido y conseguir que cesara en su actitud desleal en aspectos de justicia, policiales y fiscales, entre otras medidas de orden, les estallaría una bomba social.

Cuando mira para otro lado, El Estado se convierte en cómplice del aumento de la criminalidad que trae aparejado el narcotráfico, de la degradación social causada por el consumo y de la parálisis económica que impide que ningún negocio salga adelante.

¿Por qué, cómo va a querer un chaval derrengarse 8 horas en el tajo por menos de 1000 euros cuando el menudeo le reporta el triple por una descarga exitosa o una venta fugaz?. Es precisamente la existencia de una red de seguridad económica sumergida por loque ningún proyecto empresarial, ningún plan de empleo público, ningún negocio o iniciativa, consigue salir adelante. Ese círculo vicioso impide romper con el narco.

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El Estado ha comprado paz social a cambio de hacer la vista gorda. De vez en cuando satisface a la galería con imágenes espectaculares de incautaciones. Un episodio necesario para la credibilidad de la mascarada, pero nada más.

Aquí no hay anti – Estado como en Lavapiés, porque no hay proyecto político, no hay ingeniera social, ni un afán de construir un mundo nuevo por pintoresco, perverso o patético nos parezca, tan solo la más descarnada cruda y nihilista desviación de las sociedades humanas complejas: lumpen, mercado negro, estraperlo, luctuosidad, clientelismo y violencia. Es el infra -Estado, el retorno a la barbarie.

Alsasua y Tractoria: el nacimiento de una nación (y media)

Aún tenemos recientes las ignominiosas escenas que nos ofreció el pueblo de Alsasua (pretendo esquivar la caracterización colectiva pero se torna difícil a la vista de las imágenes) el pasado 5 de noviembre. La lección que podemos extraer de los gritos, los insultos, las pedradas , las campanadas silenciando los discursos, el estiércol volcado en la plaza en señal de bienvenida, es simple y contundente: España no es bien recibida. Y pese a todo, Alsasua es España. Es parte de España en tanto que parte de Navarra, lo cual equivalió por siempre a un marchamo de españolidad tanto como de catolicidad.

¿Qué ha sucedido pues para que se haya culminado esa transformación, de repositorio de la fe y la devoción a la nación, al rechazo más frontal y agresivo?, ¿Como se ha llegado al hecho de que declararse, manifestarse, simplemente ser, Español, le ameriten a uno la paliza o el desprecio?. Es evidente que los polvos de los que traen causa estos lodos tienen su origen en el conflicto vasco (malhadada expresión pero que tomamos con cautela por lo que de carga intencional tiene ese sustantivo “conflicto”).

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Si hay un acto de claudicación superlativo, por el contexto en que tiene lugar, respecto de lo sucedido en Navarra, es el fracaso en elaborar un relato inatacable sobre qué significó y qué pretendía, el proyecto político-terrorista de ETA. El hecho de que tantos jóvenes, sean permeables a la dialéctica conflictual (opresor-oprimido, violencia-resistencia, autodeterminación-centralismo) filoetarra, no se debe a su efectividad o su excelencia propagandística, sino a que es el único mensaje con voluntad pedagógica, obviamente tendenciosa, de lo que supuso la violencia terrorista. De haber existido una contra-narrativa, más o menos ponderada, matizada y edulcorada para lograr el consenso partidista, que hubiera desafiado el monopolio del discurso público, del relato como suele decirse, no estaríamos en esta situación. Y es aún más decepcionante si se tiene en cuenta que ese mensaje no ha de ser confeccionado, por que se sustenta en la arrolladora elocuencia de la verdad, en la crudeza de los testimonios de las víctimas.

Con haber dado la réplica en los medios televisivos, (¡ay cuanta laxitud con eitb!) y haber implementado un programa educativo de cierta ambición, a más de un crío, a pesar de lo asfixiante que puede ser la presión grupal en esos ambientes y en determinadas edades, le habría deslumbrado quizás el fogonazo del escepticismo, y le habría aparrtado de esa monolítica verdad que se mama en las calles. Así se habría ganado, en el peor de los casos, a un indiferente, y en el mejor, a un ciudadano comprometido con España.

Recientes noticias como el pacto para mutilar las competencias de la Guardia Civil en favor de la Policía Foral no hacen sino reforzar la impresión de que la tendencia centrifuga coge fuerza en Navarra. Y con la expulsión de sus instituciones, España se aleja sin remedio.

Hago sólo un apunte sobre Tractoria, jocos y afortunado calificativo para esa Cataluña sociológica que labora por la independencia. La situación es análoga a la Vasca-Navarra. En ambos casos ha tenido lugar la creación de una nueva legitimidad, y la construcción de un Estado Paralelo, incipiente, pero en vigoroso desarrollo. Esos nuevos estado brotan de los organismos constitucionales, los usan de muleta, pero hace tiempo que dejaron de pertenecer a ese tronco común y responden a su propio raison d’être.

