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Mienten como bellacos porque a USTED no le importa: Salvador Illa mintió a Madrid al impedirle pasar de fase: NO existían los expertos

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El Defensor del Pueblo ha puesto en jaque a Salvador Illa. Según un escrito al que ha tenido acceso Moncloa, “el comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas” que decidía quién podía, o no, pasar de fase, no existía.

La Comunidad de Madrid, que protestó en innumerables ocasiones por la negativa de este comité fantasma, sabe ahora que fue un castigo directo del ministro de Sanidad, orquestado por el Gobierno.

Cuando Pedro Sánchez anunció el plan de desescalada que culminaría con el fin del Estado de Alarma, comunidades como Madrid o Barcelona supieron desde el primer momento que dada su población y concurrencia tendrían complicado seguir el ritmo de otros destinos. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso insistió una y otra vez en que la Comunidad de Madrid cumplía con los requisitos que se habían marcado. Fue entonces cuando un comité de expertos, supuestamente, evaluó que la atención primaria no era la adecuada y dejó a Madrid atrincherada en las primeras fases.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid se enzarzó en una ‘guerra’ con el Gobierno central, que ya había comenzado con la negativa del PP a prorrogar el Estado de Alarma. La excusa para darle el ‘no’ a Díaz Ayuso siempre fue la decisión que había tomado el comité de expertos. Sin embargo, ahora se ha sabido que no existe tal grupo.

Varios diputados del Partido Popular solicitaron al Defensor del Pueblo que se investigara “la actuación del Gobierno como autoridad competente a los efectos del estado de alarma declarado y, en concreto, del ministro de Sanidad en su condición de autoridad competente delegada, por vulnerar el derecho de participación política al negar información a los diputados y senadores del PP y, asimismo por negarse a hacer pública e informar sobre la composición del Comité científico que decide en relación con el acceso de todo el territorio nacional a las distintas fases del denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

Esta queja llevada a cabo por varios miembros del PP ha surtido efecto, porque el Defensor del Pueblo, en un escrito, recoge que “a directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación ha señalado que “no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”. Unas palabras contundentes que dejan en una situación complicada al ministro Salvador Illa, que en todo momento se excusó en la decisión de esos expertos.

Precisamente “la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia” corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas. Tuviera razón o no Isabel Díaz Ayuso, la negativa de entonces al pase de fases en la Comunidad de Madrid careció de total sentido ante la inexistencia del comité de expertos.

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España

“Macaloca”, los tacones de colores y la caída al Abismo de la Locura de quien fuera una brillante oradora

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Macarena Olona registra el partido Caminando Juntos y se presentará a las elecciones generales del 23 de julio

Macarena Olona se presentará a las elecciones generales bajo la marca ‘Caminando Juntos’, un partido nuevo que ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior.

La exdiputada de Vox Macarena Olona acudió este miércoles al Registro de Partidos Políticos tras lo que difundió dos imágenes en sus redes sociales. En una de ellas sujeta un ‘recibo de presentación en oficina’ de registro y otra del logo de su partido, dos zapatos de tacón, uno de color rojo y otro de color azul, junto al lema ‘Caminando con el pie izquierdo y con el derecho’

Olona, que rompió con la dirección de Vox el pasado verano, descartaba en todo momento presentarse a las elecciones municipales y autonómicas con una nueva marca, pero mantuvo siempre en el aire su participación de cara a las generales. La precipitación del adelanto electoral ha acelerado los plazos de registro y la abogada del Estado ha hecho público este miércoles que decide dar el paso.

“Tengo muy claro que estoy para servir a los españoles y que estaré donde ellos quieran”, confesaba Olona el pasado noviembre en una entrevista concedida a El Mundo en la que detallaba que no daba el paso de momento para no “fragmentar aún más” el escenario político en nuestro país. “Por eso no he aceptado la financiación para formar un partido ahora mismo. Y lo hago teniendo voces muy autorizadas. ¿Qué opinaban? Lo contrario, pero yo tengo la íntima convicción de que ahora mismo no es tiempo de fragmentar el voto”, explicaba.

