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Ni Gobierno ni coalición: Iglesias naufraga en el coronavirus

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(R) Sostenía el sociólogo alemán Max Weber que las crisis no deben entenderse como hechos sobrevenidos sobre los que nada se puede hacer, que hay cierta clase de líderes, los carismáticos, que ayudan a solventarlas e incluso influir en el devenir de la historia. Ahí están Roosevelt, Lincoln, Churchill y De Gaulle, cuya obra se cinceló durante la guerra.

España carece de líderes. No los tiene en este tiempo bélico, de guerra bacteriológica. No lo es Pablo Iglesias. Después de los hechos acontecidos este sábado, precedidos de otros nada afortunados, el presidente Sánchez debería plantearse romper con el Gobierno de coalición.

La discusión dentro del Ejecutivo sobre el alcance de las medidas económicas —en las que la ortodoxia de Nadia Calviño y María Jesús Montero choca frontalmente con el dogmatismo de la cúpula de Unidas Podemos—, la pataleta de Iglesias —haciendo perder un tiempo que no se mide en minutos sino en vidas humanas— por haberse quedado sin silla en el mando del estado de alarma, y la presencia física del líder morado en el Consejo de Ministros rompiendo con la cuarentena y haciendo justo lo contrario de lo que las autoridades recomiendan al resto de ciudadanos, son razones de peso para la ruptura.

Mientras se dilapidaban diez horas de Consejo de Ministros por culpa de rifirrafes internos para desgranar un estado de alarma que ya se anunció el viernes y unas medidas económicas que no entrarán en vigor hasta la semana que viene, en Madrid se duplicaba el número de fallecidos por coronavirus. Cuando Sánchez dijo que “no dormiría tranquilo” con Iglesias en el Gobierno, debía referirse a esto.

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Pero no solo es Unidas Podemos. Sánchez debe poner el foco en los otros partidos que le mantienen el poder y que, en circunstancias tan dramáticas, han destapado su rostro más feroz. Véanse las declaraciones de los líderes nacionalistas de las últimas 24 horas.

Cuando se demanda un mando único para gestionar la crisis, el ‘president’ Quim Torra barre para casa (“no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte […]. Necesitamos apoyo, no recentralización”) y el portavoz del ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, compara el estado de alarma con el 155 (“sería un 155 en esta materia que, en principio no estaba anunciado, ni está tampoco en el tenor de las conversaciones que el ‘lehendakari’ ha mantenido con Pedro Sánchez”).

Lo peor de estas declaraciones es que a pocos pillan por sorpresa. Lo debería haber sabido también Sánchez. Mientras unos piensan en la salud pública, otros lo hacen en clave interna. Como destaca un ministro socialista, el teatro de Iglesias no es sino “una cortina de humo para tapar el verdadero problema: la tensión territorial”.

Por todo ello, en este momento de emergencia nacional, el PSOE debe marcar distancias con Unidas Podemos y los nacionalistas y buscar el acercamiento a PP y Ciudadanos. No es que no haya excusas ideológicas para ello. Lo que no hay es tiempo.

“Desde Portugal [112 casos, 1 recuperado, 0 muertos] contemplamos con perplejidad lo que está ocurriendo en España. Aquí, como en la revolución del 74, estamos todos los partidos más unidos que nunca, remando para el mismo lado. Nos preocupa ver la división y falta de iniciativa de nuestro país vecino”, comentaba ayer un ministro del gobierno luso.

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El sentido de Estado que transmitió la ‘canciller’ Angela Merkel en su mensaje —”el virus ya está aquí y la población no es inmune, no hay una vacuna ni terapia, entre el 60% y el 70% de la población acabará infectada”— dista también de la atonía oficial del Ejecutivo español.

Con el arranque de la crisis del coronavirus, anterior a que el Gobierno tuviera conciencia de la misma, este periódico estableció una escala de prioridades a la hora de informar: primero es la salud; segundo, la economía, y tercero, la política, estando las dos últimas supeditadas al primero. Nos conjuramos para ejercer de servicio público y no entrar en disputas en un momento en el que los errores y la falta de coordinación entre las Administraciones resultan hasta previsibles. Ya habría tiempo más adelante para pedir responsabilidades.

Sin embargo, cuando la acción (e inacción) pone en riesgo la salud de los ciudadanos, no hay más remedio que entrar en la crítica y exigir medidas drásticas e inmediatas que solventen una situación que, sin duda, irá a más.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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