El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este jueves la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat porque, en su opinión, supone degradar las instituciones que deberían canalizar el diálogo entre las formaciones políticas, tanto el Parlament en Cataluña como el Congreso en Madrid.
En un vídeo difundido por la Fundación Felipe González, el exsecretario general del PSOE se ha preguntado “para qué” se necesita una mesa de partidos “en la que no participan los que no quieren -y tienen razón- decidida por un Ejecutivo (el de Quim Torra) que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento”.
“¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, asesores jurídicos, gente que toma notas, por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento, sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo?”, ha continuado.
Con la negociación en torno a esta mesa de partidos, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Torra entran en “un juego muy delicado” en el que interfieren “en la autonomía de los partidos que tienen su representación en el parlamento”.
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Para González, esta mesa de partidos -sea de ámbito catalán o estatal- es totalmente innecesaria “salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña” y el del conjunto del Estado en Madrid.
Tras aclarar que él está “a favor del diálogo” frente “a la crispación, el insulto, la descalificación”, ha advertido de la necesidad de “definir en qué perímetro se dialoga”, y ese perímetro, en su opinión, no puede ser otro que el de “la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico”.
Sin perímetro, diálogo de sordos
Porque si no se define ese perímetro, la conversación “se convierte en un diálogo de sordos, de confusión, en el que se expresan posiciones inconciliables”.
De ahí que González considere que, con la aceptación por parte del Gobierno de un relator en esta mesa de partidos en Cataluña, se haya “entrado en un terreno de confusión” que a él le “preocupa”. “Algunos (en alusión a la vicepresidenta Carmen Calvo) dicen: ‘Es que no se enteran de lo que está pasando’. No, está confuso”, corrige el expresidente.
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Sobre la polémica figura del relator, González lo tiene claro. “No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña, no de estado a estado. También discute con el de Castilla-La Mancha, Andalucía, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos”, sostiene.
A pesar de esta confusión, González cree que el Gobierno no quiere atender las condiciones que le han puesto los independentistas a Pedro Sánchez para aprobarle los Presupuestos Generales del Estado: que interfiera a través de la Fiscalía en el juicio a los dirigentes del ‘procés’ y que acceda a negociar el derecho de autodeterminación.
Con respecto a esto último, ha recordado que se trata de un derecho que “no está en la Constitución, no está en el ordenamiento jurídico, no está en el derecho europeo, no está en el derecho internacional” y, “por tanto, no es negociable”.
“Habría que cambiar la Constitución, cosa a la que yo me opondría, para reconocer algo que no reconoce ningún país serio del mundo, que se pueda trocear el país con autodeterminaciones que acaben con la unidad o el derecho de todos los españoles a decidir su futuro”, ha añadido.
En cuanto a la segunda condición, González ha señalado que “el Gobierno de la Nación no puede” y él cree que tampoco quiere, “interferir en el funcionamiento de la justicia porque cree en la independencia del poder judicial y nuestra Constitución es garantista”.
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En este sentido, ha subrayado que él prefiere “con mucho la independencia del poder judicial de la democracia española que el tipo de poder judicial que ellos (los independentistas) previeron los 6 y 7 de septiembre (de 2017) en las leyes de desconexión, en las que Puigdemont nombraba directamente al Tribunal Supremo”. “Esto no pasa en España, no pasará y ojalá que a nadie se le ocurra que es mejor sistema que el que tenemos”, ha zanjado.
Denuncia la crispación
González también ha criticado el papel que está ejerciendo la oposición de PP y Ciudadanos frente a la gestión del Gobierno del diálogo con el independentismo. “Frente a eso lo que hay es crispación, descalificación, tratamiento grueso: ‘este es felón, traidor…’”, ha lamentado.
“En la vida en general y en la política en particular todo lo exagerado es ridículo y aquí estamos superando los límites del circo y entrando en un aquelarre que España no se merece. Creemos en una España de ciudadanos, no en un enfrentamiento de nacionalismos irredentos. Son los ciudadanos los que van a decidir el futuro del país y hay que respetar las instituciones fortaleciéndolas, llevando el diálogo y el debate necesario a las instituciones”, ha concluido.
Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”
Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.
Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.
Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.
Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.
Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».
Repercusiones
Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.
Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.
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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.
Ataque frontal a la Justicia
Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.
«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.
Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.
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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.
Comienza la cacería de medios de comunicación críticos
El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.
A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.
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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.
