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Opinión

El Poder Judicial en España es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable

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De entre todos los poderes del estado, sin duda alguna el que menos simpatías suscita en los españoles es la Administración de Justicia. Raro es el día que los jueces y tribunales no nos sorprenden con alguna arbitrariedad, algún escándalo; el penúltimo ha sido el affaire del Tribunal Supremo de España.

En una sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el cliente el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de hipotecas (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta el dinero, o sea, el banco… Acto seguido, tres días después (lo cual nunca había ocurrido hasta la fecha) el propio tribunal deja en suspenso la sentencia, apoyándose en la “enorme repercusión económica y social” de la misma. En suma: donde dije digo, digo Diego, o como ustedes gusten.

Es muy frecuente oír frases tales como que “España es un Estado de Derecho, en el que es preferible renunciar a tus derechos, por tu bien, no sea que se cabreen el juez y el fiscal…”

También supongo que el que más y el que menos, de quienes lean estas palabras, habrá oído hablar de “la tutela judicial efectiva” y también que la Constitución Española de 1978, en su artículo 24, habla de ella de la siguiente manera:

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco y secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Permítaseme un paréntesis: Cuando uno entra en un edificio de los que en España de forma pomposa, rimbombante se denomina “palacio de justicia” hay una cosa que llama poderosamente la atención: generalmente en todos ellos cuelga de sus paredes un póster, un cartel decorativo (nunca mejor dicho) de alrededor de un metro cuadrado que, lleva por título: “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”.

Cuando se lee el contenido del mismo (salvo que nunca se haya tenido contacto alguno con algún tribunal de justicia, o se tenga aún una visión idílica de la misma) uno no puede hacer otra cosa que considerarlo una burla cruel, un sarcasmo, un escarnio… Pues lo que en el “cartel decorativo” se describe no puede estar más lejos de la cruda realidad de los juzgados.

El Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002 (a fin de desarrollar el denominado “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia”, compromiso adquirido por todos las agrupaciones políticas con representación parlamentaria el 28 de mayo de 2001) aprobó por unanimidad, como “proposición no de ley” la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en la que establece un catálogo de derechos de los justiciables, o sea, de los usuarios.

La Carta se divide en cuatro apartados, dedicando el primero de ellos al desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada, destacando la importancia de conseguir una administración de justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.

La segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la administración de justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos: víctimas de delitos y, en especial, de violencia doméstica, menores de edad, personas con alguna clase de minusvalía, y extranjeros inmigrantes.

El tercer apartado está dedicado a las relaciones de los ciudadanos con los Abogados y Procuradores.

Por último, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, menciona que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.

La mencionada “carta” acaba proclamando que será vinculante, y por tanto exigible a los Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperen con la Administración de Justicia, recomendando a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de sus postulados.

Insisto, puro sarcasmo.

Tras el paréntesis, permítanme, también traer a colación que la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Pues bien, para que se garantice el derecho constitucional a la “Tutela Judicial Efectiva”, es imprescindible la intervención de un juez imparcial. Es absolutamente inadmisible que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.)

¿Acaso en los Tribunales de Justicia del Reino de España no se dan todas las arbitrariedades descritas anteriormente? Algunos opinamos con rotundidad que ¡Sí!

Otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano “seguridad”.

La seguridad jurídica implica que los justiciables puedan saber a qué atenerse cuando acuden a los tribunales. La persona que acude a un juzgado debe de tener el grado máximo de certeza. Es inadmisible que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano.

Y, ¿Qué me dicen de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales?

Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción, el sometimiento de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad.

Las cosas en España distan muchísimo de ser así.

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones (algunos crean “observatorios” que pagamos los contribuyentes, y a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada) El actual gobierno, y los anteriores, tanto de Mariano Rajoy, como de José Luis Rodríguez Zapatero, como de Aznar, y todos desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, han recurrido a frases como que estaban vigilantes, que les preocupaba seriamente, que estaban alerta, que no bajaban la guardia, y a frases tópicas por el estilo.

De las palabras de todo los gobiernos pretéritos solo se puede concluir que tenemos un sistema judicial maravilloso y unos jueces que son el no va más.

Pero la cruda realidad no indica precisamente eso; muy al contrario, la Administración de Justicia es seguramente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.

Hay un libro de Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Complutense, que lleva por título el desgobierno judicial, cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia. El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace –de absoluta actualidad- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.

Respecto de semejante desbarajuste nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros.

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones. Algunos crean “observatorios” a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada.

