Así consta en el escrito, recogido por Europa Press, en el que los letrados de Aranguez Abogados explican que Cryptospain “guiado por su ánimo de lucro” ejercía esa actividad de asesoría “desde principios de 2021 y hasta hace apenas dos semanas” cuando, aseguran, “cierra todas sus plataformas digitales”.

Abundan en que Romillo ha publicado videos a través de su perfil en TikTok (@cryptospain), que contaba con más 212.000 seguidores, “normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma”.

Sector ‘crypto’

Así, explican desde la plataforma de usuarios, se ha ido creando una “marca personal” que le ha permitido llevar a cabo el asesoramiento a clientes, “siendo estos, en su mayoría, empresarios y particulares del sector crypto”.

Como ejemplo de su labor en redes, indican que aconsejaba la apertura de cuentas bancarias en el extranjero en aras a la recepción de capital procedente de cuentas bancarias españolas, o cómo realizar un cambio de residencia fiscal, “todo ello como mecanismo de elusión de impuestos en España”.

Por todo ello, la asociación interesa la declaración de Romillo como investigado, que se reciba declaración a la asociación denunciante con ofrecimiento de acciones legales, y que el Equipo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional elabore el correspondiente atestado informativo sobre los hechos denunciados.

Asimismo, piden que se proceda al cese de toda actividad del denunciado en redes sociales, y se consigne toda la documentación que figura en su perfil de TikTok.

Estafa de Madeira Invest

Además, para evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, interesan que se acuerden las medidas cautelares oportunas.

Romillo está siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta estafa cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de la que fue máximo responsable, que habría realizado un supuesto fraude de más de 300 millones de euros.

A su vez, este empresario presentó una autodenuncia ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de septiembre “poniéndose a disposición de la Justicia” y en la que sostenía que entregó 100.000 euros “en efectivo” al eurodiputado Alvise Pérez el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos.