El anuncio el pasado lunes de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en el que aseguró que el Gobierno tiene la intención de tipificar la exaltación del franquismo como delito en el Código Penal fue recibido con recelo por parte de los diferentes grupos políticos de la Cámara baja, también entre la propia izquierda. El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo rechaza como una «restricción del derecho a la libertad», mientras que desde el PNV, el diputado Aitor Esteban afeó a los socialistas que propongan «modificaciones legislativas por capítulos». Para los expertos penalistas supone, además, entrar en un terreno «resbaladizo» o, directamente, un «error» que sigue «la tendencia de la invasión del derecho penal en todos los aspectos de la vida».

El acuerdo programático del 30 de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición ya señalaba medidas de este tipo, relacionadas con la memoria histórica, a las que Lastra añadió que «en democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos».

Aunque aún se desconocen los detalles del futuro texto o si se terminará aprobando, lo cierto es que su sola mención ya genera dudas. «Es preocupante desde una concepción liberal y democrática del derecho porque es una intervención excesiva por parte del derecho penal. Me parece muy lamentable que haya gente que haga apología del franquismo, pero también que la forma de responder sea esta. Es un gesto que tiene mucho de búsqueda de la espectacularidad», opina el catedrático de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Maria Tamarit.

El principal límite con el que se toparía este nuevo delito sería concretamente la libertad de expresión, un derecho especialmente protegido en la Constitución. «El derecho penal ha de ser el último recurso salvo en los supuestos extremadamente intolerantes. Para sacrificar la libertad de expresión ha de existir una justificación», defiende Alfonso Reclusa, abogado penalista y Profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de la Rioja, que insiste en que «esta argumentación no pretende defender el franquismo, está defendiendo que los ciudadanos puedan pensar lo que les de la gana».

Enaltecimiento del terrorismo

Otra cuestión que entra en debate es la tolerancia hacia las ideas que van en contra de la propia Constitución. En los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, una figura en la que podría basarse el delito de exaltación del franquismo, existe una amplia jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que tiende hacia la defensa de la libertad de expresión «excepto cuando se incita a la violencia, elemento pque sí se criminaliza», señala Guillermo Aguillaume, especialista en Derecho Público. «Y no veo que haya una conexión con la incitación a la violencia en muchos casos que podrían ser considerados apología del franquismo», añade.

Entre los absueltos de este delito se encuentra, por ejemplo, el exconcejal de Madrid Guillermo Zapata, que fue llevado a juicio en 2015 por un chiste sobre Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en 1991. La Audiencia Nacional determinó que sus comentarios no eran «reprobables a nivel penal». Precisamente Zapata ha sido uno de los críticos con la medida anunciada por Lastra esta semana. «Menos meter nuevos delitos de opinión en el código penal y más apoyar que se acabe con la impunidad de los franquistas», escribió en Twitter.

En Europa habría que viajar hasta Alemania para encontrar un tipo penal similar al que el PSOE quiere implantar en España, en este caso relacionado con el recuerdo al régimen Nazi. Un caso «excepcional» como los definen los juristas consultados.