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Sociedad

Los titiriteros españoles, a bofetadas con el Gobierno Rojo de Pedro Sánchez: si se acaban las subvenciones, se acaba el apoyo

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Este jueves el Congreso votó una ley que supone “la sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y cómo la conocemos”.

 

Más de 350 creadores y trabajadores del cine y la televisión, entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León, Icíar Bollaín o Antonio Resines han firmado un manifiesto contra la Ley Audiovisual que se vota este jueves en el Congreso con una denominación de productor independiente introducida por el PSOE que supone “la sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y cómo la conocemos”.

El texto difundido a última hora de este miércoles, en vísperas de la votación, remarca que no se está defendiendo ninguna “cuestión ideológica” sino de “derechos básicos”, ya que con el cambio técnico que introdujo a última hora el grupo socialista en una enmienda “será posible que las televisiones o cualquier otro operador pueda producir contenidos que contabilicen como cumplimiento de la obligación dedicada a los productores independientes”.

“Esta modificación impulsa una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales y, se aleja de la visión europea que pretende garantizar la diversidad cultural, promoviendo la existencia de un tejido empresarial independiente, regulando el ecosistema del audiovisual”, lamentan.

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Manifiesto

El manifiesto cuenta también con las firmas de Álex de la Iglesia, Gerardo Herrero, Maribel Verdú, Elvira Lindo, Jorge Guerricaechevarría, Carolina Bang, Carla Simon, Clara Roquet, Daniel Monzón, Jonás y David Trueba, Isaki Lacuesta, Gerardo Herrero, Isabel Coixet, Javier Fesser, Antonio De La Torre, Leticia Dolera, Santiago Segura, Paz Vega, Benito Zambrano, Fernando Colomo, Agustín Almodóvar o Eduardo Casanova.

Según estos cineastas y trabajadores del sector audiovisual, la obligación legal que tienen las televisiones de invertir un 5% de sus ingresos en la producción independiente, dejaría de servir “para proteger la diversidad cultural y garantizar la renovación generacional de creativos, técnicos y actores”, y “convierte en productores independientes a los que, por naturaleza, no lo son”.

Además recuerdan que los proveedores de servicios de comunicación (televisiones y plataformas) cuentan además de con las ventanas en las que se exhibe el contenido, con las plataformas en las que se publicitan.

“Ruina” de productores independientes

La polémica Ley Audiovisual se vota este jueves en el Congreso sin tener aún garantizados los apoyos suficientes a un texto que según los productores de cine y televisión independientes les condena a la ruina, al equipararles, por iniciativa del PSOE, con empresas vinculadas a las grandes corporaciones.

El suspense con esta norma se mantiene también por la enmienda transaccional que han firmado Unidas Podemos, ERC y Bildu y que revierte, al menos parcialmente, lo que en su momento introdujo el PSOE para enfado del mundo audiovisual. El PSOE estudia si dar marcha atrás y sumarse a la iniciativa.

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Para formaciones como el BNG y el PDeCat, esta ley ni termina de ser positiva para los productores, ni disminuirá la brecha de género, ni va a respetar unas verdaderas cuotas lingüísticas (ERC y PNV sí se dan por satisfechos con obligar a las televisiones y grandes plataformas a destinar el 3,5 % de sus ingresos en España a producciones nacionales y de ellas el 15 % a catalán, gallego y euskera).

El proyecto, que traspone una directiva europea, tiene aún recorrido, ya que en caso de aprobarse en el Congreso pasará al Senado, donde si es modificado volverá a ser votado en el Congreso.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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