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Tribunales

Exhumación de Franco: 10-J o la “batalla” de Cuelgamuros

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LR.- «Empezamos luchando contra un gobierno frente populista y no vamos ahora a amilanarnos por el resultado de las elecciones», rezaba un comunicado de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al día siguiente de los comicios del pasado 28 de abril.

La entidad que preside el general Juan Chicharro es consciente de que se acerca el 10 de junio a las 10:00, fecha y hora previstas para exhumar a Franco, y el tiempo juega en contra, aunque se aferra, al igual que la familia Franco, a la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo sobre sus recursos –y los de la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos– para frenar el proceso.

Respecto a cómo afrontan los deudos de Franco ese horizonte con el PSOE revalidado en La Moncloa, Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los siete nietos del «caudillo», asegura que «igual que antes. Con absoluta tranquilidad y confiando en que el Supremo acordará la suspensión».

El traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos es una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno socialista y Pedro Sánchez podrá retomarla tras su victoria en las elecciones, aunque debe aclararse primero si podrá hacerlo sin oposición. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tiene que resolver los recursos presentados contra la decisión del Consejo de Ministros, que fijó la fecha para el traslado de los restos de Franco al mausoleo familiar en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

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El Alto Tribunal tendrá que decidir primero si ordena la paralización cautelar de la exhumación antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Respecto a la posibilidad de que la Justicia ordene esta medida cautelar, el Gobierno considera que, en todo caso, la exhumación podría hacerse sin que ese acto tuviera «consecuencias irreparables», todo lo contrario de lo que alegan los recursos de la familia y la FNFF.

En este escenario, y un día después del 28-A, la Abogacía del Estado expuso ante el Supremo que, a su juicio, la Fundación Franco no está legitimada para pedir la suspensión del acuerdo para la exhumación, una consideración «absurda» para Utrera-Molina, «porque ha sido reconocida su legitimación por el Gobierno durante todo el expediente».

La Fundación Franco considera en cualquier caso que ejecutar el traslado de los restos antes de que el Poder Judicial «se haya pronunciado sobre el fondo» sería un delito de prevaricación. Sostiene además que «nada teme del Gobierno mientras el asunto está sub judice» y recuerda que el propio Tribunal Supremo ya se ha pronunciado (en un recurso contra otro acuerdo del Consejo de Ministros) en el sentido de que no se lleve a cabo la exhumación hasta que no se resuelvan las reclamaciones en contra.

Tras el anuncio de la Abogacía del Estado, la FNFF recordó que sus servicios jurídicos «están prestos a actuar contra cualquier pretensión» para «llevar a cabo la ilegal exhumación, toda vez que la misma está actualmente sometida a enjuiciamiento cautelar ante el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de la Nación, ante el que ni el propio gobierno es inmune del control de la legalidad de sus actos», como estipula la Constitución.

En palabras del general Chicharro, «es un hecho que desde que se pide la suspensión» [del acuerdo para mover el cuerpo de Cuelgamuros] «el Gobierno no puede ejecutar» el traslado. «Y menos aún sin permiso del prior», recuerda el presidente de la FNFF sobre otro actor crucial en este frente abierto: la Iglesia, representada por la abadía benedictina de la que depende la basílica del Valle de los Caídos. «Sigue la batalla», apostilla marcial el responsable del legado de Franco.

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El Alto Tribunal podría resolver la pieza de medidas cautelares antes de que el próximo día 10 arranque la campaña de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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