También están los ministros que en lugar de tomar iniciativas para resolver problemas, ponen en marcha “reformas” que en lugar de dar soluciones, crean mayores problemas que los que supuestamente se pretendían resolver…

La triste realidad es que sigue sin haber voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas. Dado que los años pasan, y nos vamos haciendo viejos, y no se adoptan tales medidas quirúrgicas, a la única conclusión a la que podemos llegar, es a la de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo.

Tal como señala el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

En la España actual se nos dice constantemente que vivimos en un Estado de Derecho, entendiendo como tal que todas las actividades públicas (como las de los particulares) deben estar sometidas a la ley, y que el poder judicial es el encargado de garantizar que así sea. En definitiva, que el poder judicial debe estar controlado por los jueces, aunque parezca de Perogrullo la expresión. Pero, cuando el poder político no tiene ninguna intención de dejarse controlar, ni sujetarse a la ley, entonces recurre a boicotear el sistema, aunque conserve el nombre y la fachada formal, para lo cual solo le basta con seguir la tradición de corruptela. Los partidos que se han turnado en el poder desde el final del régimen del General Franco, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones.

Cada cierto tiempo “sufrimos” una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial. Los protagonistas de tales reformas-luchas siempre suelen ser cuatro: el PSOE, el PP, los miembros de la carrera judicial y las Comunidades Autónomas.

Ésta es la injusta justicia que padecemos en España y que ha llevado a que sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula pues aún quedan algunos íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a los parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña que, atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar tras rasgarla fácilmente.

En este panorama, la posición de los jueces (insisto, también hay jueces honestos, ¡ojo!) es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar –incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, lamentable realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, se les está negando a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución dice, y nunca se realiza.

Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, no están dispuestos.

O nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le trae al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que no nos merecemos. Sufrimos una justicia lenta, cara, arbitraria, ineficaz, desigual, imprevisible. Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas. No deja de ser deseable que la Administración de Justicia, como servicio público, funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “estado de derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”… Es imprescindible acabar con el “desgobierno judicial” que actualmente sufrimos. Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales. Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que la mayoría de los ciudadanos tiene de la judicatura, de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad… Las resoluciones judiciales, sus fundamentaciones, deben estar basadas en el articulado constitucional y no en las opiniones y preferencias ideológicas de jueces particulares; independientemente del tribunal o de la instancia de que se trate.

La deplorable situación de la Justicia en España depende de decisiones políticas: dedicarle mucho más dinero para agilizar y hacer coherente y eficaz el trabajo en los juzgados, hay que hacer que los jueces estén más cerca de la gente y/o que la gente pueda acercarse más a los jueces, hay que legislar sin miedo ni complejos y, ya puestos, habrá que plantearse si no sería bueno que en el CGPJ no haya sólo juristas -cercanos además a los partidos- sino solventes representantes de la sociedad y no sólo “compañeros de profesión”.

Y, por favor, ¡Basta ya de caer constantemente en el “buenismo” de considerar que la Administración de Justicia española es buena, y que las corrupciones de las que hablo son excepciones, o pequeñas anomalías, o disfunciones que nada empañan la enorme perfección del sistema, y que pueden ser eliminadas fácilmente!

En fin, dejaremos para otro día el hablar de prevaricación.

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Miente Albares, mal despertar catalán y desprecio al euskera. Por Jesús Salamanca Alonso

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«Albares insistió en la necesidad de que fuera el catalán la primera con la que experimentar, quedando desplazados el euskera y el gallego. Albares mintió y hoy siguen vetadas las tres»

La mentira forma parte del ADN del presidente del Gobierno español. Paulatinamente se ha ido extendiendo por todos los miembros de su gabinete, que mienten ya tanto como hablan. Ejemplo de ello han sido la propia ‘portacoz’ (Isabel Rodríguez), el falseador ministro Grande Marlasca, el ridículo Félix Bolaños, alias «Okupa del Dos de Mayo» y ahora, ayer para ser más exacto, el ministro de exteriores, José Manuel Albares. Muy diplomático, pero muy torpe y dañino en la exposición. Este último individuo ha falseado los datos sobre la notificación a la Comisión Europea para que el catalán sea considerado como idioma reconocido en las instituciones de la UE; se centró en el catalán, no sin antes hacer la peineta al gallego y al euskera: estos dos últimos no suman para mantenerse en el poder, además de ser excesivamente minoritarios.

