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Sociedad

El Gobierno comunista de Sánchez, a punto de capitular ante Podemos y permitir que el terrorismo callejero aplaste a la policía

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Podemos exige aprobar ya la Ley que abonará el terreno para el terrorismo callejero

Podemos aprieta ahora al PSOE para la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente encallada en el trámite parlamentario. Los desacuerdos entre ambos partidos está complicando que la norma vea la luz verde definitiva.

Características de una ley rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Esta ley es completamente rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que los deja totalmente indefensos. Existen puntos clave que destacan por sus posibles consecuencias. Entre otras cosas, recoge algunos puntos como el que elimina la obligación de comunicar previamente las manifestaciones o que grabar a los policías deje de constituir una infracción. Los agentes no podrán solicitar a quienes les graben que dejen de hacerlo ni identificarles por ello.  Veámoslas:

Presunción de veracidad policial

Uno de los aspectos que se reformarán será la presunción de veracidad de los atestados policiales de manera que el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, «siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario».

Grabación a los agentes

La peligrosidad de este punto ha sido repetida hasta la saciedad por los sindicatos. A partir de ahora no existirá una prohibición para grabar a los agentes. Por lo tanto, no «constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión».

Manifestaciones sin permiso

Hasta ahora los agentes podían disolver manifestaciones que no estuviesen en conocimiento de las delegaciones del Gobierno. Sin embargo, los cambios en la ley concretan que la carencia del trámite previo de comunicación, «aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación». Por lo tanto, los policías ya no podrán disolver las manifestaciones aunque los que protestan no cuenten con el permiso necesario para realizarlas.

Sin tiempo para identificar

Los agentes no podrán retener más de dos horas a aquellas personas que no se identifiquen. Anteriormente este margen se establecía en seis horas a pesar de que se tenía que dar uso del mínimo tiempo posible para realizar las labores de identificación del individuo. Este cambio supone una complicación más a la labor policial. En dos horas no nos da tiempo a hacer todas las comprobaciones necesarias. Es muy difícil», se quejan.

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El acuerdo final no está lejos

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en 2015.  Según Echenique, «nadie entiende» que esta reforma aún no esté aprobada. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Echenique ha afirmado que el acuerdo final no está lejos. No obstante, ha admitido también que hay algunos «escollos» que solventar.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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