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Sociedad

Los farmacéuticos españoles se rebelan contra la nueva «Ley del Aborto» que cercena su derecho a la objeción de conciencia

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La nueva ley del aborto, entre las medidas incluye la obligación para las farmacias de suministrar la píldora anticonceptiva de emergencia -también conocida como píldora del día después.

La semana pasada el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez aprobaba el proyecto de Ley del Aborto impulsado por Irene Montero. Además de eliminar la patria potestad para las menores de edad, incluye la obligación para las farmacias de suministrar la píldora anticonceptiva de emergencia -también conocida como píldora del día después (PDdD)- bajo la amenaza de importantes sanciones a los farmacéuticos que se nieguen a dispensarla, con multas de hasta un millón de euros.

En su artículo 7, el texto señala «que se considerarán adecuadas las existencias de métodos anticonceptivos de urgencia para la prestación del servicio en función de la demanda de cada farmacia», por lo que el farmacéutico no podrá argumentar que no la tiene. Esto es una clara vulneración de la libertad de conciencia Este articulado viola la libertad de conciencia profesional, recogida en el artículo 16 de la Constitución.

La ministra de Igualdad justificó esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros argumentando que se debe «acabar con los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia». Con este objetivo, «las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en los centros de salud y ésta deberá, por supuesto, estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias».

Medida electoralista con un claro componente sectario y restrictivo

Según cuenta Marta de Andrés en La Razón, distinta opinión tienen los propietarios de oficinas de farmacia. «La Ley está fatal hecha porque es una medida electoralista, en un momento de desesperación política de Unidas Podemos», señala Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). «Sospecho que la vamos a tener que impugnar, porque va en contra de legislaciones que ya están bien establecidas, como la Ley del Medicamento y la regulación sobre la dispensación de la píldora del día después sin receta médica, que existe desde hace 12 años, desde la época de Zapatero».

La regulación a la que se refiere De Palacio es la que establecía que la píldora anticonceptiva de emergencia se dispensara en farmacias, sin receta médica, pese a ser un fármaco con una concentración de principios activos mucho mayor que las píldoras anticonceptivas estándar, que requieren prescripción facultativa.

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«Sin meterme en el tema de la objeción de conciencia, a lo que nos obligará la ley es un disparate desde el punto de vista de la salud y la seguridad de la paciente. En las farmacias, llevamos más de 10 años haciendo consejo farmacéutico al dispensar este medicamento, dado que no es inocuo. Tienes que asegurarte de que la persona que te lo está pidiendo no es alérgica a ninguno de los componentes ni está tomando otros fármacos- como una simple aspirina- que puede tener contraindicaciones. Vamos, que, si se la das así porque si, a cualquiera, por defecto, esa persona puede sufrir un trombo, por ejemplo», destaca.

 

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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