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Los separatistas ya mandan en el Gobierno: La Justicia cierra ’embajadas’ catalanas mientras Sánchez las vuelve a autorizar

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Banderas estaladas ante el Parlamento europeo
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, y que fueron clausuradas tras la aplicación del artículo 155. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró estas oficinas, pseudo embajadas con las que el Gobierno de Cataluña trataba de diferenciarse de España en el exterior.

El equipo de Quim Torra las reabrió con un decreto, en junio de 2018, contra el que el Ministerio de Exteriores de Josep Borrell recurrió en agosto de ese año. Ahora, mientras la Justicia las cierra, el nuevo Ejecutivo de Sánchez las está volviendo a autorizar. ERC había exigido al PSOE que no actuara contra la «acción exterior» de Cataluña.

En la sentencia que se ha conocido este viernes, que no es firme, el alto tribunal catalán ha acordado estimar el recurso contencioso que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó contra el decreto del Govern que restablecía las delegaciones catalanas citadas y condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.

Sin embargo, el Govern aprobó el 25 de septiembre de 2019 otros seis nuevos decretos de reapertura de estas mismas delegaciones, que no han sido recurridos por la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio de Exteriores.

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Esta decisión del TSJC llega un día después de que la cartera de Exteriores que hoy lidera Arancha González Laya, ministra del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, diera el visto bueno a los decretos de creación de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero -concretamente en Argentina, Túnez y México- porque los textos incluirán una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio.

Según informa Ep, desde el Ministerio recuerdan que el Gobierno puede pedir judicialmente el cierre de delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

Los nuevos decretos que el Gobierno actual sí ha validado dejan sin efecto el recurso judicial que Exteriores, bajo el mando de Borrell, había presentado en septiembre contra la creación de estas oficinas en México, Argentina y Túnez. Por primera vez, el departamento entonces dirigido por Josep Borrell pidió la paralización cautelar de delegaciones de la Generalitat y el TSJC aceptó la petición y frenó su apertura.

Ahora, las nuevas normas también dejan sin efecto esa medida cautelar, de manera que las oficinas podrán abrir normalmente. Según las fuentes consultadas, antes de aprobarlas, la Generalitat las envió al Ministerio para recabar el informe preceptivo según la Ley de Acción Exterior de 2014.

La Generalitat cuenta en estos momentos con un total de 13 delegaciones en el exterior, incluida la de Bruselas, dedicada a la UE. Ésta fue precisamente la única que no se cerró cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña.

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Levantada la aplicación del artículo 155, la Generalitat reabrió en el verano de 2018 una primera tanda de delegaciones sin pedir informe previo a Exteriores, alegando que se trataba de una reapertura. Por ese motivo, el Gobierno central las recurrió ante el TSJC.

Sin embargo, el pasado 25 septiembre la Generalitat aprobó seis nuevos decretos para dar «seguridad jurídica» a estas delegaciones, y Exteriores no los recurrió. Son las situadas en Londres, París, Washington, Roma, Berlín y Ginebra.

El segundo grupo de oficinas se había creado en otoño de 2018, en Viena, Tallín, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, a pesar de tener un informe en contra de Exteriores. El Departamento consideró que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, era «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España».

El tercero llegó en junio de 2019, cuando el Govern anunció nuevas oficinas en Túnez, Argentina y México. Exteriores las recurrió en septiembre, esta vez pidiendo su paralización cautelar, argumentando que estas delegaciones son «herramientas necesarias» para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la «separación de España».

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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