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Intento de asalto al Parlament tras instar Torra a los CDR a “apretar”

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Cientos de independentistas intentan asaltar el cordón de seguridad del Parlament que defendían los Mossos
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Otoño caliente para recordar el otoño negro catalán de 2017. El independentismo conmemoró este lunes el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre con una nueva jornada de movilización callejera protagonizada en buena forma por los Comités de Defensa de la República (CDR) y el independentismo más violento, cuyas acciones -intento de asalto al Parlamento catalán anoche, enfrentamientos con los Mossos, cortes de carreteras, ocupación de las vías el AVE, fallido intento de paralizar la actividad económica…-, un año después del hito del 1 de octubre reflejan la impotencia de un movimiento secesionista que se sabe fracasado.

Por la tarde, una nutrida manifestación convocada por la ANC recorrió las calles de Barcelona para recordar lo sucedido hace un año y denunciar la intervención policial de entonces, ahora mismo, junto a la petición de libertad de los políticos presos, el único nexo común de un independentismo dividido, fracturado en su estrategia y que después de años proclamando ser la «revolución de las sonrisas» se descubre bronco y hasta violento. Al acabar la marcha, y después de que por la mañana el presidente Quim Torra animase a los CDR a «seguir apretando», frente al Parlamento catalán se produjeron escenas de violencia cuando varios centenares de manifestantes desbordaron el cordón policial y se enfrentaron a los Mossos, a los que lanzaron las vallas del perímetro mientras exigían la dimisión de Torra y del consejero del Interior, Miquel Buch.

«Se acabó la paciencia»

«Se nos ha acabado la paciencia, se acabaron las sonrisas, desobediencia o dimisión», gritaban los manifestantes a la vez que arremetían contra el PDECat y ERC. Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, fueron abucheados a la vez que decenas de encapuchados se arremolinaban frente a la puerta del palacio del Parlament, donde los Mossos acabaron recluyéndose ante el acoso e intento de asalto de los violentos. Únicamente el gran portón de madera impidió el paso de una turba que acabó siendo dispersada por un fuerte contingente de los Mossos, tanto de la Brigada Móvil como de agentes que habitualmente trabajan en el Parlamento catalán, y que fueron pertrechados con elementos de defensa que se guardan en el interior del palacio.

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De forma simultánea, también se produjeron graves incidentes y fuertes cargas en Vía Layetana, en el centro de Barcelona, donde varios miles de manifestantes desgagajados de la marcha principal se habían concentrado frente a la Prefectura del Cuerpo Nacional de Policía. Entrada la madrugada ya se había restablecido el orden en el centro de Barcelona.

Los graves incidentes de este lunes -una reformulación del asedio al Parlament de 2011- son el reflejo de la deriva secesionista, a la que Torra responde plegándose a los radicales. Si el sábado los Mossos sacaban brillo a sus porras para contener la contramanifestación de la CUP -ante el enojo del independentismo más radical- ayer se refería a los CDR como sus «amigos». De forma simultánea a que esos mismos CDR mantenían cortada la línea del AVE en Gerona, o bloqueaban el macropolígono industrial del Vallés, Torra les animaba ayer a seguir con sus acciones. «Amigos de los CDR: apretáis y hacéis bien en apretar», explicó Torra desde Sant Julià de Ramis (Gerona), el pueblo donde el expresidente Carles Puigdemont debía votar el pasado 1 de octubre, y donde ayer su sucesor reunió de forma extraordinaria a su gobierno. El expresidente aludió anoche a los violentos asegurando que «si van encapuchados no son 1-O».

En precario equilibrio entre un Govern que actúa en modo autonomista pero gallea en modo republicano, y un independentismo que le exige liberar a los presos y cerrar la vía autonomista, Torra ayer se puso del lado de estos últimos. Primero en Sant Julià, y luego ya en Barcelona jaleado y exigido por un grupo de estudiantes, Torra les prometió que «el Govern estará, tened confianza», sin especificar en qué se concretará ese «estar». Lo explicó después de que representantes de los CDR volvieran a dejar claro a la Generalitat cuál es su posición»: «El pueblo manda, el gobierno obedece».

Lo que manda el pueblo -una parte del mismo, se entiende-, es cumplir con el «mandato del 1-0», algo que la Generalitat, es obvio, no está en condiciones de llevar a cabo. En este contexto, la premisa del Govern parece ser la de seguir ganando tiempo y prepararse para la «ventana de oportunidad» que a su criterio podría abrirse con el juicio a los líderes independentistas y la respuesta social que se produzca entonces. Patada a seguir. «Apelo a las consciencias colectivas de los catalanes para saber si aceptaremos o no las sentencias, por saber si volveremos a determinarnos». Épica de saldo para animar a los catalanes a «afrontar estas semanas sin miedo». «O libertad o libertad», concluyó con una frase que al independentismo más hiperventilado, empezando por los CDR, les suena casi a tomadura de pelo, como se acabó viendo anoche con los incidentes frente al Parlament.

La jornada de ayer fue el mejor resumen de esta dicotomía que afronta el independentismo: por la mañana y a última hora, un nuevo paso hacia la «borrokizacion» de la movilización callejera; por la tarde, una manifestación en Barcelona que, aunque no tan masiva como las de la Diada -180.000 personas según la Guardia Urbana-, volvió a llenar el centro de la ciudad. El escenario es preocupante, tanto por la capacidad de los activistas para, al grito de «ni olvido ni perdón» amagar con poner patas arriba el país -dos centenares bastaron para cerrar la AP-7 en Tarragona, y otros tantos hicieron lo mismo con el AVE en Gerona- como por el apoyo que, al menos de palabra, se les ha dado desde la administración autonómica.

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Preocupación en los Mossos

La preocupación es amplia, al sentirse utilizados políticamente y por no notar suficiente apoyo por parte de la Generalitat, tal y como denuncian los sindicatos policiales. El apoyo a los CDR o el anuncio por ejemplo de que el Govern investigará las cargas de la manifestación del sábado ha encendido los ánimos en un cuerpo que ayer, por otra parte, daba cuenta de la detención del agresor de uno de los participantes de la marcha del sindicato policial Jusapol.

Por contra, horas antes de los disturbios, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, insistió en la política de apaciguamiento y dijo conferir una «importancia relativa» a las declaraciones de Torra en apoyo a los CDR. Según insistió, la jornada estaba transcurriendo de modo «asumible» y al Gobierno le «importan las acciones más allá de los discursos».

El apoyo de Quim Torra a los CDR fue denunciado por los grupos de la oposición. Cs y PP firmaron ayer una petición conjunta de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones por el «deterioro general de la política española» y las «amenazas independentistas».

En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado aseguró en Twitter tras los incidentes que «me duele Cataluña y ver a los totalitarios independentistas tomar las calles y el Parlament. ¿Cómo es posible que el Gobierno no haga nada? Exigimos aplicar ya el artículo 155 y la ley de Partidos para restablecer el orden y destituir a Torra. O que convoquen elecciones generales ya”. También el presidente de Cs, Albert Rivera, reaccionó y se preguntó en un mensaje en la misma red social «¿se puede saber dónde anda Pedro Sánchez ante el caos y la violencia sembrada por los separatistas en Cataluña», indicó, para añadir que «hoy se ha humillado a la democracia española».

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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