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ERC acuerda abstenerse en la investidura de Sánchez con la creación en 15 días de una mesa de negociación

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ERC facilitará la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, después de que su consejo nacional haya acordado, por una “amplia mayoría” del 96,5 % de los votos (196 afirmativos, cuatro en blanco y tres negativos), que el acuerdo sellado por los negociadores republicanos y del PSOE es suficiente para abstenerse.

Así lo ha anunciado el coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, durante su intervención abierta a los medios de comunicación, al término de la reunión de este órgano en Barcelona.

El vicepresidente del Govern ha elogiado el acuerdo alcanzado con el PSOE, que establece que se creará, en un plazo máximo de quince días tras la formación del Ejecutivo, una mesa de negociación entre gobiernos, cuyos acuerdos se someterán a una consulta ciudadana en Cataluña.

“Vale la pena iniciar este camino (…). Vale la pena que la bandera del diálogo y la negociación sea uno de los principales estandartes de quienes queremos la independencia de Cataluña”, ha subrayado Aragonès.

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El consejo nacional de ERC es el máximo órgano del partido entre congresos, y forman parte del mismo la totalidad de la ejecutiva, los principales alcaldes de Esquerra en el territorio y los diputados en ambas cámaras legislativas, entre otros.

Esta misma semana, la dirección de ERC defendió que había que aprovechar la “oportunidad” de abrir una “vía política y democrática” para encauzar el conflicto catalán, pocas horas después de que la Abogacía del Estado solicitara al Tribunal Supremo que excarcelara a Oriol Junqueras para que pudiera acceder a su acta de eurodiputado y ejercer como tal mientras mantuviera este estatus.

Sánchez accede a crear una mesa entre Gobiernos en 15 días que consagra la bilateralidad con Cataluña

ERC logra los objetivos que Pere Aragonès estableció como condiciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Según han acordado los independentistas con el PSOE incluye el compromiso de crear en el plazo de 15 días «una Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre ambos». Lo hacen sin que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya dado su visto bueno a esta herramienta.

Será un espacio en el que las partes podrán exponer cualquier propuesta. El comunicado conjunto plantea que este instrumentos «actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático». En una consolidación más de que se vuelve a la retórica de Pedralbes vuelve a obviarse la mención explícita a la Constitución Española.

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Esta mesa establecerá un calendario con una serie de conclusiones. Y las medidas en que se materialice lo acordado «serán sometidas a consulta de la ciudadanía en Cataluña». Esta eventual consulta en la que solo votará la ciudadanía catalana de acuerdo «con los mecanismo previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Esto último es importante porque se abre la puerta a que este mecanismo que habilite la consulta todavía no exista sino que se habilite en alguna reforma legal futura.

Este acuerdo ha sido fruto de unas conversaciones de varias semanas en las que Adriana Lastra y Gabriel Rufián fueron designados como negociadores principales pero en las que se creó un triunvirato por cada parte para alcanzar un acuerdo que permitiera a los 13 diputados de ERC abstenerse en la votación de investidura que comienza el próximo sábado. El Consell Nacional de ERC lo ha aprobado con 196 votos a favor, 3 en contra y 4 en blanco.

Según consta en el acuerdo entre ambas formaciones que se ha hecho público hoy, se parte de una base muy clara: «el reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya». Plantean ambos partidos que partiendo de esa base «solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo».

Y esta mesa de negociación es un nuevo mecanismo al margen de los cauces institucionales previstos. El acuerdo hace referencia a que este nuevo espacio se «coordinará» con otros como la Comisión bilateral Estado-Generalitat que está contemplada en el Estatuto de Autonomía pero que a ERC no le valía porque entendía que no era el espacio para tratar «un conflicto de naturaleza política».

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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