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Un presunto fraude electoral que podía inclinar el resultado en contra de la derecha. Fuentes de la oposición han alertado hoy de que muchos inmigrantes indocumentados podrían intentar «votar ilegalmente» en las elecciones generales del 28 de abril.

De hecho, algunas formaciones políticas conservadoras pedirán a sus interventores y apoderados que se fijen bien en cualquier voto ilegal que pudiese tener lugar en las elecciones y pedirán a sus simpatizantes que vigilen los centros de votación para impedir que eso ocurra.

El Gobierno de Sánchez ya pretendió introducir reformas legales importantes para garantizar el derecho al voto en las elecciones de más de tres millones de inmigrantes. El partido en el gobierno maneja encuestas que indican que la población inmigrante es «ampliamente» más favorable al PSOE que al PP. Especialmente, la iberoamericana, pero también la marroquí, aunque estos últimos no votan porque, pese a los intentos del Ejecutivo de Zapatero, no fue posible suscribir convenio alguno. Los déficits democráticos del país magrebí hacían inviable la reciprocidad que exige la Constitución.

Eso abre un nicho de oportunidad claro. Solo en Madrid hay cien mil ecuatorianos y más de 80.000 bolivianos y peruanos.

“Aquí vivo, aquí voto”

Por otra parte, las campañas “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”, han sido puestas en marcha por la plataforma “Todos iguales. Todos ciudadanos”, integrada por multitud de organizaciones interesadas en la inmigración masiva, tales como Andalucía Acoge, Asociación Casa de Perú en Baleares, Asociación de Chilenos de Baleares, Asociación de Colombianos en Baleares, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), CEAIN, CEPAIM, Córdoba Acoge, CCOO Baleares, Federación SOS Racismo, Secretariado Gitano Córdoba, Sevilla Acoge, Granada Acoge, Huelva Acoge, Jaén Acoge, Jóvenes de IU Comunidad de Madrid, Málaga Acoge, Melilla Acoge, Motril Acoge, Rioja Acoge, Red Acoge, Unión Sindical Obrera (USO), etc.

Hay que destacar que muchas de estas organizaciones son generosamente subvencionadas por las distintas administraciones del estado.La primera de las campañas se desarrolló en el año 2006, con la publicación de un manifiesto en el que exigían los derechos de sufragio pasivo y activo para todos los inmigrantes residentes extracomunitarios en España, algo que catalogan como “ciudadanía plena”. A esto siguieron numerosas acciones de propaganda, sobre todo en los medios de comunicación, generalmente afines a estas exigencias. Las campañas sucesivas tuvieron una estructura similar.

«El objetivo directo obvio de estas campañas está en adulterar el censo electoral español e introducir en los resultados electorales, que luego se traducen en apoyos partidistas y en orientaciones legislativas determinadas, los pareceres derivados del voto de personas que no pertenecen a nuestra comunidad nacional. Esto supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios legislativos derivados del ius soli en detrimento de los procedentes del ius sanguinis, facilitando así la disolución de nuestra identidad nacional española. Esto es tanto como decir que supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios fomentados por la oligarquía económica, es decir por las grandes empresas no multinacionales, por las empresas multinacionales y por los especuladores financieros internacionales, poderes directamente interesados en vencer las resistencias a la mundialización o globalización; es decir, al liberalismo y al libre mercado, a la inmigración masiva y al dumping laboral que provoca, planteadas por las identidades étnico-nacionales y por los estados-nación basados en las ellas», ha manifestado el colaborador de AN y experto en temas migratorios, León Riente.