Y es que, cuando expuso que sería la lengua catalana la primera con la que experimentaría el Parlamento Europeo, olvidó y mintió con datos. Los miembros de la Comisión pretendían que fuera el euskera la lengua que en primer lugar se utilizara para la experimentación, estudio e informe. Y, de hecho, era lo que apoyaban casi todos los miembros presentes, pero el ministro Albares insistió en la necesidad de que fuera el catalán la primera con la que se experimentara; de ahí que quedaran aplazadas y desplazadas el euskera y el gallego para dar prioridad al idioma de los condados catalanes, que no reinos ni países. Es más, las tres lenguas iban a ser rechazadas y vetadas por al menos 17 miembros, pero todo quedó aplazado. Hoy hemos sabido que seguirán vetadas las tres.  

Albares debería dar explicaciones más concretas, sin tapujos ni mentiras. Tenía el encargo del presidente Sánchez de que el catalán fuera admitido y, si no, ninguna. En la Comisión se inclinaban por el euskera ya que apenas lo dominan los propios vascos y no llegan a 400.000 quienes lo dominan a la perfección, otra cuestión es que lo chapurreen. De los 760.000 nativos apenas lo hablan 395.000 personas con competencia plena. Según una encuesta sociolingüística, «el 25,7% de la población habla euskera en una u otra medida (el 10,3% más habitualmente que en castellano/francés, el 6,2% en una proporción similar y el 9,2% lo utiliza, aunque con menor frecuencia que el francés o el castellano».

Quienes se consideran «euskaldunes», hablan el euskera el 43%, según datos de 2021, mientras que en 2011 apenas llegaba al 34%. En ello ha influido mucho el sistema educativo vasco, aunque olvida otras cuestiones de base que, no tardando, le van a crear los mismos problemas que ahora crea el catalán; no olvidemos que, al finalizar los estudios universitarios en Cataluña, son cientos de estudiantes catalanes los que acuden a vivir un año a Madrid para perfeccionar el castellano, sobre todo si son potenciales opositores a la Función Pública. Apenas un 13% de familias vascas reconocen que en casa se habla euskera.

«El sistema educativo catalán nos corta de raíz las aspiraciones futuras porque es muy restrictivo y simplificado. Solo se centra en Cataluña, como si fuera el ombligo del mundo, pero miles de estudiantes catalanes, incluso universitarios, se las ven y se las desean para situar Cáceres, Zamora u Orense en un mapa mudo», decía un alumno catalán, licenciado en Derecho, además de titulado en Ingeniería de Telecomunicaciones.

Razón tenían los miembros de la Comisión Europea, pues el euskera era mejor idioma para la práctica inicial que el catalán. Este último lo entiende el 94,2% y lo habla el 81%. Dos millones de personas tienen el catalán como lengua madre. El porcentaje de quienes tienen el castellano como lengua madre ha bajado (era el 55,4% hace unos años) y ahora es el 53,7%. Podríamos aportar infinidad de datos, sobre todo la presión de ciertos sectores que se niegan a hablar en castellano porque lo consideran «una pérdida de tiempo». A nadie sorprende que en el manifiesto Koiné, que intelectuales y lingüistas presentaron en 2016 alertando de los riesgos del bilingüismo «y con la petición tácita de que el catalán fuese la única lengua oficial». Con ello alertaban de cómo el castellano estaba comiendo terreno al catalán y el riesgo clave podía ser la desaparición de ese frente a la lengua de Cervantes.

Se mire por donde se mire, el catalanismo visceral no ha perdido sus complejos de inferioridad respecto al castellano: se sienten invadidos, aculturados y defraudados. No por casualidad hablaban de aquel «España nos engaña», cuando es Cataluña quien ha engañado a España desde tiempo inmemorial. Hoy son más de 87.000M de euros la deuda que Cataluña tiene con España por las subvenciones del FLA. Y si hablamos de la deuda histórica catalana con España, entonces nos vamos a algo más de TRES BILLONES de euros.

¿Alguien se cree que ese no es el motivo de que el independentismo repita lo de la condenación de su deuda? Pues lo es, saben de su desastre de gestión y del alto grado de corrupción en Cataluña,  como saben que Madrid ya ha superado hace tiempo a Cataluña en porcentaje de pymes, a la vez que cuenta la que fuera alcaldía de Carlos III con un futuro más despejado, brillante, acogedor y atractivo para la población de España y cualquier multinacional. Y además en Madrid se pagan 16 impuestos menos que en Cataluña.

