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El Gobierno quiere que la ley de eutanasia incluya a pacientes de Alzheimer y demencia

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LR (R).- La sala Ernest Lluch del Congreso fue escenario ayer de un evento organizado por siete asociaciones con el objeto de que influir en el debate que tendrá lugar en la Cámara Baja sobre la regularización del suicidio asistido en el sentido de que se incluya en su articulado a pacientes con Alzheimer y demencia. El primer ponente de la mesa redonda fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se mostró favorable a que la nueva ley incluya bajo su paraguas a pacientes en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve. «Se trata de un debate necesario y oportuno», afirmó Illa, que lamentó que se haya aprobado la toma en consideración de la ley de la eutanasia hasta en tres ocasiones en los últimos 2 años sin que se haya avanzado en este controvertido asunto que, sin embargo, a Illa le parece que está «ampliamente respaldado por la mayoría de la sociedad». El ministro socialista se mostró partidario de que la legislación de cuidados paliativos pueda tramitarse «en paralelo» con la de la eutanasia porque no son contradictorias. Sobre el tema que centró la mesa redonda bajo el título «Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable», Illa admitió que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen unas características «particularmente complejas» pero que, en cualquier caso «es fundamental que la norma que va debatirse en el Congreso ofrezca una solución a estos pacientes». La ley se ejecutará «con todos los derechos y garantías» y se adaptará a las particularidades de todos los pacientes «entre ellos las que presentan los enfermos de Alzheimer».

El planteamiento de fondo de las asociaciones organizadoras de la mesa redonda –entre ella la Fundación Pasqual Maragall– es que pacientes que se encuentren en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a su salud y su persona. Como suele ser habitual en este tipo de actos hubo testimonios de alto contenido emocional en la línea de los casos extremos de Ramón Sampedro pero se soslayaron los peligros que puede suponer para la relación médico paciente la introducción de la eutanasia entre los servicios aportados por el sistema de sanidad pública, especialmente en el caso de pacientes de avanzada edad con situaciones familiares a veces complejas.

En ningún momento del acto se hizo referencia a un punto fuertemente criticado por los que alertan sobre los peligros que puede traer la ley de suicidio asistido que pretende aprobar el Gobierno del PSOE y de Unidos Podemos. Según la argumentación de la izquierda se trata de un derecho civil que leva a una persona a decidir sobre el final de su vida pero, si este es el nivel de autonomía que tiene la persona, ¿por que se le niega el derecho a las personas de sanas de 18 que quiere acabar con su vida?

Durante el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la ley de la eutanasia PP y Vox hicieron frente común.El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, intervino para acusar al PSOE de «eludir toda la información y hurtar el debate a la sociedad española sobre una norma grave que cambiará para siempre la idiosincrasia de nuestros servicios sociales y nuestra sociedad». «Lo progresista es no dar los unos a los otros. Lo reaccionario es no dar esperanza a con nuestros enfermos», concluyó el portavoz popular. Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio de Vox cargó contra los «argumentos necios» de la izquierda que «utiliza casos extremos para regularizar el derecho a matar». «No solo quiere convertir al Estado en una máquina obligada a matar sino que se aspira además a moralizar esa actitud como con el aborto» dijo Méndez Monasterio, que no se olvidó de subrayar que la primera ley de la eutanasia de Europa la aprobó la Alemania nazi de Adolf Hitler.

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El problema del «deslizamiento» en los criterios para reglar es suicido asistido

Para los lobistas que organizaron la mesa redonda a la que asistió el ministro de Sanidad en el Conrgeso los pacientes que se encuentran en fase de deterioro cognitivo «leve» o de demencia «leve» tienen capacidad para tomar decisiones relativas a su salud. «Las personas con demencia leve tienen derecho a morir cuando ellas decidan», se dijo ayer.
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Los críticos sostienen que operativamente es muy difícil, por no decir imposible, evitar que con el paso de los años se vaya normalizando esta práctica y que se produzca un «deslizamiento» hacia pacientes con trastornos neurodejenerativos no tan «leves». De hecho ayer mismo uno de los participantes en la mesa redonda ya hablaba ya de pacientes con Alzheimer «leve y moderado»

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Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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