O.N., el ciudadano senegalés de 41 años de edad acusado de cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales, comenzó a cobrar las prestaciones vascas en 2008. Una constante vía de ingresos que se truncó solo cuando agentes de la Brigada de Extranjería le detuvieron el pasado 21 de marzo cuando prácticamente se bajaba del avión y tres días después de que la Policía Nacional detuviera a uno de sus colaboradores, F.A. natural de Camerún. O.N. llegó a utilizar 62 identidades falsas para garantizarse el cobro del 1.091.416 euros, utilizó 22 pasaportes, se aprovechó de empadronamientos ficticios en cuatro municipios vizcaínos y falsificó documentación para mantener estas ayudas hasta el pasado mes de marzo.

La detención de O.N por la Policía Nacional puso fin al mayor fraude en las ayudas sociales vascas que desde 2012 gestiona el Servicio Vasco de Empleo pero que con anterioridad eran una competencia de las tres diputaciones forales. De hecho, según la información obtenida por la Brigada de Extranjería que forma parte de la investigación judicial, el presunto defraudador de ayudas sociales comenzó a cobrarlas en abril de 2008 cuando aún se concedían por los servicios sociales de Vizcaya.

O.N., en libertad provisional a la espera de juicio, contó con la colaboración de otras 23 personas de nacionalidad extranjera para garantizarse la continuidad de su actividad delictiva. El ciudadano senegalés logró empadronamientos ficticios en las localidades vizcaínas de Bilbao, Getxo, Iurreta y Santurtzi. Con 22 pasaportes falsificados -al sustituir la foto de sus titulares por imágenes suyas- más los empadronamientos ficticios y contratos de subarriendo de habitaciones en pisos de alquiler, O.N. se aseguraba cobrar por cada una de los supuestos perceptores 625 euros mensuales por RGI y otros 250 euros por el alquiler ficticio de habitaciones.

El Gobierno vasco evitó ayer aclarar cómo se ha permitido un fraude continuo y de más de un millón de euros. Su portavoz, Bingen Zupiria se limitó a asegurar que es «minoritario» y existe un «control permanente» pese a ser evidente lo contrario. El Gobierno vasco no facilita datos sobre el fraude y solo cuantifica lo que denomina “cobros indebidos” en los que se incluyen las prestaciones que se han realizado a perceptores de la ayuda que luego son revisadas. Según datos del Servicio vasco de Empleo, en 2021 alrededor de 10.000 perceptores de ayudas sociales vascas no devolvieron las cuantías que habían cobrado de forma indebida.

El Gobierno vasco reclama por correo certificado a estos perceptores la devolución de las cantidades pendientes de devolución y, si no logra respuesta, publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPVA) estas reclamaciones. Todos los días el Boletín de País Vasco publica una relación de expedientes de ayudas sociales que no han podido ser notificados a quienes reciben las ayudas cuando se les ha intentado localizar en sus domicilios. En el día de ayer 7 de junio, la orden firmada por la directora de Lanbide Gloria Sánchez incluía 532 notificaciones fallidas a perceptores de estas ayudas sociales vascas.