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El Gobierno pacta con los proetarras de Bildu la derogación «íntegra» de la reforma laboral a cambio de su abstención en el Congreso

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Mercedes "mertxe" Aizpurua
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El Gobierno ha pactado con EH-Bildu derogar «de manera íntegra» la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, con el compromiso de que esta derogación sea «efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19».

Así lo recoge el acuerdo alcanzado este miércoles por el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, difundido por la formación de la izquierda ‘abertzale’ tras aprobar el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma.

El acuerdo, en virtud del cual EH-Bildu se ha abstenido en esta votación, también recoge la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas.

Así, el documento difundido recoge que estas entidades «dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19», que no se computarán en la regla de gasto en el caso de las entidades locales.

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Asimismo, se establece que la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra «se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras».

Además de estos dos puntos, el acuerdo señala que tanto PSOE como Unidas Podemos «darán cuenta al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu del avance en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados».

Las tres formaciones afirman suscribir este acuerdo con el fin de «adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico para el conjunto de pueblos y trabajadores del Estado».

Un compromiso de legislatura

Durante el debate en el Pleno del Congreso, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aludido a esta negociación con el Gobierno para culminar una derogación «íntegra» de esta reforma laboral, asegurando que este acuerdo «supondría recuperar una parte de dignidad para los trabajadores y devolverles un mínimo de seguridad».

Asimismo, ha señalado su voluntad de que, a la vuelta de la normalidad tras concluir las medidas extraordinarias adoptadas en materia laboral por la crisis del Covid-19, los trabajadores estén «un poco más protegidos ante las ansias de los grandes empresarios de hacer pagar, una vez más, esta crisis a los trabajadores para asegurar sus grandes beneficios».

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Entre otras medidas extraordinarias, el Gobierno ha adoptado la prohibición del despido objetivo por causas relacionadas con esta pandemia, lo que supone un encarecimiento del mismo, y facilidades a los ERTE para que las empresas puedan recurrir a este instrumento ante la parálisis y el descenso de la actividad.

Sin embargo, en su réplica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enmarcado esta derogación como parte de un compromiso de legislatura, asegurando que su voluntad de acabar con la reforma se mantiene «indeleble», y que esperaba poder contar con ello con las fuerzas «progresistas».

Pese a recogerse la derogación de la reforma laboral, en el programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos también se citan diferentes modificaciones de la regulación laboral, sin que se aluda a una derogación «íntegra» de la misma, ni tampoco se establecen plazos.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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