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La Eurocámara debatirá si el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez violó las sanciones de la UE

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El pleno del Parlamento Europeo ha aceptado este lunes un cambio en la agenda de su sesión plenaria para incluir un debate sobre el encuentro entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hace unos días en el aeropuerto de Madrid y pedir a la Comisión Europea que aclare si esta reunión supuso una vulneración de las sanciones que la UE impuso a varios altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, incluida su vicepresidenta.

La modificación ha sido promovida por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas y aprobada por el pleno con 189 votos a favor, 159 en contra y diez abstenciones. El debate tendrá lugar el martes por la tarde.

Los liberales europeos, grupo al que pertenece Ciudadanos, han respaldado a Cañas para presentar esta petición, que también ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo. Los Socialistas y Demócratas europeos votaron en contra por considerar que no es un asunto sobre el que debiera pronunciarse la Eurocámara.

Cañas, con el apoyo del grupo de los Liberales europeos (Renovar Europa), ha recordado que la Eurocámara adoptó una resolución días antes de ese encuentro en el que se instaba a endurecer las sanciones y reafirmaba el reconocimiento de la institución de Juan Guaidó como presidente encargado.

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El eurodiputado de la formación naranja ha denunciado un «incumplimiento» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del régimen de sanciones europeo al permitir que Rodríguez pasara catorce horas en el aeropuerto de Madrid, al tiempo que ha afeado que se ofrecieran varias «versiones» de lo sucedido en la escala de la vicepresidenta Rodríguez hasta reconocer el encuentro con Ábalos.

Cañas ha advertido del daño que puede causar en la credibilidad internacional de la Unión Europea y en el respeto de las decisiones consensuadas a Veintisiete si se permite que un régimen de sanciones se convierta en «papel mojado», por lo que ha instado a la Comisión Europea y al Consejo a examinar el caso ocurrido en Barajas.

La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones contra altos cargos de Maduro, entre ellos Delcy Rodríguez, por considerarlos cómplices de la represión en Venezuela y participar en violaciones de los Derechos Humanos.

Estas sanciones suponen que las personas en la lista tienen prohibida la entrada y el tránsito por suelo comunitario, además de la congelación de haberes en la UE.

Tras el polémico encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, sin embargo, desde la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior han tratado de desligar lo ocurrido del control de la UE, al argumentar que es competencia única de los Estados miembros comprobar que se cumplen las sanciones en su territorio.
El PSOE se opone

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El régimen de sanciones para Venezuela, sin embargo, obliga a los países de la UE a verificar si ha habido fallos en su cumplimiento y en caso de que se detecten irregularidades o exenciones comunicárselo a sus socios en la UE, algo que formalmente no ha ocurrido en el caso de España.

Antes de someter la modificación de agenda a la votación del pleno, el eurodiputado del PSOE Javi Moreno ha tomado la palabra para pedir que se rechazara la petición, tal y como han hecho en el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D).

«No es de recibo convertir esta Cámara en una trinchera para atacar al Gobierno español, porque esta petición corresponde solo a intereses partidistas», ha criticado Moreno, quien ha pedido que se haga oposición «en el Congreso».
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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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