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Economía

La Seguridad Social está en quiebra: su deuda roza los 50.000 millones

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El agujero de la Seguridad Social continua engordando y roza ya los 50.000 millones de euros, récord absoluto para el sistema de pensiones. En concreto, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se incrementó un 2,5% en julio y se sitúa en 49.944 millones de euros, mientras que en el último año registró un alza del 43%, con 15.056 millones de euros más de lastre. Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones supera actualmente los 9.600 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica hasta alcanzar los 19.000 millones. El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

Según ha certificado el Tribunal de Cuentas, la Seguridad Social se encuentra en estado de quiebra ya que ha perdido nada menos que 100.000 millones desde 2010. El dato genera entre los españoles la idea de que, cuando se jubilen, no cobrarán pensión o que ésta no será suficiente para garantizarles una calidad de vida durante su vejez. Sin embargo, las cifras de la Seguridad Social indican una mejora en la caja. De hecho, los presupuestos prorrogados de 2018 para este año en la Seguridad Social apuntan a unas transferencias de capital de 17.511 millones de euros, en línea con el agujero que la AIReF prevé para 2019, inferiores a los casi 19.000 millones de euros de déficit con los que cerró el pasado ejercicio.

El agujero proviene de que entre 2011 y 2019, los ingresos por cotizaciones sociales apenas han aumentado en 9.600 millones, un 9% más, al pasar de los 105.311 millones recaudados en 2011 a los 114.915 millones previstos para este año. Por el contrario, los gastos en operaciones corrientes se han disparado en ese mismo periodo en casi 30.000 millones (un incremento del 26,21%, al pasar de los 118.159 millones a los 148.123 millones). Los desajustes de caja acumulados año tras año en este periodo muestran que el agujero habría alcanzado los 100.000 millones de no ser cubierto por el Fondo de Reserva (casi 78.000 millones retirados de la hucha de las pensiones desde 2012) y los créditos concedidos.

¿Qué es lo que genera esta gigantesca espiral, con otros 17.000 millones de déficit previstos este año? Para empezar, que los ingresos por cotizaciones no son suficientes por la incorporación como pensionistas de los trabajadores del «baby boom» que se dio en España entre los años 50 y 70 del pasado siglo y del fuerte incremento de la esperanza de vida. Sin embargo, este cargo no representa ni la mitad del déficit de la Seguridad Social. De hecho, son los gastos ajenos al sistema de cotizaciones los responsables de casi el 70% del agujero.

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Y es que la Seguridad Social debe abonar 2.354 millones en gastos de personas con cargo al sistema y no a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, tiene un gasto previsto de 4.830 millones en complementos a mínimos del Régimen General y otros 2.290 millones en el Régimen de Autónomos, fuera del capítulo estrictamente contributivo, y otros 2.380 millones en pensiones no contributivas, que en realidad se deberían de llamar prestaciones no contributivas, ya que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, carecen de recursos suficientes aunque no hayan cotizado nunca o no alcancen el mínimo de cotización para alcanzar el derecho al cobro de una pensión contributiva. Un total de 11.854 millones que se abonan con cargo al sistema, aunque, estrictamente, nadie haya cotizado por estos conceptos, que podrían financiarse a través de los PGE, aliviando los crecientes gastos en pensiones.

(La Razón)

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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