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Sociedad

El PP y Vox piden la dimisión de la consellera balear por los presuntos abusos a menores

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La consellera balear de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha defendido este martes en el Parlament su gestión de los centros de menores del Govern frente a la firme petición de dimisión formulada por PP y Vox con ocasión de una comparecencia sobre abusos sexuales a menores.

Santiago ha recordado que su departamento ha despedido desde 2016 a cinco educadores -cuatro mujeres y un hombre- de centros de internamiento de menores del Govern por conductas sexuales inapropiadas que, en ninguno de los casos, llegó a la consumación del acto sexual.

La titular de Servicios Sociales ha sostenido que su departamento ha actuado con la “máxima diligencia y contundencia” ante este tipo de comportamientos y se ha dado un “mensaje claro” con estos despidos inmediatos.

Por contra, la diputada del PP Margalida Durán le ha dicho a la consellera que “la ola le ha pasado por encima” y no ha ayudado a los menores cuando “más falta les hacía”, le ha asegurado que está “finiquitada” políticamente y que, al ser la “máxima responsable, está obligada a dimitir”.

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Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha considerado que Santiago debía haberse marchado “desde el primer día” porque estos casos son “una vergüenza que nos implica a todos y a todas” y proyecta una imagen de las Islas Baleares de “vertedero moral”.

En este contexto, el próximo viernes comparecerá en el Consell de Mallorca el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, tras haberse hecho público que 16 menores tutelados -15 chicas- por este ente público han sufrido explotación sexual, a raíz de la denuncia de una violación grupal formulada por parte de una menor en la pasada Nochebuena.

La consellera ha explicado de los siete implicados en esta violación grupal solo uno -de 19 años- reside en Es Pinaret, uno de los centros del Govern, que son donde los menores cumplen sus penas judiciales.

El joven tenía permiso por Navidad -no se escapó-, declaró ante el juez por este caso y fue puesto en libertad provisional sin fianza tras asegurar que no tiene nada ver con esta violación. Este asunto continúa en fase de instrucción judicial.

La consellera ha aclarado que el Govern no gestiona los centros del Consell de Mallorca, “ni invadirá sus competencias”, por lo que no puede hablar del caso de los 16 menores que han sido víctimas de abusos sexuales.

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Sí ha relatado de manera pormenorizada las “conductas absolutamente inadecuadas” de los cinco trabajadores despedidos y ha explicado que su departamento está aplicando los protocolos para proteger a los menores y jóvenes internos en sus centros.

En este contexto, la consellera ha mantenido que un político debe dimitir cuando no adopta soluciones ante un problema, pero en este caso las decisiones de su departamento han sido “absolutamente contundentes”.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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