El artículo firmado ayer en «La Vanguardia» por Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn -juzgados en el Supremo por su participación en el golpe separatista y ahora candidatos al Congreso y el Ayuntamiento de Barcelona por JpC, la marca electoral de Torra y Puigdemont- pone de manifiesto las estrechas relaciones que para garantizar su propia supervivencia política Pedro Sánchez ha establecido en los últimos meses con el separatismo catalán, ahora interrumpidas, pero no rotas. En su carta, los presos independentistas no dudan en abogar por reeditar su pacto con el PSOE en la próxima legislatura y condicionar la política del resto de España, a cambio de que Sánchez «no niegue el referéndum como opción». Sin ningún pudor, los golpistas tienden su mano a quien en los últimos meses ha apostado por solucionar la denominada «cuestión catalana» a través de una consulta aún por determinar, ha aceptado la figura de un mediador para zanjar el «conflicto», transigió con la convocatoria de una «mesa de partidos» al margen de las Cortes y tiene como agente doble en Cataluña a Miquel Iceta, quien ha llegado a poner fecha y porcentajes a la ruptura de España. Ese es Pedro Sánchez, ahora jugador de la carta de la moderación y del escrupuloso respeto a la Constitución.

El pasado martes, y desde el posibilismo que define su campaña, Pablo Casado afirmó en el Foro ABC que le salen las cuentas para gobernar. A Pedro Sánchez también le salen esas mismas cuentas, pero con la suma del golpismo separatista. Pocas veces en la historia de la democracia española los distintos partidos han trazado como estos días las líneas rojas de sus posibles pactos de legislatura. La situación lo exige. Incluso Ciudadanos, un partido de centro que podría girar a izquierda o derecha, insiste en negar cualquier aproximación al PSOE de Sánchez, forzado a una alianza -ahora silenciada- en la que la extrema izquierda se mezcla con los herederos de ETA y la cúpula del golpe de octubre. El separatismo nunca ha dejado de enseñar sus cartas, y ayer volvió a hacerlo en su enésima provocación al Estado, ejecutada a través de cuatro presos juzgados en el Supremo. Todo está muy claro, desde hace ya demasiado tiempo. Es Pedro Sánchez el que está obligado, por decencia política y responsabilidad institucional, a dejar claro con quiénes pretende pactar y a quiénes excluye de una acción institucional en la que caben pactos, pero no cesiones que atentan contra la integridad de España. No basta con negar una y otra vez la hipótesis de un referéndum que es el único punto de la vergonzante negociación que le ofrecen sus aliados. Como recuerdan Rull o Turull, es eso lo que se decide el día 28. No solo se vota a un partido, sino el programa de sus socios.