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La Fiscalía General de Bolivia inicia los trámites para citar a declarar a Iglesias y Zapatero

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Zapatero, Iglesias y Garzón en un acto de apoyo a Evo Morales
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La Fiscalía General de Bolivia ha solicitado un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente del pasado 27 de diciembre en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz. Además, ha iniciado los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fiscalía ha enviado una nota a la Cancillería para que, por vía diplomática, comunique a las autoridades españolas la remisión de un informe oficial “señalando las identidades de estas personas, con qué pasaporte ingresaron a territorio boliviano, qué autoridad solicitó la presencia de este grupo especializado y sobre todo el motivo por el cual se hizo presente este grupo del GEO en nuestro país”, ha explicado el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa.

En concreto, el documento remitido al Ministerio de Exteriores solicita que por vía diplomática correspondiente se transmita la solicitud a las autoridades competentes del Reino de España para que informen sobre estas cuestiones planteadas en relación con el incidente que se ha saldado con la expulsión de dos diplomáticos españoles expulsados del país.

Los diplomáticos expulsados son Cristina Borreguero, ‘número dos’ de la Embajada, y Álvaro Fernández, cónsul. Ambos se vieron envueltos en un incidente cuando, el pasado 27 de diciembre, visitaron a la embajadora de México, Teresa Mercado, cuya residencia llevaba días cercada por las fuerzas de seguridad boliviana y terminaron expulsados del país unos días después.

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En concreto, la Fiscalía quiere conocer “la legalidad de los pasaportes y datos identificativos presentados por el personal del GEO a tiempo de ingresar a territorio boliviano, especificando si los mismos corresponden a la identidad de dichos funcionarios y segundo; cuál el motivo de su traslado a territorio boliviano o la tarea encomendada a dicho grupo especializado y la autoridad que solicitó su intervención”.

Esta petición se produce después de que el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo presentara hace unos días un memorial ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se cite para tomar declaración informativa en relación a estos hechos a personalidades españolas como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero, el líder de Más País, Iñigo Errejón, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

“Al respecto de este memorial, hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que, mediante cooperación internacional, tome las acciones necesarias y cite en calidad de testigos a estas personas que se menciona en el memorial para que brinden la información requerida”, ha explicado el fiscal general bolivariano.

El incidente se produjo porque, cuando visitaron la Embajada de México, los diplomáticos iban acompañados de policías españoles y el Gobierno boliviano dio credibilidad a las sospechas de vecinos de que podían estar intentando sacar de la Embajada a varios ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se han refugiado allí.

En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación negó de plano que el objetivo de la visita fuese sacar a personas de la Embajada y anunció una investigación para conocer lo sucedido. Además, avanzó que tan pronto como estuviera terminada comparecería en el Congreso la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha asumido temporalmente la cartera de Exteriores.

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Además, la ministra boliviana de Exteriores, Karen Longaric, aseguró que Robles le había dicho que no había autorizado esa visita a la Embajada mexicana que estuvo en el origen de los incidentes.

DIPLOMÁTICOS EXPULSADOS

Después del suceso, el Gobierno provisional de Bolivia declaró personas non gratas a los dos diplomáticos, que ya se encuentran en España. El Gobierno español lo consideró un acto hostil y reaccionó haciendo lo mismo con tres funcionarios destinados en la Embajada de Bolivia en Madrid.

Mientras, han pedido explicaciones al Gobierno PP, Ciudadanos y Vox, y varios miembros de este partido, entre ellos el eurodiputado Hermann Tertsch, se desplazaron a Bolivia y afirmaron que España le debe a este país un “gesto de desagravio” por una “situación inadmisible”. Vox afirmó haber recibido del Gobierno de Jeanine Áñez “información sensible” sobre el incidente.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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