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Marlaska destituye al coronel de la Guardia Civil en Melilla tras oponerse a sancionar a agentes

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Interior cesa al mando tras desavenencias respecto a las sanciones que la Guardia Civil estudia imponer a los agentes por la tragedia de la valla de Melilla

El Boletín Oficial de la Guardia Civil recoge este martes la destitución del Coronel Jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Melilla, Vicente Torresano Muñoz, cuando llevaba apenas tres meses en el cargo, desde que fuese designado el pasado mes de noviembre, tal como adelantó este periódico. Este repentino cambio se produce, según revelan fuentes del Instituto Armado a este periódico, después de que el nuevo mando se negase a sancionar a algunos de los agentes que actuaron en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en el asalto en el que murieron 23 personas. 

Torresano se oponía a que los agentes fuesen expedientados tras el archivo de la investigación el pasado diciembre por parte de la Fiscalía, quién no advirtió indicios de delito en la actuación que desarrollaron las fuerzas de seguridad cuando más de 2.000 inmigrantes trataron de sobrepasar el paso fronterizo. Es más, según las mismas fuentes, el coronel había propuesto, en una reunión reciente con la Dirección General de la Guardia Civil, un protocolo que protegiese a los funcionarios frente a futuras agresiones. Una propuesta que no fue aceptada por la cúpula de Interior.

El coronel, que había jurado el cargo hace escasos dos meses, ha sido destinado a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, en Madrid, «por necesidades del servicio», según recoge el BOE de la Benemérita. «Reunía el perfil más idóneo para ese puesto en función de su trayectoria profesional», señalan a este periódico desde el departamento que dirige María Gámez. El teniente coronel Arturo Ortega, segundo en el escalafón, estará al mando de la comandancia hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo coronel.

Expediente a los agentes

La Dirección General de la Guardia Civil estudia desde diciembre sancionar a los agentes que arrojaron piedras contra algunos de los miles de inmigrantes el pasado 24 de mayo en la valla melillense. Este departamento, según las fuentes consultadas, analiza si la actuación de los guardias civiles es constitutiva de infracción, después de que la Fiscalía de Extranjería censurase la intervención de estos agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) del Instituto Armado en el escrito en el que archivaba de forma definitiva las diligencias para investigar los sucesos de la valla. 

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El Ministerio Público cesó la cuestión afirmando que no advertía indicios de delito en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acogiendo con ello la tesis defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero, al mismo tiempo, alertó de que, en las imágenes y vídeos estudiados, un grupo de agentes de la Guardia Civil arrojaba piedras contra los migrantes. Razón por la que daba traslado de las mismas al departamento dirigido por María Gámez por «si fueran constitutivos de infracción disciplinaria». 

Desde la Guardia Civil, a finales del pasado año, señalaron a este periódico que todavía «era pronto para aventurar un dictamen», puesto que se debía estudiar «con calma» el decreto de archivo de la Fiscalía. Si finalmente acreditan una infracción por parte de los funcionarios, la sanción dependerá del tipo de falta que imputen al agente: leve, grave o muy grave. Con castigos que van, en el mejor caso, de la suspensión de funciones durante cuatro días, o de empleo entre uno y tres meses, a la expulsión del servicio, en el peor. 

Piden la dimisión de Marlaska

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización decana del Cuerpo, critican el cese del coronel y el abandono de los agentes en las fronteras. «Esperábamos sensatez en la Dirección General y en quienes nos dirigen, pero ni tan siquiera ha habido explicaciones sobre las causas del fin del mandato del Coronel. La nefasta gestión que afecta a la Guardia Civil continúa de este modo y los agentes que trabajan en la frontera son quienes más lo sufren»

«No hay implantados unos protocolos claros ni concretos de actuación, tampoco se dota de la suficiente protección jurídica y quienes tienen cargos de responsabilidad no solucionan los problemas que prevalecen. El problema no son los agentes, es la ineptitud de quienes no están capacitados para desempeñar cargos ministeriales. Es Grande-Marlaska quien debe dimitir de inmediato», denuncian desde la AUGC. 

La portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, ha registrado en la tarde de este martes una solicitud de comparencia urgente en el Congreso para que el titular de Interior de explicaciones sobre la destitución del coronel Vicente Torresano Muñoz.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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