Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 a lomos de una moción de censura que justificó en la sentencia del “caso Gürtel”. Ahora, la de los ERE de Andalucía, el particular “vía crucis” judicial socialista, irrumpe en plena negociación de los apoyos de su investidura para revalidar ese poder. Entre el fallo de la Audiencia Nacional y el de la de Sevilla hay notables diferencias. El primero condenaba al PP como responsable civil a título lucrativo y aunque en los ERE no se investiga la financiación ilegal del PSOE ni los responsables actuales estuvieron inmersos en la trama, lo que hoy sentencia el tribunal tiene un efecto indubitadamente erosionador en el crédito del partido que aspira a formar gobierno. Los socialistas sortearon la eventualidad de que la sentencia se hiciera pública durante la campaña electoral, pero la dilación de los plazos para que no interfiriera en el resultado del 10-N ha hecho que coincida con la gestión de este mismo resultado para lograr un Ejecutivo.
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Por independiente de las contundentes penas, el fallo tiene también consecuencias políticas. Aunque Sánchez forzara en su día la renuncia al escaño tanto de Manuel Chaves (en el Congreso) como de José Antonio Griñán (en el Senado), lo cierto es que si la sombra de la corrupción se cierne ahora sobre las siglas del PSOE, el perjudicado será el líder socialista. En Ferraz dicen “estar tranquilos” porque este escándalo corresponde a una “época pasada” con la que Sánchez ya quiso marcar distancias desde el mismo momento en que se hizo con las riendas de la formación en 2014. “No me va a temblar el pulso a la hora de echar a un corrupto del Partido Socialista”, dijo entonces. Sin embargo, en el PSOE andaluz el shock es total y califican la sentencia de “desoladora”.

La primera arista de las posibles consecuencias de cara a la investidura es la reacción de Pablo Iglesias. El futuro vicepresidente que firmó hace justamente una semana el preacuerdo para un gobierno de coalición progresista que ambas formaciones someterán este fin de semana a sus bases ha publicado un mensaje en el que evita hacer sangre con los socialistas y se enfoca en que en el futuro no habrá corrupción, gracias a su llegada al poder. Las fisuras sí surgen dentro de su formación, donde Teresa Rodríguez sí se ha mostrado más beligerante exigiendo que “devuelvan lo robado”. Despejada la incógnita sobre los morados, está claro que quienes a día de hoy se encuentran en el “no” a facilitar la investidura, se reafirmarán en esta posición. Un posicionamiento que hace, a su vez, que la vía de la izquierda sea la única a explorar de cara a la investidura, aunque esto suponga quedar en manos de los partidos independentistas. Es el caso de Ciudadanos y el PP.

El malogrado Albert Rivera ya interpeló directamente al presidente en funciones durante el debate electoral del pasado 4 de noviembre si estaba dispuesto a dimitir, en caso de que se diera una sentencia condenatoria en el “caso de los ERE”, y hoy ha vuelto a la escena pública a través de su cuenta de Twitter para recuperar esta petición. Un El PP, por su parte, están dispuestos a cobrarse una suerte de venganza para debilitar a Sánchez, mientras fortalecen en Andalucía a Juanma Moreno. Pablo Casado tendrá nuevos argumentos ahora para enrocarse en su postura de bloqueo, ante las voces dentro de su partido que demandan explorar un entendimiento con los socialistas.