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El Gobierno quiere que la ley de eutanasia incluya a pacientes de Alzheimer y demencia

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LR (R).- La sala Ernest Lluch del Congreso fue escenario ayer de un evento organizado por siete asociaciones con el objeto de que influir en el debate que tendrá lugar en la Cámara Baja sobre la regularización del suicidio asistido en el sentido de que se incluya en su articulado a pacientes con Alzheimer y demencia. El primer ponente de la mesa redonda fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se mostró favorable a que la nueva ley incluya bajo su paraguas a pacientes en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve. «Se trata de un debate necesario y oportuno», afirmó Illa, que lamentó que se haya aprobado la toma en consideración de la ley de la eutanasia hasta en tres ocasiones en los últimos 2 años sin que se haya avanzado en este controvertido asunto que, sin embargo, a Illa le parece que está «ampliamente respaldado por la mayoría de la sociedad». El ministro socialista se mostró partidario de que la legislación de cuidados paliativos pueda tramitarse «en paralelo» con la de la eutanasia porque no son contradictorias. Sobre el tema que centró la mesa redonda bajo el título «Eutanasia, una ley inaplazable. Alzheimer y demencias, una realidad insoslayable», Illa admitió que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen unas características «particularmente complejas» pero que, en cualquier caso «es fundamental que la norma que va debatirse en el Congreso ofrezca una solución a estos pacientes». La ley se ejecutará «con todos los derechos y garantías» y se adaptará a las particularidades de todos los pacientes «entre ellos las que presentan los enfermos de Alzheimer».

El planteamiento de fondo de las asociaciones organizadoras de la mesa redonda –entre ella la Fundación Pasqual Maragall– es que pacientes que se encuentren en fase de deterioro cognitivo leve o de demencia leve tienen capacidad para tomar decisiones relevantes respecto a su salud y su persona. Como suele ser habitual en este tipo de actos hubo testimonios de alto contenido emocional en la línea de los casos extremos de Ramón Sampedro pero se soslayaron los peligros que puede suponer para la relación médico paciente la introducción de la eutanasia entre los servicios aportados por el sistema de sanidad pública, especialmente en el caso de pacientes de avanzada edad con situaciones familiares a veces complejas.

En ningún momento del acto se hizo referencia a un punto fuertemente criticado por los que alertan sobre los peligros que puede traer la ley de suicidio asistido que pretende aprobar el Gobierno del PSOE y de Unidos Podemos. Según la argumentación de la izquierda se trata de un derecho civil que leva a una persona a decidir sobre el final de su vida pero, si este es el nivel de autonomía que tiene la persona, ¿por que se le niega el derecho a las personas de sanas de 18 que quiere acabar con su vida?

Durante el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la ley de la eutanasia PP y Vox hicieron frente común.El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, intervino para acusar al PSOE de «eludir toda la información y hurtar el debate a la sociedad española sobre una norma grave que cambiará para siempre la idiosincrasia de nuestros servicios sociales y nuestra sociedad». «Lo progresista es no dar los unos a los otros. Lo reaccionario es no dar esperanza a con nuestros enfermos», concluyó el portavoz popular. Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio de Vox cargó contra los «argumentos necios» de la izquierda que «utiliza casos extremos para regularizar el derecho a matar». «No solo quiere convertir al Estado en una máquina obligada a matar sino que se aspira además a moralizar esa actitud como con el aborto» dijo Méndez Monasterio, que no se olvidó de subrayar que la primera ley de la eutanasia de Europa la aprobó la Alemania nazi de Adolf Hitler.

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El problema del «deslizamiento» en los criterios para reglar es suicido asistido

Para los lobistas que organizaron la mesa redonda a la que asistió el ministro de Sanidad en el Conrgeso los pacientes que se encuentran en fase de deterioro cognitivo «leve» o de demencia «leve» tienen capacidad para tomar decisiones relativas a su salud. «Las personas con demencia leve tienen derecho a morir cuando ellas decidan», se dijo ayer.
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Los críticos sostienen que operativamente es muy difícil, por no decir imposible, evitar que con el paso de los años se vaya normalizando esta práctica y que se produzca un «deslizamiento» hacia pacientes con trastornos neurodejenerativos no tan «leves». De hecho ayer mismo uno de los participantes en la mesa redonda ya hablaba ya de pacientes con Alzheimer «leve y moderado»

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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