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El Gobierno aprueba la exhumación “urgente” de Franco y da 15 días a la familia para decidir el destino de los restos

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque “no se puede perder ni un solo instante” para esta tarea.

El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como establece la normativa aprobada.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses establecidos de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto ley para realizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Calvo ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el “carácter urgente” de hacer esta exhumación e indica al Gobierno “el procedimiento para hacerlo”.

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El ejecutivo decidirá dónde se entierran los restos del dictador, “asegurando una digna sepultura”, si la familia no manifiesta su voluntad sobre su destino final “en tiempo y forma”, así lo asegura el decreto ley.

Calvo ha explicado que la familia Franco “podrá ser escuchada” y dispondrá de quince días, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos.

Para ello, la familia deberá aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.

No obstante, Calvo ha precisado que el Gobierno en el decreto plantea “todos los escenarios posibles, en los que la familia será escuchada” pero en el caso de que ésta “no se pronuncie o discrepe del lugar” será el Gobierno quien decida a qué lugar “digno y respetuoso se trasladen los restos”.

Calvo ha explicado que el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan.

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La vicepresidenta ha explicado que, como no puede ser de otra manera, el Gobierno está obligado “en un Estado garantista” a buscar un lugar digno.

A partir de ese momento, Calvo ha comentado el Valle de los Caídos cumplirá una primera función, recogida en la ley de Memoria Histórica, el “respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible estando los restos del dictador en el mismo lugar”.

Un lugar de recuerdo a las víctimas

El real decreto ley aprobado introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que consagra el Valle de los Caídos como “un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil”, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.

“En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, rezará el texto.

El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé expresamente “las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares”, que podrán disponer sobre su destino “si lo desean”.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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