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La Asociación Profesional de la Guardia Civil se querella por homicidio imprudente grave contra los ministros del Interior y de Sanidad

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La Asociación Profesional de la Guardia Civil ha presentado una querella criminal contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa por delitos de infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por homicidio imprudente grave.

Una querella criminal que viene motivada por la gestión que se ha llevado a cabo desde ambos ministerios en el Estado de Alarma decretado a raíz de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID-19.

Desde JUCIL, su portavoz, Ismael Guerrero, ha explicado que “a pesar del alto riesgo de contagio” que ha quedado más que demostrado que tienen los Guardias Civiles, “al estar en primera línea de batalla contra esta pandemia”, el Gobierno y más en concreto los ministros del Interior y de Sanidad, “no han aceptado las peticiones realizadas por esta asociación para que se incluyera a la Guardia Civil dentro de los colectivos de riesgo alto de contagio”.

Una situación, que según afirma Guerrero, ha provocado incluso “el fallecimiento de cuatro miembros del instituto armado”.

Motivo por el cual desde JUCIL “hemos tenido que tomar esta decisión de presentar una querella criminal por homicidio imprudente grave contra el ministro del Interior y contra el ministro de Sanidad”.

Aumenta el número de infectados Según datos del propio Ministerio del Interior, 239 guardias civiles están contagiados por Covid19, de los cuales cuatro han sufrido un fatal desenlace a causa de esta enfermedad. Contagios que para JUCIL se deben directamente a la falta de material de protección que ha sufrido la Guardia Civil al ser considerada dentro del plan de actuación contra el Coronavirus como personal de baja exposición a la enfermedad.

«Negligencia por omisión Desde JUCIL vemos completamente incomprensible, la gestión que ambos ministerios han tomado en relación con la pandemia, frente a la que no se han empezado a tomar medidas hasta el decreto del Estado de Alarma en el mes de marzo, a pesar de tener comunicaciones de la OMS y de otros organismos sanitarios desde el pasado mes de enero, advirtiendo de la gravedad del virus y de las consecuencias que podía tener en España».

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Afirman no entender como “los ministros de Sanidad e Interior desoyeron todas las advertencias lanzadas desde las organizaciones sanitarias internacionales, incluyendo en una situación de grave riesgo para la salud de todos los Guardias Civiles, y en definitiva de todos los españoles”. Además, desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil se ha criticado también “el caso omiso que los ministros han hecho de las advertencias y peticiones que desde esta organización se han lanzado en múltiples ocasiones tanto a los ministerios como la Dirección General de la Guardia Civil”.

Unas advertencias que iban encaminadas a la protección de los agentes de la Benemérita, que “han venido desarrollando su trabajo en esta crisis sanitaria, en primera línea de batalla, con una profesionalidad encomiable a pesar de carecer de los equipos de protección y de un protocolo claro y efectivo para evitar contagios por el COVID-19”.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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