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España

Llega al Congreso ley de Vox para ilegalizar a cualquier partido independentista

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Santi Abascal Bripac
Santiago Abascal con una mascarilla de la Brigada Paracaidista
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Vox llevará este martes al Pleno del Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017. Ello incluye a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque los de Santiago Abascal tampoco descartan al PNV o «partido recogenueces», como le denominan.

Fue el propio presidente del partido quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España», y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

Vox sostiene que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos –e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones– su voluntad de «romper España» y el orden constitucional, partidos que han incitado «a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder» y partidos que han «justificado» el terrorismo.

HAY QUE PONER LÍMITES

Y, frente a esto, lo que plantea es una reforma legislativa que ponga límites para que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no «un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles».

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«No se trata –argumentan en el texto recogido por Europa Press– solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria».

En concreto, con su proposición Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como «método de acción política», que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.

Y QUE DEVUELVAN LOS FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS

«El Legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir, lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al Poder Judicial medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional», arguyen.

Pero, además, los de Santiago Abascal también incluyen en su iniciativa que aquellas formaciones políticas que han incumplido «esas bases mínimas» tengan que devolver los fondos públicos recibidos.

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España

El gobierno es nuestro enemigo

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La gente lleva años votando por menos inmigración, pero los políticos llenan las ciudades de inmigrantes; el pueblo pide que los recursos sean primero para los españoles, pero el gobierno hace justo lo contrario y trata mejor a los inmigrantes, incluso a los ilegales, que al ciudadano español; el pueblo quiere impuestos moderados y justos, pero el maldito gobierno los sube sin parar.

Cuando el pueblo protesta, el gobierno le llama “ultraderecha”. Cuando protesta por la protección a los ladrones de viviendas, el gobierno le llama “fascista”. Cuando protesta por la brutal delincuencia en las calles, el gobierno le llama “racista”.

Si el gobierno sigue negándose a hacer lo que el pueblo quiere, ¿Qué debe hacer el pueblo, que es el soberano en democracia?

Lógicamente, debe afrontar la verdad y considerar que el gobierno es el enemigo y obrar en consecuencia porque cada vez que hay una protesta pacífica, el gobierno la reprime y llama a los ciudadanos “ultraderechistas”.

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Por fortuna, la acusación de ser de “extrema derecha” está perdiendo rápidamente su eficacia. A muchas personas les da igual que le llamen ultra y otras hasta se sienten honradas cuando les llaman “facha”.

De hecho, cuando alguien es llamado “ultraderechista” en la televisión que el gobierno compra y domina, muchos tendemos a pensar que se trata, seguramente, de una persona honrada que está defendiendo valores como la verdad o derechos pisoteados por la mafia del poder, cada día más claramente identificada Como «él enemigo del pueblo”.

Cada día nos convencemos más de que el poder nos miente y nos maltrata. Son, además, malos ejemplos vivientes y elementos que contaminan y dañan los valores y la sociedad en general.

Nos dicen que los inmigrantes son pobres personas que huyen de la guerra o de la opresión y que buscan un mundo mejor en Occidente, pero comprobamos en las calles que muchos de esos “pobrecitos” llegan para robar, violar y asesinar, que operan como terroristas que quieren destruir el país que les acoge.

Sorprendentemente, los políticos de nuestros países callan y no hacen apenas nada para acabar con las brigadas de delincuentes y canallas que deambulan por España, sin empleo ni ocupación, generosamente subvencionados, destruyendo nuestros valores y nuestra convivencia.

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Cada día está más cerca el que la sociedad, de manera mayoritaria, señale a los gobernantes como “nuestros enemigos”.

¿Qué ocurrirá entonces, cuando no dudemos que los políticos que nos gobiernan son nuestros enemigos?

En esas circunstancias tendríamos que combatirlos.

Los malos políticos, que son multitud, tendrán sólo dos opciones, o se atrincheran en el poder y se comportan abiertamente como lo que son, como enemigos del pueblo, al que maltratan, o dimiten y entregan el poder a los ciudadanos para que construyan algo mejor que la basura que hoy gobierna el mundo.

Viviremos momentos de gran tensión y dureza en este siglo XXI, que podría pasar a la Historia como el de la “guerra entre políticos y ciudadanos”, un escenario dantesco que sólo es comparable con la antesala del Apocalipsis.

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