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La persecución “woke” contra Trump, al descubierto: La justicia californiana, la más izquierdista del país, lo exonera por el mismo caso por el que Nueva York lo enjuicia

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Mientras enjuician a Trump en Nueva York, la justicia de California lo exonera por el mismo caso

La actriz porno que lo denunció en Nueva York, Stormy Daniels, deberá pagarle US$ 600.000 dólares por difamación en una causa similar que presentó en simultáneo en California.

 

La persecución judicial a Donald Trump quedó en evidencia este jueves, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California falló en favor del ex presidente en una causa que lo investigaba por el mismo hecho que el fiscal Alvin Bragg intenta arrestarlo en la justicia de Nueva York.

La justicia de California, extremadamente de izquierda, incluso más que la neoyorquina, dictaminó que Stormy Daniels, la actriz porno que lo acusa a Trump de usar dinero de la campaña presidencial del 2016 para silenciarla, difamó con mentiras al ex mandatario.

La trabajadora sexual, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, tendrá que pagar US$ 120.000 dólares en honorarios legales a Trump y otros US$ 460.000 dólares por haberlo difamado con falsedades contra su persona. En total, deberá desembolsar unos US$ 600.000 dólares.

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En 2018, la actriz porno, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, demandó a Trump por difamación cuando este calificó de “estafa” el relato de Daniels de que había sido amenazada por un desconocido en 2011 para que no hablara de su relación con el exmandatario.

Daniels asegura que tuvo una relación sexual con Trump en 2006 y que para mantener en secreto su historia el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, le entregó US$ 130.000 dólares semanas antes de las presidenciales de 2016, que ganó el republicano.

La demanda fue desestimada el año pasado, y la actriz intentó apelar la decisión pero un juez volvió a fallar a favor de Trump dictaminando que Daniels fue la que difamó al candidato a presidente republicano.

Como respuesta Daniels aseguró que prefería ir a la cárcel “antes de pagar un centavo” y volvió a presentar una moción para reducir el pago de honorarios, pero esta también fue desestimada y los costos extras generados aumentaron la deuda.

Esta extraña situación ha llevado a que Trump sea investigado por el mismo delito en dos justicias diferentes al mismo tiempo, algo que la Constitución no permite. En California, la querellante es la propia Stormy Daniels, y allí la causa falló completamente.

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Sin embargo, en Nueva York, Daniels consiguió el apoyo del fiscal demócrata Alvin Bragg, y apuestan a conseguir un jurado más de izquierda que lo condene. Por el momento, en agosto se presentarán mociones de defensa, que serán respondidas por la fiscalía en septiembre, y la próxima citación quedó fijada para el 4 de diciembre de este año, con el juicio propiamente dicho comenzando recién el 4 de enero del 2024.

La causa en Nueva York: La gran apuesta del Partido Demócrata para desgastar a Trump en su campaña para 2024

Al igual que la justicia de California, la justicia de Nueva York investiga el pago de una suma de US$ 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, quien en 2016 había amenazado públicamente con que iba a lanzar un libro contando que tuvo una relación amorosa con Trump poco después de su casamiento con Melania Trump.

Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad con el abogado de Trump, Michael Cohen, y finalmente no publicó el libro. Pero dos años después, en 2018, el abogado Michael Avenatti convenció a Daniels que presentara cargos contra Trump dado que el pago se había hecho en plena campaña presidencial, y podría considerarse un soborno político.

La causa solo pudo encontrar culpable a Michael Cohen, ex abogado de Trump, ya que no hubo evidencia de que Trump le había ordenado o reembolsado el dinero, y la justicia dictaminó que Cohen actuó de su propia voluntad sin el conocimiento del entonces candidato a presidente. La situación quedó sellada cuando Avenatti cayó preso en 2019, luego de que se probara que había estafado a Daniels y que le había robado dinero.

Sin embargo, en 2021, la causa fue revivida por Bragg, quien decidió continuar con la investigación. Tras dos años más liderando la causa, el fiscal anunció que había conseguido toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra Trump. Documentos judiciales fueron filtrados por Fox News el domingo pasado, donde se veía a Bragg diciendo que recomendaría el arresto inmediato de Trump.

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El ex presidente publicó la noticia en Truth Social, y acusó a Bragg de estar trabajando con el FBI de manera ilegal para coordinar su arresto de alto perfil. Finalmente, el juzgado aceptó imputar a Trump pero rechazó el pedido de detención preventiva.

Así como en California, todo indica que la causa neoyorquina no debería prosperar. En una carta del año 2018, Michael Cohen le aseguró a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que la suma de dinero pagada a Stormy Daniels provino completamente de fondos personales suyos.

En la misma carta, además, se especifica que ni la Organización Trump ni el equipo de campaña de Donald Trump tuvo participación alguna en la transacción a Stormy Daniels, así como tampoco se realizó el reembolso directa o indirectamente a Cohen por el monto erogado.

Finalizando con el contenido del documento, en representación de Michael Cohen, su abogado, Stephen Ryan, expresó que Cohen no efectuó de ninguna manera contribuciones a la campaña presidencial de Donald Trump, o ninguna campaña política, resaltando que el papel de la Comisión de Elecciones (FEC) no tiene lugar en la investigación, ya que nada tiene que ver con asuntos electorales.

Esta carta está presentada ante la justicia y es parte de la evidencia en el caso, por lo cual resulta extraño que el juzgado de Manhattan haya decidido procesar a Trump por un delito que claramente no cometió.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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