Evidentemente, como en el caso de Navarra, el origen de la penosa situación en la que nos hayamos es pluricausal, extremadamente compleja y afortunadamente por el momento, libre de violencia. Si salvamos esa nada despreciable diferencia, el resto son una sucesión de paralelismos. La utilización de los medios públicos, la imposición de un relato homogéneo y dogmático, el recurso a la dialéctica excluyente (trabajadores-vagos, virtuosos-corruptos, nacionales-extranjeros, etc), la sobrerepresentación de símbolos locales con la consiguiente ocultación de los nacionales, el adoctrinamiento educativo, y toda la problemática lingüística, que merecería un análisis especial.

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Si acaso la nota diferencial, por lo que representa de esperanza y aire freso en ese ambiente viciado, la aporta Tabarnia. Se ha organizado una resistencia que planta cara en el frente virtual y mediático, que además les disputa la calle, y desarma sus mentiras desde la sátira mordaz y con una sonrisa. Esta reacción popular y espontánea parecía impensable hace unos años, y nos sirve de referente anímico en el resto de España.

Señales de alarma

Las tres realidades que se han escogido para ilustrar la tesis de este artículo tienen en común su acto de apertura, que no es otro que el hostigamiento y consiguiente expulsión de las fuerzas de seguridad del territorio.

Con todo, no es el requisito fundamental para completar su descenso a la categoría de zonas de exclusión, tan sólo el más inmediato y previo para desencadenar una sucesión de deconstrucciones o demoliciones programadas que acaban con la derrota y claudicación del Estado. El resto de acciones que suceden a la marcha de las fuerzas policiales, son quizás menos espectaculares y simbólicas, pero son más perversas y difíciles de detener, pues atacan esos frágiles intangibles que conforman la fibra con las que se tejen las comunidades; el lenguaje, las relaciones sociales, económicas, y productivas, la familia, el idioma, los usos y costumbres, la identidad, las lealtades, etc.

Sucedió en Lavapiés, cuando concejales del consistorio madrileño instigaron a la turba desde las redes sociales para que expulsaran a la Policía Local. Sucedió en la Linea, cuando un grupo de más de 20 personas asaltó dependencias policiales para liberar a detenidos relacionados con el narcotráfico. Sucedió en Alsasua, con la paliza a los guardias civiles y sus parejas, y con la propagación del mensaje Alde hemendik ,auténtico leitmotiv del proceso de euskaldunización de Navarra. Y qu decir de Tractoria, donde el grado de desintegración del Estado español es tal que la policía autonómica actua ya de facto como la fuerza de orden público de un nuevo estado embrionario. Por no mencionar los escraches a los hoteles donde se alojaban los policías destinados en Cataluña para impedir la celebración del ilegal referéndum del 1 de Octubre. La lista de ejemplos es inagotable y recomiendo acudir a las hemerotecas.

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A pesar del ominoso lienzo pintado, la iniciativa está del lado de los españoles. Retomando nuestra responsabilidad cívica, exigiendo a los representantes políticos que presenten las cuentas de sus desmanes recientes, y manteniendo un constante estado de alerta a los síntomas indicados. Hasta que el Estado no se haga presente en esas zonas no se pondrá fin a la arbitrariedad y la ilegalidad que padecen sus habitantes, vivirán bajo la dictadura del pensamiento único, al albur del oportunismo del tráficante, o sometidos al dictado del predicador.

Hasta entonces no existirán garantías de que los derechos y libertades comunes de los españoles son respetadas. Está en nuestras manos.

*La Gaceta Europea

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 13:37

    Por desgracia, en España ya hay zonas así. Por ejemplo el barrio de San Pablo de ZARAGOZA está totalmente lleno de moros, y da miedo pasar de día (imaginen como será de noche).
    La gente joven se ha marchado de allí, y solo quedan personas mayores, que es su casa de toda la vida, pero que cada día viven con más temor, y más robos, atracos, ocupación de viviendas, etc.
    Y, eso sí, LA POLICÍA MIRANDO PARA OTRO LADO…

  2. Avatar

    Ramiro

    13/11/2018 at 12:04

    Por desgracia, en España ya hay zonas así. Por ejemplo el barrio de San Pablo de ZARAGOZA está totalmente lleno de moros, y da miedo pasar de día (imaginen como será de noche).
    La gente joven se ha marchado de allí, y solo quedan personas mayores, que es su casa de toda la vida, pero que cada día viven con más temor, y más robos, atracos, ocupación de viviendas, etc.
    Y, eso sí, LA POLICÍA MIRANDO PARA OTRO LADO…

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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