Ahora, sin embargo, Olona considera que es el momento de dar vida a su plan político. La noticia llega apenas 24 horas después de que Ciudadanos renunciara definitivamente a concurrir a la cita del 23-J y en pleno proceso de negociación urgente en la izquierda alternativa por ensamblar el máximo de fuerzas posibles en Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

No obstante, el desembarco de un nuevo partido de la mano de Olona repercute especialmente en el flanco derecho del tablero político. Especialmente a la formación en la que triunfó Olona hasta hace menos de un año, Vox, que es una de las grandes vencedoras de las elecciones regionales y locales del 28-M y tiene en su mano la gobernabilidad de la derecha hasta en seis autonomías y diversas importantes ciudades.

Apenas han trascendido datos o detalles de Caminando Juntos. La propia Olona ha compartido lo que parece el emblema de la formación: dos zapatos de tacón, el izquierdo rojo y el derecho azul, en posición de caminar, en movimiento. “Caminando con el pie izquierdo y con el derecho”, se puede leer como lema. Se trata de una de las frases más repetidas por la propia Olona en los últimos meses.

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España

TENEMOS IMÁGENES. ENORME ÉXITO CENSURADO de la convocatoria de Alvise Pérez y Daniel Esteve (Desokupa) en Barcelona

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La convocatoria de manifestación realizada online por el  analista Alvise Pérez y el  empresario y director de la empresa DESOKUPA, Daniel Esteve, ha supuesto un éxito de asistencia, pese a  la tremenda censura, de nivel soviético, a la que TODOS los medios, sin EXCEPCIÓN  han sometido a Alvise, a la convocatoria y, en general, a todas las noticias que nos dan y que ellos, días después de aparecer en el canal de TELEGRAM de ALVISE PÉREZ, se atribuyen sin citar al investigador.

Les ofrecemos las imágenes que el propio  Alvise ha subido a Internet, y juzguen ustedes  mismos.

 

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España

HISTÓRICO. Pese a todos los DELITOS DEL GOBIERNO, el Supremo ABSUELVE a un ciudadano que se negó a volver a su casa durante el estado de alarma -ILEGAL- y fue DETENIDO

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El Tribunal Supremo ha absuelto a un ciudadano lucense de una condena a seis meses de prisión por hacer caso omiso a las restricciones impuestas de manera arbitraria durante la crisis sanitaria del coronavirus. El Tribunal Constitucional, a raiz del recurso que VOX interpuso, reconoció que los dos estados de alarma fueron inconstitucionales al llevarse a cabo por decreto y no bajo un estado de excepción.

Entre los pocos ciudadanos que desobedecieron al Ejecutivo y la presión mediática, un vecino de Lugo que el 17 de abril de 2020 salió a la calle como en otras ocasiones y fue detenido por la Policía Nacional al negarse a volver a su domicilio. Casi tres años después, a la luz de la sentencia del TC, este lucense ha demostrado su derecho a transitar libremente por la vía pública, lo que también le ha permitido ver revertidas las sanciones que le habían sido impuestas. El resultado: el Tribunal Supremo, aun reconociendo que el vecino gallego conocía perfectamente las restricciones vigentes, admite que no cometió irregularidad alguna.

Estado de alarma inconstitucional

El motivo de la decisión del alto tribunal es la nulidad de los dos estados de alarma, que señala la violación sistemática de derechos fundamentales provocada por el Real Decreto, sin fundamento bajo la figura elegida. Para tal fin, debía haberse proclamado el estado de excepción —algo que no se hizo—, lo que hubiera significado un control absoluto al Ejecutivo por el Parlamento. Se utilizó la alarma para limitar derechos sin reconocerlo de manera oficial, sin discusión previa parlamentaria, sin autorización de los representantes políticos y con menos condicionantes.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros dictaba el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se basó en el mecanismo previsto en el artículo 116 de la Constitución para imponer la limitación de libertades básicas durante 15 días. Ese periodo, como es conocido, se prorrogó en repetidas ocasiones.

