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Tribunales

El Tribunal Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del «procés»

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Banquillo de los acusados del juicio del «procés»
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Un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del «procés» por un delito de sedición y no de rebelión. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.

La sentencia, que se dará a conocer este lunes, ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.

Se resuelve así la mayor incógnita del juicio: hubo sedición y no rebelión, un tipo delictivo que implicaba violencia. Había varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.

La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitución y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

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La comunicacion de la sentencia se producirá el próximo lunes, 14 de octubre. Una vez descartada la lectura pública de la sentencia, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Los 12 políticos catalanes acusados en el juicio del «procés», con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a importantes penas de prisión. La Fiscalía pidió para ellos 177 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado rebajó es cifra a 116,5 años al acusarlos de sedición. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox reclamó cerca de 700 años de cárcel. Además, todos ellos podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Petición de penas

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.

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Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.

Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

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Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.

Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.

Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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