Sociedad
«No cuentes nada a la Policía»: el mensaje de Pablo Iglesias que lo convierte en delincuente sin futuro político está en manos de un Juez
Published
4 años agoon
David Lozano.- De nuevo un mensaje de texto, en el chat interno de Podemos, vuelve a poner a Pablo Iglesias en la picota, pero esta vez con gravísimas consecuencias judiciales porque ya está en poder del juez que instruye, y que ha pedido su imputación al Tribunal Supremo, por el llamado caso Dina.
Los textos demuestran las teorías del magistrado porque demuestran lo que sería a una manipulación del ‘caso Dina’ para utilizarlo con fines políticos. En concreto, en un chat del equipo jurídico de la formación ‘morada’, se revela que la cúpula de la misma ocultó a la Policía y al juez, Manuel García-Castellón, datos claves del caso, según publica El Confidencial.
Los datos esenciales que se habrían ocultado estarían relacionados con el supuesto robo y posterior difusión del contenido de la tarjeta del teléfono de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham.
Del mismo modo, según el citado medio, en esos mensajes se desvela que el partido maniobró para que el líder ‘morado’ quedase como víctima de las cloacas del Estado en plena campaña de las elecciones generales del 28 de abril del pasado año. De esta manera, Podemos instrumentalizó la causa desde el primer día -el caso llegó a los tribunales a principios de noviembre de 2017, en el marco de la ‘operación Tándem’ y Bousselham fue citada por primera vez en diciembre de 2018-.
La exasesora de Iglesias pensó que era citada para declarar sobre un ataque en Youtube. Sin embargo, allí le explicaron cuál era el verdadero motivo. En ese momento, Bousselham avisó del hallazgo a la entonces jefa de los servicios jurídicos de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.
A las 15.33 horas de este día, 10 de diciembre, Elizo envió un mensaje a Bousselham en el que le ordenó que no colaborara con la Policía.
«Que te cuenten todo y luego vemos cómo actuar, de momento no cuentes nada», le dijo. Dos horas después de ese mensaje, Elizo comunicó al resto de abogados del partido lo que la exasesora había descubierto. «Que no salga de aquí bajo ningún concepto. INFORMACIÓN MUY MUY RESERVADA: Dina ha salido de la Brigada de Información. La citación no era por lo del vídeo de YouTube sino por el robo del móvil», decía la abogada.
«Quien está detrás del robo ha sido Villarejo. Hay una pieza secreta en Tándem a la que van a unir su declaración. Me manda ahora la copia. Hay por tanto una pieza tras la conexión Villarejo/Pablo Iglesias«. «Qué guay, buenísima noticia. Confidencial absolutamente», contestó dos minutos después Marta Flor, la abogada que finalmente asumió la defensa de Bousselham e Iglesias. El 31 de enero, Elizo dijo: «Podemos ser más o menos descarados (…) Que sean los mismos letrados a lo mejor no nos interesa». Algo que compartieron sus compañeros de chat.
No obstante, la dirección de la formación cambió de idea y decidió explotar el caso electoralmente. En este sentido, el partido dejó al margen a los abogados que se oponían a la politización de la causa, entre ellos el entonces coordinador de sus servicios jurídicos, José Manuel Calvente, despedido en 2019 por una denuncia de acoso sexual que resultó ser un montaje y quedó archivada.
El testimonio de este letrado fue clave para que el juez García-Castellón acordara la pasada semana enviar a Iglesias, Elizo, Marta Flor y otros responsables de Podemos al Supremo por los presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
Las conversaciones en el chat de Podemos dejan a su líder al borde no ya de la imputación, de la condena
España
Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son
Published
5 horas agoon
27/04/2024By
Reproducido
Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
Fuente: Derecha Diario.
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