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La familia Franco exige honores militares, una bandera sobre el féretro y derecho de uso del panteón de Mingorrubio

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Valle de los Caídos.
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La familia Franco ha pedido formalmente al Gobierno que rinda honores militares y cubra el féretro de su abuelo con una bandera de España durante el traslado y posterior inhumación de los restos del Caudillo en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos.

Así consta en un escrito que dirigió este lunes el abogado de los nietos de Franco, Luis Felipe Utrera Molina, al Consejo de Ministros, y donde solicita asimismo para sus representados el título funerario sobre el panteón en que se inhumará al ex jefe del Estado y donde reposan ya los restos de su mujer, Carmen Polo.

El título funerario es el documento que acredita la adquisición del derecho de uso de una unidad de enterramiento y ha de presentarse para solicitar servicios de inhumación, exhumación y traslado de cadáveres y restos.

La titularidad de los derechos funerarios en relación con el panteón donde se enterrará a Franco era de Patrimonio Nacional hasta mayo pasado, cuando, a instancias del organismo que se encarga de los bienes destinados primordialmente al uso de la Familia Real, se desafectó de Patrimonio Nacional y quedó integrado en el patrimonio de la Administración General del Estado.

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Con respecto a los honores militares, el Gobierno los ha rechazado en reiteradas ocasiones. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, explicaba esta misma tarde en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que no va a haber “nada de eso”.

Calvo ha argumentado que una democracia no puede rendir “ningún tipo de honores ni reconocimiento” al dictador, al que precisamente se saca del Valle de los Caídos para que su figura no está enaltecida en un monumento junto a las “víctimas que él provocó”.

La exhumación, la semana que viene

Calvo, que ha confirmado que la exhumación tendrá lugar “los primeros días de la semana que viene” -según fuentes del Gobierno, el lunes 21 o 22 son fechas probables, como informó Europa Press este domingo- ha explicado que toda la operación se llevará a cabo sin “ninguna intención de escarnio” por parte del Ejecutivo, que garantizará que todo se haga con respeto a esos restos humanos y a sus familiares.

Desde el Ejecutivo también se subraya que la exhumación de Franco es una decisión del Gobierno, avalada por el Tribunal Supremo, y que por tanto es el Ejecutivo el que fija las condiciones en que se llevará a cabo, sin que la familia pueda establecer sus exigencias.

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A lo que sí ha accedido el Gobierno es a que se pueda celebrar una misa “breve e íntima” en el momento de la inhumación, si bien la familia reclama también en su escrito un oficio religioso en la Basílica del Valle de los Caídos, y solicita que las dos ceremonias las oficie el prior de la abadía que custodia la Basílica del Valle, Santiago Cantera.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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