Hoy, desde el punto de vista económico, Cataluña está casi hundida y fundida. Lograda su independencia, su actual tasa de paro (8,4%) pasaría a ser del 36%, según Datosmacro.com Si miramos los datos: el paro de menores de 24 años ya sobrepasa el 19,8% y el de menores de 20 años está en 2023 en el 30,4%, llegando al 34,3% entre las mujeres. Vamos, que Cataluña está que lo tira. El abandono de sus políticos, más preocupados de su enriquecimiento particular que de lo general, ha llevado a una situación caótica; de ahí lo de pedir dinero al Estado, siempre en perjuicio del resto de Comunidades Autónomas y a su costa.  ¿Y España nos roba? La certeza es la contraria: Cataluña nos roba a todo el Estado y lo lleva haciendo décadas. Lo hace de forma permanente e insaciable. Los independentistas se pueden marchar, pero Cataluña se queda.

¿Entienden ahora el cabreo generalizado de los políticos vascos? ¿Entienden que Íñigo Urkullu esté harto de que el euskera sea relegado y ninguneado por el Gobierno de Sánchez? Precisamente Urkullu ha anunciado que los votos del PNV no los tiene asegurados Sánchez, por mucho que lo piense. Hasta Andoni Ortuzar ha cambiado el rabo, aunque Esteban empiece a sembrar dudas tras la intervención de Feijóo poniendo negro sobre blanco el hecho de que EH Bildu los come terreno día a día y en las próximas elecciones los «recogenueces» del PNV pueden quedar en el País Vasco como segundones. A esas banderillas negras, ni Esteban ni el PNV han sabido reaccionar. Sánchez los necesita, pero los desprecia. ¿Acabarán esos votos en la cesta de Feijóo cuando vean pelar las barbas del vecino? La última encuesta para el País Vasco no da ninguna alcaldía de las tres grandes ciudades al PNV, ninguna diputación, pierde 16 grandes poblaciones y una riada de votos y de expectativas. La fuerte ascensión de EH Bildu deja noqueado al PNV y a Otegi como Lehendakari. Las lágrimas inundarán su torpeza, indecencia y corrupción de lustros.

Lo que parece que ha quedado claro es que Felipe VI no encargará presuntamente la investidura a Pedro Sánchez. Sería torpeza por su parte y alta traición contra el Estado. Las provocaciones a las que le sometió Sánchez en Zarzuela y los desprecios que ha recibido a lo largo de esta legislatura le han llevado a tomar una decisión que él va a saber responder con entereza, equilibrio, responsabilidad y diligencia, como así ha declarado. Si lo hace así, el pueblo se lo premiará, y si decide presentar al mentiroso y felón a investidura, la ciudanía se lo reprochará, además de quedar como el pusilánime del siglo y el tonto útil para el sanchismo proterrorista.

Ya saltan las ranas dentro de SUMAR PLUS y las prostitutas de Tito Berni se vienen arriba y se echan al monte. En el Congreso solo quedan dos «diputeros» del Ramsés: uno como diputado raso y otro dedicado a insultar a los periodistas valientes, pero pronto formarán batallón. Aún son simples reclutas. La noche madrileña también sirve para eso.

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Ha desaparecido el PSOE. Por Jesús Salamanca Alonso

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«Otro de los peligros del Calígula de Moncloa es que ha cortado todo tipo de debate en el PSOE. Nadie se mueve en la foto y se da culto al dios corrompido».

 

La vieja guardia del PSOE está que muerde y alguno de sus miembros no ha dudado en criticar con suficientes argumentos la intervención del diputado de Valladolid y exalcalde pucelano para suerte de la ciudadanía.  En las redes no faltan gruesos adjetivos, pero casi siempre destaca el de «macarra», «acomplejado», «resentido». «soberbio», «insultador», «patoso» y «despreciable». Todos ellos le retratan fielmente y son el espejo en el que se ha mirado estos años pasados en Valladolid; una ciudad que ha quedado como ha quedado: gris, desordenada y con un nivel de movilidad desastroso. La verdad es que nunca tan pocos hicieron tanto daño.

Tal vez el más duro de esa vieja guardia ha sido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Y no le van a la zaga Alfonso Guerra, Corcuera, Felipe González, García-Paje o la expulsada recientemente de la vicepresidencia del Gobierno «Frankenstein I». Pero hay más, muchos más. La conversación en los bares en Valladolid destaca que «¡Sánchez ha cogido al más tonto del pueblo para que dé la cara ante su cobardía!» Tal vez de ahí venga el comentario de que «Feijóo ya intimida al mentiroso y enfangado Sánchez». A la ciudadanía de Pucela, nadie le va a explicar aventuras y andanzas nocturnas del ya exalcalde; allá cada uno con su vida, su dinero y su imagen. De lo que no hay duda es de que hubiera sido el personaje o tonto útil ideal para formar parte de la banda de Tito Berni.

