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Tribunales

Las condenas a los altos cargos de la Junta es la punta del iceberg del caso de los ERE

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El exdirector de Trabajo Javier Guerrero tras recoger la sentencia.
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La sentencia de la denominada pieza política de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía es solo la primera meta volante de la carrera de fondo en que se convirtió una larga instrucción que comenzó en enero de 2011 y que se reveló como una de las mayores causas por corrupción del país a tenor del volumen defraudado y el número de implicados. Según fuentes judiciales, todavía siguen «vivas» o en fase de instrucción 120 piezas correspondientes a las ayudas directas a empresas, intrusos o sobrecomisiones. Otras cuatro esperan ya en la Audiencia Provincial de Sevilla a que se señale fecha de juicio, entre ellas la más escabrosa, la del que fuera chofer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que percibió 1,4 millones de fondos públicos que se gastó en parte en fiestas y drogas.

El dato más claro que permite apreciar la ingente labor judicial que supuso este caso lo facilitó la juez instructora María Núñez Bolaños en el auto con el que cerró la pieza matriz de los ERE, la que abrió su antecesora Mercedes Alaya en enero de 2011 al tirar del hilo de las supuestas irregularidades en las prejubilaciones de la empresa mixta Mercasevilla. Tras una batalla judicial entre fiscal y juez, y para evitar la prescripción de delitos sepultados por una mastodóntica investigación, en 2015 se optó por desgajar esa pieza central en decenas de causas separadas, una por cada ayuda irregular concedida, de ahí que esa diligencia inicial se cerrara al quedar sin contenido. En ese auto, fechado en diciembre de 2018, la jueza explicó que se habían abierto un total de 187 piezas separadas de investigación, de las que continuaban en ese momento en fase de instrucción 146 piezas con un total de 507 imputados.

Las 41 restantes eran causas ya finalizadas, divididas entre aquellas sobreseídas o archivadas al no apreciarse existencia de los delitos de malversación o prevaricación que se investigaban, unas 36, o bien aquellas que habían iniciado ya el procedimiento de enjuiciamiento. Entre estas últimas se encontraba la pieza política, cuya sentencia se acaba de conocer, y otras cuatro que aguardan en la Audiencia. El colapso de la Audiencia Provincial provoca que la primera de ellas, conocida como Acyco, no vaya a ser juzgada antes del último trimestre de 2020. Será la segunda vista oral de la macro causa, y en ella estaban inicialmente implicados cinco ex altos cargos ya juzgados por la pieza política, y que por tanto serán excluidos.

Pisar el acelerador

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En su denuncia contra la «parálisis del caso ERE» que vivía el caso ERE desde que lo asumió la juez Núñez, la Fiscalía Anticorrupción actualizó esos datos a mediados de 2019. Según sus cálculos, las piezas archivadas o cerradas se elevaban de 36 a 48 (el 26,4%), y que las que estaban en trámite «o acumuladas a otros procedimientos» eran 129 (el 70,8% del total), reduciendo así la cifra de 146. No obstante, el último juez instructor de los siete que ha tenido la causa desde sus orígenes ha pisado el acelerador y en los últimos meses varias investigaciones están ya en trámite de procedimiento abreviado y a la espera de pasar a la Audiencia para ir a juicio.

¿Y qué es lo que aguarda en esas piezas que aún siguen investigándose? La más llamativa es la pieza de las sobrecomisiones que las empresas aseguradoras pagaron a una serie de entidades que mediaron en la confección de los expedientes de regulación de empleo que pagó la Junta de Andalucía. Solo en esta causa hay una veintena de imputados. Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía cifraron ese dinero cobrado de más en 66 millones de euros, ya que las comisiones llegaron a estar un 550% por encima de la media habitual del mercado. En esta causa se encuentra implicado el ‘conseguidor’ y exsindicalista Juan Lanzas, que actuó como mediador «logrando la financiación de la Junta» y que gracias a «la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada».

Junto a la pieza política y las sobrecomisiones, el tercer grupo en el que se dividió la causa lo conforman un centenar de piezas referidas a los intrusos o cada ayuda concreta que la Junta dio a empresas que se beneficiaron del sistema ilegal, y en las que se investigan de nuevo prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Muchas de esas empresas siquiera tenían un objeto social o acreditaron los requisitos necesarios, y aun así percibieron fondos públicos sin que se hiciera seguimiento sobre el destino de la ayuda.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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