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Daniel Ortega nombra a su suegro como jefe de la policía.

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Un mes y medio después de lo establecido por la ley, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, nombra de forma oficial a su consuegro Francisco Díaz en el cargo de titular de la Policía, que ya había asumido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 872, Ortega debió nombrar a Díaz el 5 de julio pasado.

A su vez Ortega pasa por alto las sanciones establecidas justamente el mismo 5 de julio pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, la cual castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch además expuso que “estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

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El nuevo director de la Policía fue señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses que se han manifestado en contra del Gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril.

De esta manera, el 5 de septiembre próximo, Díaz deberá recibir el bastón de mando de manos de la primera comisionada Aminta Granera, quien según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta fue pasada a retiro, aunque desde el pasado 27 de abril se conoció su renuncia, sobre la cual el Gobierno guardó silencio y que con esto concluyó un período de siete años de dirigir de facto y a medias la Policía Nacional y que avaló muchos abusos policiales.

” Si bien en la última década la Policía Nacional ha presentado un grave deterioro en su institucionalidad, la reforma legal que sufrió esta institución y la promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significan que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen”. Uriel Pineda, especialista en derechos humanos.
Para la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, “su salida silenciosa no evade la responsabilidad que tiene sobre las actuaciones de la institución durante su mandato”.

En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son confirmados en sus cargos como subdirectores generales de esa institución el comisionado general Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, quien lideró los ataques a los manifestantes en Masaya.

La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión de Ortega, de ascender oficialmente como director a Díaz y confirmar como subdirector al comisionado general Avellán.

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“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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