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El Supremo ordena a la Junta Electoral Central que permita votar a los policías desplazados a Cataluña

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El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que tome las medidas oportunas para que se permita votar a los policías que se encuentran desplegados en Cataluña con motivo del dispositivo de seguridad para las próximas elecciones de este domingo.

Fuentes jurídicas han informado de que la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha estimado acordar la medida cautelarísima presentada por el sindicato policial JUPOL por razones de urgencia contra el acuerdo de la Junta que impedía votar a los agentes.

El PP y Vox también han pedido a la JEC que deje votar a los policías que irán a Cataluña el 10N

Vox ha enviado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito con el que pide que adopte cuántas medidas estén “a su alcance” para facilitar que los agentes de Policía que irán a Cataluña para preservar el derecho al voto el próximo domingo puedan también ejercerlo.

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La solicitud de Vox se ha registrado después de que el PP haya hecho lo mismo con una similar; ambas son la reacción al acuerdo que ayer jueves tomó la Junta Electoral.

Un acuerdo al que llegó después de que los sindicatos policiales consultaran qué mecanismos podían habilitar para que los agentes que debían ir a Cataluña como parte del operativo de protección de los colegios electorales, y que por tanto no podrían votar, pudieran hacerlo en otras circunstancias, por ejemplo gracias a una ampliación del plazo para pedir el voto por correo.

Pero la Junta Electoral determinó que carece de competencias para hacer algo en ese sentido, ya que tendría que cambiar la legislación electoral, en concreto el procedimiento que regula el voto por correo.

Según señala Vox en una nota de prensa, es “una contradicción” que los funcionarios públicos sean desplazados para garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos y “ellos mismos no puedan ejercer el suyo”.

A su entender, la Junta Electoral está en “la obligación de realizar cuántas medidas esté a su disposición” para que se aseguren dichos derechos.

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Dice Vox que se podría aplicar en este caso la Ley Orgánica 5/1985, ya que alude a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan votar aunque por su trabajo tengan que desplazarse “de forma extraordinaria” el día de las elecciones.

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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