a Fundació Escola Cristiana de Catalunya, vinculada a la Iglesia católica, envió el pasado 25 de mayo instrucciones a todos los colegios adscritos a su fundación para que no respondieran a las familias o entidades a favor del bilingüismo que reclaman cumplir con el 25% de castellano en las aulas que exige la Justicia.

La circular, tras la información avanzada por Infovaticana.com, se remitió a los equipos docentes de 395 centros confesionales de la región una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había dictaminado la ejecución forzosa de la sentencia por la inacción del Govern a aplicarla de forma voluntaria.

En el escrito se especifica, en mayúsculas, no dar «ninguna respuesta por escrito ni tampoco hacer ningún acuse de recibo de posibles peticiones escritas que puedan presentar la familias». Y añade que «si las familias insisten en que debe firmarles un ‘acuse de recibo’, manifieste su negativa y diríjanlos, si es necesario, a la inspección educativa».

Omella, presidente del Patronato

La circular, que lleva por título ‘En relación a la ejecución de la sentencia del catalán’, está firmada por Miquel Mateo, secretario general adjunto de la Fundació Escola Cristiana. Mateo también asumió el cargo director general de Centros Concertados y Centros Privados, del Departamento de Educación de la Generalitat, de 2017 a 2018.

El patronato de la fundación está presidido por el arzobispo de Barcelona y actual presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. Al presidente le corresponde ostentar la representación de la fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas. Es también quien convoca y preside las reuniones del patronato, y en su caso quien ejecuta los acuerdos alcanzados.

Desde Escola Cristiana explican a instancias de THE OBJECTIVE que Omella delega el día a día en Meritxell Ruiz, quien ejerce el cargo de secretaria general de la Fundació. Y que no tiene constancia de todas las comunicaciones rutinarias que se envían. Fuentes oficiales de la Conferencia Episcopal se desentienden del asunto por ser un «tema diocesano» y no entran a valorar si comparten el contenido de la circular.

La fundación también justifica el envío de la circular por el hecho de que la sentencia del TSJC se dirige directamente al Departamento de Educación y que, en consecuencia, «las escuelas no son las requeridas» por la Justicia hasta que reciban órdenes de la Consejería dirigida por Josep González Cambray. «Nuestras escuelas no pueden entrar en el debate. En la circular solo se comentaba que no alimenten el debate porque ellos no tienen instrucciones para aplicar la sentencia», explican.

Escola Cristiana da cobertura pedagógica a 252.000 alumnos de los diferentes niveles y etapas del sistema educativo, que están atendidos por 19.800 profesores. A ella están adscritos colegios de diferentes órdenes religiosas cristianas establecidas en la región. 

Orientaciones a familias y a entidades

En la circular se detallan dos tipos de «orientaciones» en función de si son las familias o las entidades a favor del bilingüismo quienes reclamen el 25% de castellano. En el caso de que sean los progenitores, sugieren que de «forma personalizada y presencial» les informen de que «como escuela» se «está a la espera de recibir las pertinentes instrucciones de la Conselleria para actuar según le indiquen». 

En el caso de que «las peticiones de aplicación de la sentencia» lleguen «de forma escrita» procedentes de «entidades, asociaciones, organismos o plataformas diversas», la circular insta a tenerlas «por no hechas»: «Es decir, no las conteste ni haga acuso de recibo».

El autor de la circular también se hace eco de que es una «situación de mucha sensibilidad en determinados casos», y que mejor «evitar el conflicto, así como remarcar que como escuelas están a la espera de las indicaciones que lleguen del Departamento».

«Al lado de la ilegalidad»

Las fuentes consultadas por este medio denuncian que la fundación «se ha posicionado al lado de la ilegalidad» al prohibir dejar por escrito su negativa a atender a las familias que quieren ver los derechos lingüísticos de sus hijos garantizados. Consideran que es una fórmula para no dejar pruebas que pudieran servir a la Fiscalía o a la Asamblea por una Escuela Bilingüe para denunciar la falta de observancia a la legalidad.

Por su parte, la portavoz de Escola Cristiana asegura que la orientación de no dejarlo por escrito es «para no entrar en debates». «No tenemos poder decisión, tenemos que esperar», zanja.

El hecho de que la circular se haya enviado en un momento en el que la sentencia es firme y de obligado cumplimiento también ha suscitado las suspicacias entre quienes creen que la Iglesia actúa en connivencia con el Govern. Distintas corrientes de la Iglesia Católica vienen denunciando desde hace años la «alianza» de las máximas autoridades eclesiásticas de la región con los cabecillas del procés.  

No es la primera vez que la Iglesia en Cataluña cuestiona una sentencia del Tribunal Supremo. Después de la condena por sedición del Alto Tribunal a los líderes independentistas, la Abadía de Montserrat pidió su puesta en libertad lo antes posible, como informó Crónica Popular.

El papel de «mediador» de Omella

Aunque la cúpula de la Iglesia en Cataluña hace gala de sus fuertes convicciones nacionalistas, Omella siempre ha intentado mantener una posición más equidistante. Ha evitado desmarcarse de la línea oficial (y ha dejado que muchas iglesias bajo su jurisdicción en el arzobispado de Barcelona exhibieran banderas secesionistas en sus fachadas), pero al mismo tiempo ha tratado que su figura no se vinculara al independentismo.

Pocos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, fue citado en Moncloa junto al arzobispo de Madrid, Jesús Osoro. «Hice lo que pude para mediar entre Puigdemont y Rajoy. Me escucharon», reconoció en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Omella tampoco quiso visitar a Oriol Junqueras en la cárcel, pese a haber mantenido una estrecha relación a raíz de la fe que profesa el líder de ERC. El ahora político indultado se reunió con Omella el 20 de septiembre de 2017, antes de desplazarse a la Consejería de Economía donde tuvieron lugar las protestas consideradas el episodio central para condenar a los dirigentes independentistas por sedición en el juicio del Tribunal Supremo.

El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, expresó en su libro -escrito desde prisión- su disgusto por que Omella no había respondido a su petición de visitarle en la cárcel de Lledoners. Y su mujer, Laura Masvidal, desveló que el entonces arzobispo tampoco les había mandado «ningún mensaje de apoyo».

El presidente de la Conferencia Episcopal es uno de los hombres del Papa Francisco en España. Dos veces al año viaja hasta el Vaticano, en Roma, y mantiene fluidas relaciones con el pontífice.