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Tribunales

La Justicia da la razón al concejal de España2000 Sandro Algaba: “Decir la verdad no es delito”

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La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Sandro Algaba, concejal de España2000 en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ante la denuncia presentada por los concejales de Izquierda Unida, Sofía Díaz y Félix Izquierdo (ahora concejal no adscrito) por las declaraciones de Algaba al relatar en el Pleno de diciembre de 2016, el pasado sangriento de unos de los iconos del comunismo español, Fernando Macarro, más conocido como Marcos Ana.

Izquierda Unida propuso rendir homenaje a Sebastián Fernando Macarro. Quien fue condenado por asesinar a tres vecinos de Alcalá de Henares en el año 1936, sus víctimas, fueron un sacerdote llamado Marcial Plaza; Amadeo Martín, cartero de profesión y Agustín Rosado, labrador.

Los concejales de IU, irritados, junto a los de PSOE y PODEMOS, anunciaron que denunciarían al concejal de España2000 por un presunto delito de odio. La propuesta homenaje presentada por IU fue aprobada con los votos a favor de IU-PSOE-SFHSP, abstención del PP y voto en contra de España 2000.

Tras aportar toda la bibliografía y documentos al Juzgado de Instrucción de Coslada, el magistrado dio la razón al concejal de Sandro Algaba, del mismo modo, la Audiencia Provincial de Madrid posteriormente los magistrados han sido tajantes:

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“La posición del recurrente se sustenta no en una miope y ciega ideología política, que es capaz silenciar cualquier percepción sensorial y de raciocinio en pro de una causa, sino en la realidad de los hechos tal y como sucedieron […]

Por lo expuesto, el sobreseimiento no puede ser provisional, sino que debe ser libre, ya que hay una falta absoluta de tipicidad del hecho, pues el recurrente se ha limitado a discrepar de una moción de homenaje a una persona que no merece ser homenajeada, debido a los hechos que cometió, no discriminando por ello a nadie, sino limitándose a dar su opinión sobre esta persona y a expresar que no merecía gozar del reconocimiento social.”

Sandro Algaba, una vez recibida la notificación de la Audiencia Provincial, ha declarado:

“La justicia nos da la razón, no es delito decir la verdad. Me insultaron, vulneraron mi derecho a expresarme como concejal y realizaron una persecución hacia mí por el simple hecho de sacar a la luz la verdad. Ahora esperemos que todos los partidos políticos que participaron en esta cacería pidan perdón y se convoque el Observatorio Local contra la Intolerancia. Además, exigiremos que se publique en los mismos medios municipales que me descalificaron la sentencia del juzgado y que cualquier clase de homenaje a Marcos Ana sea retirado”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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