Sociedad
La Generalidad de Cataluña niega a un niño autista la beca que necesita para seguir la terapia por no ser catalán
Published
3 años agoon
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Redacción
Un niño de 9 años con Trastorno generalizado del Espectro Autista (TEA) espera desde septiembre que la Generalitat le conceda y abone la beca de Necesidades Educativas Especiales (NEE) para seguir la terapia que precisa y que en Galicia percibió durante los 4 cursos en los que vivió en esa comunidad.
La madre del pequeño, Mónica Casar, ha explicado que diagnosticaron TEA a su hijo a los 3 años en Galicia, donde residía la familia, y que desde entonces empezó a percibir el importe para la beca de NEE concedida por el Ministerio de Educación que “se abonó cada curso sin problemas”.
Por asuntos laborales, la familia hace dos años se mudó a Blanes (Gerona), y en Cataluña es la Consejería de Educación la que gestiona las becas de NEE, “y aquí empezó la odisea”, ha lamentado Mónica Casar, para quien “comparadas con Galicia, en Cataluña las becas no tienen una adaptación inclusiva y de equidad reales”.
Mientras en Galicia percibía la beca cada curso en diciembre tras un sencillo trámite, en Cataluña es preciso renovarla cada año “en un complicado proceso administrativo”.
La madre ha afirmado que el pasado 29 de septiembre tramitó la petición de beca de NEE a la Generalitat que “aún no la ha concedido ni abonado”, por lo que su hijo “lleva sin asistir a las terapias de pedagogía y logopedia que precisa desde el pasado enero”.
“Tenemos dos hijos, estamos sin trabajo y percibiendo una ayuda familiar” y pese a ello abonaron la terapia entre septiembre y enero, pero ya no pueden seguir pagando por su situación económica y “no hay otra alternativa ya que no existen recursos públicos para los niños autistas”, ha lamentado Mónica Casar.
Según los informes médicos aportados por la madre, el niño “tiene una discapacidad del 33 % e independencia del 58 % de grado 1 con retraso del lenguaje, estereotipias, menor intercomunicación y contacto social, menor intereses e inquietud motora y alteración de la motricidad”.
El informe médico extendido por un pediatra y neurocirujano gallego especifica que el menor “precisa apoyo escolar y sesiones continuadas de logopedia”.
Ante la desesperación, la madre ha explicado que puso en marcha a principios de este mes de marzo una iniciativa en la plataforma change.org en la que pide que la Generalitat abone el importe de la beca y que ha conseguido el apoyo de más de 10.700 personas. “¿De qué sirve que el Ministerio conceda la beca si no nos han dado aún el dinero que necesito para poder cubrir estos tratamientos privados?”, se pregunta Casar.
“Cuanto más tarden en darnos el dinero para las terapias -añade-, menos podemos usarlo, ya que solo nos permiten emplearlo de septiembre a junio porque comprende un periodo escolar”. Cuando llegue junio, en el caso de que la beca se haya abonado, el dinero que no se haya empleado “vuelve a la Generalitat”, afirma la progenitora. “Están jugando con la vida de niños y niñas”, deplora la madre, que afirma que, como otras familias con hijos con necesidades educativas especiales, viven una situación “muy frustrante” ya que pasan “por bastantes barreras como para tener que sumarles las de la administración”.
De momento, Casar recibió el pasado 1 de marzo, “como toda respuesta de la Consejería de Educación”, una comunicación para enviarle un localizador y “la propuesta de beca, que no su aprobación, llegó días después”.
En octubre de 2019, el centro especializado de Monforte de Lemos (Lugo) al que había asistido el niño elaboró un informe logopédico recomendando “seguir trabajando en las sesiones de logopedia para continuar trabajando la autonomía comunicativa, ya que le cuesta mucho organizar lo que quiere expresar”. Fuentes de la Consejería no han podido precisar los motivos por los que se ha retrasado la concesión de esta beca ni el proceso de trámite en que se encuentra.
España
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Published
9 horas agoon
27/04/2024By
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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
Fuente: Derecha Diario.
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