«Me dio asco» ver en TV a Óscar Puente ante la degeneración e imagen que proyecta del «socialismo en el que yo milité», Leguina dixit. Opinión no muy alejada de la que ya tienen muchos otros compañeros socialistas. El «macarra» Puente dejó la imagen de Valladolid por los suelos, a la vez que él se revolcaba en el fango y la porquería del albañal en que se ha convertido el Congreso de los Diputados, otrora compuesto también por un sector de «diputeros/as» en el grupo socialista. Sus palabras hicieron que la ciudadanía vallisoletana quedara como el pardillo de turno y el cazurro del momento. Valladolid no debería salir a escena por «mendrugos» y gaznápiros como éste. Pido a Dios que nunca le nombren ministro porque no dudará en incendiar Roma para echar la culpa a los cristianos. ¿Acaso no pedían un muerto los independentistas y Puigdemont para echar la culpa a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, en aquella triste jornada del 1-O?

En bares, cafetería y centros de ocio recibió improperios de todo tipo, pero muy alejados de guapo y bonito. Me apena la vergüenza que pudieron sentir sus familiares más allegados al escucharle esputar en vez de hablar y debatir. Lo suyo es engorilar al personal y amarranar lo que toca. Él es así, es su sino. Hace tiempo que en Pucela lo tildaron cariñosamente con los sobrenombres de «Osobuco» y «Orangu», que le viene como anillo al dedo. Gracias a él, le PSOE ha desaparecido tras las enseñanzas proyectadas por el miserable Sánchez. Es de su escuela y así lo ha demostrado, pero no tardarán en prescindir de él dado que no resuelve nada, pero crea problemas innecesarios. Su soberbia le pierde, como bien sabe Alvise Pérez.

Pero, tranquilos, porque no tardarán en relegarlo. No da más de sí. Ha ido en listas solo para enfangar el Congreso, hacer el trabajo sucio, tirar la piedra escondiendo la mano y completar la noche madrileña. Pretendía «engorilar» a los suyos y lo consiguió. Sin duda, la más engorilada era María Jesús Montero, que no entendió nada de nada, como de costumbre, y ya se sabe que donde no hay mata, no hay patata. Me gustaría verla usar los pinganillos porque tiene que ser todo un espectáculo circense. ¿Sabrá que son uno para cada oído?

«¿Cómo puede representar este tipo al PSOE?», vuelve a repetir Leguina. Parece que el problema de los socialistas es que «el PSOE ha desaparecido». Incluso el expresidente va más allá al reprochar al mentiroso y felón, Pedro Sánchez, que sea incapaz de enfrentarse con las bases de su partido sanchista y machista; tal vez solo vea degeneración y cesarismo a su alrededor.  Si la pitonisa, Felisa, dijo que su final estaría lleno de sangre, ya puede ir cuidándose de ellas (las bases) y de sus propias decisiones. Eso de «meterse en la cama con Bildu», «estar en manos de unos separatistas», «buscar los favores de golpistas», «concordar con corrompidos fugitivos» y «amamantarse con comunistas» es muy peligroso. Solo su torpeza puede haber hecho que llegue hasta aquí.

Otro de los peligros del Calígula de Moncloa o del Stalin que desplumó a la gallina es que ha cortado todo tipo de debate en el PSOE. Nadie se mueve en la foto. Cultiva el culto al «dios corrompido» y maneja los hilos de Ferraz como cualquier sátrapa que no dormía sin espada en la mano. «Conozco mucha gente joven que son socialistas y no están con estas chapuzas sanchistas, (…) sólo se puede hablar fuera del partido, dentro no hay discusiones, las ha eliminado de los estatutos», insiste Joaquín Leguina.

Y si ha desaparecido aquel PSOE que era de fiar y que tenía don de Gobierno, también ha desaparecido la formación de Podemos, a quien Yoli «cohete» no quiere tener cerca. Huye de sus cinco representantes actualmente en «Sumar Plus». Yolanda Díaz ha dado orden de que no reciban ni agua para que se marchen, sea por sed, inanición o desprecio. Y ahí precisamente está el otro peligro. Hasta Sánchez puede encontrarse que los cinco podemitas le niegan el voto de investidura, si es que Felipe VI llega a encargársela, que yo tengo mis dudas. Antes o después, Podemos se vengará y encontrará el momento en que más daño pueda hacer. Socialismo y comunismo son primos carnales, pero se odian a muerte con un odio africano.

