La Junta de Andalucía es la mayor empresa del sur de España. Lo es en cualquier término que se quiera poner sobre la mesa: en empleados, en valor, en influencia, en implantación en el territorio, en «sedes», en proveedores, en «filiales»… El próximo presidente andaluz será la máxima autoridad al sur de Despeñaperros, sí, pero también el CEO del mayor conglomerado empresarial de la comunidad: «Andalucía S. A.», un entramado económico sin rival. Una máquina de crear empleo en la comunidad con la mayor tasa de paro del país y sobre la que siempre ha flotado la acusación de que es más fácil entrar con el carné del PSOE, partido que gobierna hace casi 40 años.

En términos puramente económicos, la administración andaluza es la organización que más personas emplea en España, solo por detrás del Estado. Y lo es por delante de cualquier empresa privada andaluza, pero también superando a las multinacionales con presencia en el país. Según la propia Junta, su plantilla asciende a 240.000 empleados. Son casi un cuarto de millón de nóminas en una comunidad donde el paro afecta al 22,7 por ciento de la población, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay un axioma político que establece que quien maneja el presupuesto sale con mucha ventaja en unas elecciones. En Andalucía, se puede trasladar: quien domina las nóminas tiene un plus a la hora de ir a pedir el voto.

Administración paralela

En esa inmensa relación de puestos de trabajo, en realidad, ni siquiera están todas las nóminas que paga la administración andaluza. Según denunció el Tribunal de Cuentas en 2015, la Junta «falseaba» el número de empleados que tiene y «escondía» de los balances oficiales a varios miles de trabajadores. Lo que se conoce como la «administración paralela», el entramado de sociedades y empresas públicas con la que la Junta gestiona muchos de los asuntos de la comunidad.

En ese grupo de empleados «ocultos», confesó por error la propia Junta, trabajan algo más de 23.800 personas.

Con ese añadido, el número total de personas que cobran de la Junta asciende a 263.000. Por poner en contexto esa cifra, se puede comparar con el número de empleados públicos de otras administraciones. Así, por detrás de Andalucía está primero Cataluña, que aunque tiene una población parecida a la andaluza (7,4 millones de habitantes catalanes por 8,4 andaluces), tiene solo 163.000 empleados públicos, según datos de la propia comunidad de 2014. Madrid (149.000) y Valencia (116.000) también se quedan muy lejos de Andalucía. Ninguna otra comunidad, diputación o entidad tiene más empleados, salvo el Estado.

Si se compara con la empresa privada, ninguna hace sombra en España a la Junta de Andalucía. Mercadona, la compañía que más personas emplea en España tiene en plantilla a 79.563 personas. Le sigue Clece, con 58.382 empleados; El Corte Inglés, con 54.027; Correos, que ocupa a 32.842 personas; la empresa de trabajo temporal Randstad tiene 49.785 empleados; y Carrefour, 31.068.

Por hacerse una idea de lo inmenso de la plantilla de la Junta, habría que sumar a todo el personal de las primeras cuatro compañías de España para acercarse la una cifra de asalariados que se mantiene desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

Pero el número de nóminas que paga la administración andaluza es solo una parte de su poderío económico. Hay que tener en cuenta, también, los empleos indirectos. Esto es: desde los servicios que presta pero subcontrata (la asistencia a dependientes, comedores escolares, atención a domicilio…) al empleo que se genera por su actividad en el entorno en el que actúa (proveedores, comercios o servicios).

Un dato más sirve para apreciar la importancia de la Junta como motor de empleo en una tierra con la mayor con poco trabajo: desde este 1 de enero, aprobó el Gobierno de Susana Díaz, ningún empleado público en Andalucía a tiempo completo cobrará menos de 1.000 euros al mes.

Miles de millones

Javier Arenas

Cuando se analiza el impacto económico de la Junta de Andalucía, hay que subrayar la importancia de su presupuesto. Según datos de la propia administración, las cuentas de 2018 ascienden a 34.759 millones de euros. Si el PIB andaluz es de 155.213 millones, resulta que el peso de la Junta en la economía andaluza es del 22,3 por ciento del total. Dos de cada diez euros que se mueven en la comunidad vienen de la Junta y pasan por San Telmo.

En cifras, los números de la Junta marean. Si el presupuesto global supera los 34.000 millones de euros -Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de ocho millones de habitantes-, al desgranar las cuentas se observa que la administración andaluza gasta solo en Salud más de 9.800 millones de euros al año. En Educación, el Ejecutivo de Susana Díaz tiene presupuestados más de 7.500 millones. Por comparar: la empresa que más factura en Andalucía se apunta al año 11.500 millones al año. Poco más que lo que la Junta gasta en Sanidad.

Con una plantilla superlativa y un presupuesto de miles de miles de millones, manejar la Junta es una tarea compleja, pero muy rentable en términos de votos. Eso explicaría el porqué los andaluces siguen votando a los socialistas pero aprecien de forma masiva que hay «enchufismo» en la Junta, como respondieron casi nueve de cada diez encuestados en el sondeo de GAD3 para ABC de Sevilla de cara a las elecciones del 2D (el 87,7 por ciento, más exactamente). Otro porcentaje similar (casi el 80 por ciento) aseguran también que el Gobierno socialista de Susana Díaz «ha permitido la corrupción».

Fuente de empleo

Manejar la mayor fuente de empleo de Andalucía, han acusado en numerosas ocasiones a los socialistas, es manejar en gran medida las voluntades del electorado. Eso que se ha llamado la «red clientelar» del PSOE se asienta precisamente en esos dos vectores: la falta de trabajo en Andalucía y la capacidad de contratar de la Junta. Un cóctel que, dicen los opositores a Susana Díaz, mantiene a los socialistas en el poder hace 36 años. Las llaves de la Junta no son solo las de un gobierno autonómico. Son también la clave de entrada para el despacho desde el que se gestiona la mayor empresa de Andalucía. Pero en los programas electorales, pese a lo capital del tema, hay pocas referencias expresas a este asunto.

El PSOE habla de que «se ha demostrado la fuerza que posee la Administración Pública de Andalucía para generar empleo, especialmente en los servicios en los que debe hacerse un mayor esfuerzo de mejora, como es el caso de la educación». Ciudadanos es más explícito y prometió eliminar al principio de la campaña «todos los chiringuitos» del PSOE en sus primeros cien días si llegan a gobernar. Y ayer precisamente Pablo Casado prometió «adelgazar» la administración andaluza y acabar con la «red clientelar» del PSOE.

Precisamente en un anuncio parecido de Javier Arenas murió la mejor opción que hasta hoy ha tenido el PP de gobernar la Junta, cuando en 2012 ganó las elecciones pero no consiguió mayoría absoluta. De no haber apuntado contra el empleo público, se comentó entonces, Arenas habría sacado los pocos escaños que le faltaron para hacerse con los mandos del consejo de administración de Andalucía S. A.