El principio es indiscutible: la gente no debería ser juzgada ni tener privilegios por el color de su piel. Ese principio es el punto de partida de la demanda del grupo Estudiantes por Admisiones Justas contra la Universidad de Harvard.

Aseguran por ejemplo que a la comunidad de asiáticos-americanos le perjudican las políticas de discriminación positiva que aplica la universidad en sus admisiones y que Estados Unidos ha ido articulando desde tiempos de Kennedy para combatir las desigualdades del país.

La administración Trump pretende poner fin a la discriminación positiva en contra de la población de raza blanca. Los datos de admisión de minorías en Harvard para el curso en marcha señalan que el 23% de matriculados son asiáticos-americanos (sube un 6% desde 2009), un 16%, negros, y un 12%, latinos. Sin cuotas, dicen los demandantes, los primeros serían el 40%.

El Gobierno les apoya. El Departamento de Justicia acusó el jueves a Harvard de «prejuicios raciales». En opinión del departamento que dirige Jeff Sessions, «Harvard no ha logrado demostrar que no discrimine de forma ilegal a los asiáticos-americanos». La administración Trump aspira a que este proceso acabe llegando al Tribunal Supremo y que éste determine el final de la discriminación positiva en Estados Unidos.