En la práctica, mientras durase el estado de alarma, la circulación debía realizarse de manera individual, siempre con un pretexto laboral, comercial o sanitario. La imposición gubernamental fue acatada de manera irreflexiva por la mayoría de la población, llegando algunos ciudadanos a señalar y denunciar a sus vecinos, cuando no se comportaban según las órdenes cambiantes del Gobierno.

La pericia y picaresca del ciudadano estaba servida. Alquiler de perros a vecinos, compras mínimas para salir una y otra vez… todo con tal de no apoyar unas medidas que se han declarado inconstitucionales sin efecto legal alguno para los ejecutores y que, ahora, puede que también para todos aquellos que fueron condenados a pena de cárcel. No ocurre lo mismo, en cambio, con las penas económicas.

La memoria es frágil y cuesta recordar todas y cada una de las afrentas cometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante los inconstitucionales estados de alarma. Seguramente no se lleguen a conocer nunca. Sin embargo, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, ha quedado claro que todos los ciudadanos condenados a penas de cárcel podrán recurrir sus castigos y quedar sin antecedentes.

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España

Partido Popular, o la traición Ad Nauseam y Más Allá: El PP ficha a un exconcejal de Bildu que amenazó de muerte al alcalde de Güeñes

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Los populares han anunciado en las provincias vascas una campaña que tiene por objetivo cortar el paso a VOX en la región y atraer al votante del PNV.

Amenazas de muerte por no podar los árboles cercanos a su casa. Esa es la carta de presentación del fichaje del Partido Popular para las próximas elecciones municipales en la localidad vizcaína de Güeñes, que ocupa el número tres en las listas para el ayuntamiento.

Esas amenazas no es lo único escandaloso en el currículum político de José Manuel Gómez Ruiz, lo más llamativo es que esta persona hasta hace muy poco era concejal de EH Bildu en la localidad Güeñes.

Este fichaje choca con las últimas declaraciones de diferentes dirigentes populares que afean al Gobierno sus pactos con los herederos de ETA, pero cuadra a la perfección con la trayectoria que ha mantenido el PP desde la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy en 2011. Antes de ese año, la dureza de los populares contra la legalización de Bildu era máxima, pero durante todos los años que se mantuvieron en el poder las acciones y declaraciones dieron un giro de 180 grados con el brazo político de los asesinos.

Una de las muestras más evidentes de ese giro fue la votación que tuvo lugar en febrero de 2012 que fue llevada al Congreso por UPyD, el partido de Rosa Díez se quedó sólo en la Cámara defendiendo la expulsión de Bildu de las instituciones porque el resto de los partidos políticos decidió votar en contra con el PP a la cabeza, que por aquel entonces tenía una enorme mayoría absoluta.

Otro ejemplo llamativo de la tolerancia de los populares con el brazo político de ETA fueron las declaraciones que realizó en 2013 el actual portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en las que afirmó que: «el futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu».

Tras la salida del Partido Popular del gobierno de España la retórica hacia Bildu recuperó la dureza anterior que se mantiene hasta nuestros días con Feijóo denunciado la presencia de terroristas en las listas de la formación abertzale para las elecciones del 28-M.

Con esa dureza de palabra pretenden cortar el paso a VOX en las provincias vascas, pero fichajes como el del exconcejal de Bildu en Güeñes no concuerdan y eso se nota en las últimas encuestas aparecidas en las que VOX podría irrumpir hasta con dos representantes en las Juntas Generales de Álava y con un concejal en los ayuntamientos de Vitoria y Bilbao.

Una de las pruebas de fuego para el PP será si apoyan o no la iniciativa presentada el pasado viernes por VOX en el Congreso en la que piden ilegalizar a Bildu utilizando la Ley de Partidos. Durante esta legislatura la formación azul no ha apoyado ninguna de las iniciativas del partido de Abascal para sacar a los partidos separatistas del circuito democrático.

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