Para la presunta investidura de Sánchez, éste no tiene apoyos todavía. Se lo niegan los mismos que no irán a ver a Felipe VI a Zarzuela. Y si no hay constancia personal, doy fe de que no habrá propuesta de investidura; máxime, tras las presiones del ámbito Judicial y de miembros del Constitucional respecto al no a la amnistía. La Comisión Europea también le ha advertido que juega mal las cartas y que el comunismo sigue condenado en Europa.

Sánchez se puede quedar con un palmo de narices en los próximos días, sobre todo tras el rifi-rafe acaecido en Zarzuela entre el rey y él. Las amenazas de Sánchez no han gustado en la Judicatura y tampoco en el propio PSOE, menos aún en la presidencia de la UE.

De momento, Felipe VI va a hacer pasar al felón ante las «horcas caudinas» del desfile del 12 de octubre y la fuerte concentración del desprecio a Sánchez por parte del pueblo español. Y, ojo, que Podemos tiene la espada levantada contra Yolanda y contra el felón «horroris causa».

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Estos son los políticos que no merecemos. Por el Coronel de Infantería Efrén Díaz Casal

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Es evidente que la situación que los españoles atravesamos, difícilmente asumible, no es la más deseada.

Para explicar sus causas tenemos que acudir al auxilio de nuestra vigente Constitución que proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, y al diccionario de la Real Academia Española, que define la democracia como un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes.

El juramento o promesa de los políticos en la toma de posesión de sus cargos está en consonancia con lo dispuesto por el Artículo 6 de nuestra Constitución proclamando que el ejercicio de su actividad es libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Una vez lograda la victoria electoral, al tomar posesión de sus cargos, los políticos “juran o prometen guardar y hacer guardar fielmente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de sus cargos”, juramento o promesa que queda arrumbada en el olvido al terminar el acto pues no son pocos los ejemplos al respecto en cualesquiera políticos sin distinción de ideología.

Cuando los políticos están en la oposición actúan de forma opuesta a cuando están en el Poder: en todo caso, cuando están en el poder confunden democracia con dictadura haciendo lo que se les antoja olvidándose de las promesas que hicieron en la campaña electoral y convirtiendo la mentira en su acción de gobierno, emulando a su homólogo nazi Joseph Goebbels “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

La mentira, práctica que tradicionalmente la opinión pública relaciona con la profesión política, se cifra en:

  • Su desfachatez en la toma de posesión de sus cargos jurando y perjurando que cumplen la Constitución y la ley.
  • Su pasividad ante el secesionismo.
  • La reducción de los recursos hídricos debido a la carencia de embalses porque el coste para su construcción se emplea en gilipolleces como el empleo de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, amenazadoras de la indisoluble unidad de la Nación española.
  • Ocultar a la opinión pública la gravedad de nuestra situación política y económica.
  • La corrupción de algunos políticos no siempre sancionada por los tribunales demostrando con ello su falta de soberanía, independencia e integridad.
  • Ocultar a la opinión pública los intereses de los políticos.
  • Falsear las cuentas públicas.
  • Ocultar los casos de corrupción.
  • Ocultar los datos del paro, la violencia contra la mujer y la preocupación por la creciente disminución del poder adquisitivo.

La lista resulta interminable, lo que aconseja desistir continuarla para no cansar al lector.

Estos políticos que no merecemos, nunca están disponibles para que los ciudadanos nos dirijamos a ellos para exponerles una cuestión sobre cualquier asunto por importante que sea, incluido el acatamiento por los organismos y entidades públicas y privadas de una Ley Orgánica: no saben, no contestan.

No se equivocó el político alemán Otto Von Bismarck cuando dijo que “la nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo”.

Esperemos que la situación descrita y sus culpables desaparezcan lo antes posible de nuestro escenario.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)

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(VIDEO MEMORABLE) LECCIÓN MAGISTRAL: Frank Cuesta explica sin morderse la lengua lo que opina de las “futbolistillas” de la selección… y de las feministas

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Pues a lo que nos dice Frank, no tenemos nada más que añadir. Lo suscribimos en un 110%. 

Pasen, y vean. 

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