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El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a devolver 4,9 millones gastados en el 9-N

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El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

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El pasado mes de diciembre, este tribunal ordenó el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para cargo público.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. Además de los cuatro dirigentes políticos, la sentencia condena a otras seis personas. A Mas se le considera responsable de la totalidad del daño “causado” a la Generalitat: los 4,9 millones. Ortega debe responder por 0,8 millones correspondientes, en su mayoría, al soporte informático que fue necesario para organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

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La cantidad es más elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Enseñanza, (2,8 millones) porque su departamento compró los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación de aquella jornada. El Govern ha defendido siempre que esos ordenadores se utilizaron después en las aulas de las escuelas e institutos catalanes, por lo que no debería computarse en el 9-N. En el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.

Todos los condenados deberán reintegrar un total de 4,9 millones de euros a la Generalitat “en la medida de sus respectivas responsabilidades”. Mas y los exconsejeros también deberán abonar los intereses y pagar las costas de las demandas.

La sentencia considera probado que el Gobierno de Mas realizó todos esos gastos pese a que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. En el proceso penal que todos ellos tuvieron que afrontar, la fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusarles también por un delito de malversación de fondos públicos. No lo hizo, sin embargo, y los exconsejeros lograron así evitar una pena que habría supuesto su ingreso en prisión.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 13:37

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

  2. Avatar

    Ramiro

    12/11/2018 at 19:05

    Espero que lo pague él, con su propio patrimonio, y no con el dinero público que España tan ALEGREMENTE transfiere al gobierno separatista de Cataluña…

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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