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Franco, enterrado en Mingorrubio tras ser exhumado del Valle de los Caídos

Redacción

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Los restos de Francisco Franco han regresado este jueves al distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, donde residió siendo el jefe del Estado, 44 años después de su muerte.

Su salida de la Basílica del Valle de los Caídos, con los familiares portando en hombros el féretro hasta la explanada vacía, ha sido diametralmente opuesta a su multitudinario entierro en aquella mañana del 23 de noviembre de 1975.

Franco ha abandonado el Valle de los Caídos, el monumento que él ordenó construir en honor a los caídos en la «gloriosa cruzada» por una «España mejor», en medio de un silencio sólo roto por un grito de ‘Viva España, Viva Franco’ proferido por los familiares.

De la escena fueron testigos los representantes del Gobierno presentes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Hidalgo, a quienes la familia no se ha acercado a saludar al menos en los momentos captados por las cámaras.

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La familia, que desde un primer momento se opuso a la exhumación y planteó una batalla judicial que ganó el Gobierno en septiembre pasado en el Tribunal Supremo, ha llevado su enfrentamiento hasta el final, convirtiendo la retransmisión televisada de la salida de Franco del Valle en una guerra de símbolos.

El Ejecutivo prohibió a la familia cubrir el ataúd con una bandera de España, como pidieron, y también rechazó su pretensión de que Franco fuera despedido del Valle con honores militares, como los que tuvo en su funeral en el Palacio Real de Oriente.

LA BANDERA PRECONSTITUCIONAL

Pese a esa prohibición, uno de los nietos del general, Francis Franco, accedió al interior de la Basílica del Valle de los Caídos con una bandera imperial en la mano que tuvo que dejar en la misma entrada a petición del Ejecutivo, que no permitía ningún símbolo de «exaltación de la dictadura» en el momento de la exhumación, no así en la inhumación en el panteón, al circunscribir ese espacio al ámbito familiar.

De hecho, agentes de la autoridad transportaron la bandera aguilar a uno de los coches que trasladarían posteriormente a los familiares a Mingorrubio.

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Finalmente el féretro salió de la Basílica adornado con un estandarte con el escudo del Ducado de los Franco que incluye la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar otorgada al exjefe del Estado en 1939.

Sobre el estandarte, sí se permitió a la familia depositar una corona de laurel adornada con una banda con la inscripción ‘Tu familia’ como única dedicatoria y con dos lazos en forma de flor con los colores de la enseña nacional. Junto a la corona, un ramo de flores decorado con lazos en forma de flor, también con los colores de la enseña nacional, que emulaban las cinco rosas de las que habla el himno de la Falange, el ‘Cara al Sol’, según ha explicado el letrado de la familia.

SIN IMÁGENES DE LA EXHUMACIÓN

Más allá de los símbolos que la familia ha querido introducir en el acto desafiando las condiciones impuestas por el Ejecutivo, los trabajos de exhumación se completaron en menos de dos horas, si bien esta fase del proceso no fue retransmitida por televisión ya que el Gobierno prohibió que se pudieran grabar imágenes o sonido.

Para garantizar el cumplimiento de esta norma el Gobierno instaló en el interior de la Basílica un detector de metales y un escáner por los que tuvieron que pasar todos los que accedieron al templo junto con sus pertenencias.

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Las precauciones tomadas por el Gobierno fueron tales que ni siquiera todos los familiares presentes pudieron ver la extracción del féretro de la tumba, ya que sobre ésta se colocó una carpa techada y con paredes a que sólo accedieron dos de los nietos del general, Cristóbal y Merry Martínez Bordiú, los operarios, un médico forense y los representantes gubernamentales.

A pesar de los daños que presentaba el féretro original en el que se enterró a Franco –las imágenes han permitido ver que al menos tenía una raja en su base– la familia decidió conservarlo y trasladarlo así a Mingorrubio y pidió que el prior de la Basílica, Santiago Cantera, oficiase un breve responso antes de que los restos del dictador abandonasen el templo.

El cuerpo de Franco se conserva en una caja de zinc sellada en el interior del ataúd original de madera y que el Gobierno no tenía intención de abrir en caso de que presentara un buen estado, dado que en 1975, el entonces ministro de Justicia, José María Sánchez-Ventura, dio fe de que el cuerpo introducido en su interior era el de Franco.

Tanto en el momento de extraer el féretro de la tumba del Valle como en el momento de sacarlo del helicóptero que lo trasladó a Mingorrubio ha sido necesario asegurarlo para evitar desplazamientos colocando una tabla de madera bajo su base.

Lejos del desfile militar presidido por el Rey Juan Carlos y el largo cortejo por carretera que acompañó al féretro de Franco en 1975 desde la Plaza de Oriente al Valle, escoltado por agentes a caballo y motoristas, el traslado de los restos del dictador se ha sustanciado en un corto vuelto aéreo de 16 minutos.

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Eso sí, el féretro ha viajado en un helicóptero Cougar del Ejército del Aire reservado al traslado de autoridades y personalidades, normalmente miembros de la Casa Real y del Gobierno. Dentro de la aeronave compartieron espacio los representantes del Gobierno junto a Francis Franco y el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, a quien se vio discutir mientras esperaban a subir en el helicóptero con Félix Bolaños.

ESPERANDO AL GENERAL

En Mingorrubio aguardaban la llegada de los restos del Caudillo varios centenares de personas, a las que no se permitió acercarse al panteón, donde el Gobierno había previsto que los restos de Franco fueran reinhumados en la más estricta intimidad.

El prior Cantera, acompañado del sacerdote Ramón Tejero, hijo de Antonio Tejero, que también se ha acercado al cementerio escoltado por la policía, oficiaron una breve ceremonia religiosa en la que, esta vez sí, el Ejecutivo permitió a la familia exhibir todo tipo de símbolos, por considerar que en este caso el acto de inhumación se circunscribía a un ámbito familiar, pese a que el panteón es propiedad en la actualidad de Patrimonio del Estado.

La ministra de Justicia, que como notaria mayor del Reino también ha estado presente en el momento de la inhumación en el panteón, abandonaba el cementerio pasadas las 15.30 horas. Poco después se levantaba el cordón policial y se ha permitido la entrada del público en el camposanto.

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España

El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

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El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»

Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.

Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general

El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

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«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»

Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».

Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».

Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

La consulta de documentos, en el Supremo

Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.

El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.

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