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La ley de eutanasia que propone el PSOE quiere autorizar la muerte para las personas sanas que no quieren vivir

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La historia de Noa Pothoven, la adolescente de 17 años que ha muerto por eutanasia en Holanda tras no poder superar los traumas fruto de haber sido víctima de abusos en su niñez por parte de su primo, reabre el debate sobre la legalización o no de la eutanasia y los casos en los que debería ser aplicada. En España, el Gobierno del PSOE quiere legalizar esta práctica y lleva tiempo intentando aprobarla.

Argumenta que individuos que «opinan que su vida está completa, deben, bajo criterios estrictos y esmerados, poder terminar con su vida de una manera digna», por lo que el suicidio asistido pronto puede ser una realidad en el país.

El planteamiento de los socialistas defiende que la prestación de la eutanasia debe estar integrada como una partida más de la sanidad pública. La propuesta de los socialistas pretende «regular el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando concurran las circunstancias previstas en la norma. El PSOE va un paso más allá de lo que significaría la mera despenalización de la eutanasia en el código penal ya que ésta se configura como una prestación más del catálogo del Sistema Nacional de Salud.

La decisión de solicitar ayudar para morir ha de ser una decisión autónoma, después de haber sido informada la persona por el equipo sanitario que le atiende. Y debe quedar constancia de esa información en la historia clínica. Entre las condiciones que propone el PSOE para solicitar la eutanasia se encuentran las siguientes: tener la residencia legal en nuestro país y ser mayor de edad. Siendo, además, «capaz y consciente» en el momento de la solicitud. Además, el paciente tiene que haber recibido toda la información que exista sobre su proceso y las diferentes alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos. El paciente debe haberla formulado de manera voluntaria y por escrito. Un proceso que debe repetirse al menos una ocasión más con una separación de quince días naturales. Esa prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido al menos quince días desde la última solicitud.

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La proposición incluye también un apartado de derechos y deberes de los facultativos, incluida la regulación de la objeción de conciencia, que se presenta como «derecho individual» que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.

 

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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