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Economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta de una desaceleración económica “en el 90% de los países”

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Kristalina Georgieva
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La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió hoy de una desaceleración económica este año «en el 90% de los países del mundo», durante su primer discurso al frente de la organización multilateral.

«En 2019, esperamos un crecimiento más lento en casi el 90 por ciento del mundo. La economía global se encuentra ahora en una desaceleración sincronizada», dijo Georgieva en la sede central del FMI, en Washington.

La economista búlgara, que sucede en el cargo a Christine Lagarde, que será la presidenta del Banco Central Europeo, explicó que esta desaceleración generalizada «significa que el crecimiento de este año caerá a su ritmo más bajo desde el comienzo de la década». «Los números reflejan una situación compleja», consideró.

Georgieva hizo esta valoración una semana antes del inicio de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial (BM), en la que ambas instituciones presentarán sus proyecciones económicas y que congregará a los principales ministros de economía y banqueros centrales de todo el mundo.

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En su discurso, Georgieva achacó a las disputas comerciales, como la guerra comercial entre Washington y Pekín, parte de la responsabilidad de esta desaceleración económica global, además de las diferentes tensiones geopolíticas y el posible impacto del «Brexit».

Así, aseguró hoy que la guerra comercial entre Estados Unidos y China «está pasando factura» en la actividad económica mundial en general, y en el sector manufacturero en particular.

«Hemos hablado en el pasado sobre los peligros de las disputas comerciales. Ahora, vemos que en realidad están pasando factura», señaló Georgieva en su primer discurso desde su llegada al frente del FMI. De hecho, la economista búlgara dijo que el crecimiento del comercio mundial «se ha detenido casi por completo».

«En parte debido a las tensiones comerciales, la actividad manufacturera mundial y la inversión se han debilitado sustancialmente. Existe un grave riesgo de que los servicios y el consumo pronto puedan ser afectados», advirtió Georgieva.

La máxima dirigente del Fondo argumentó que las disputas comerciales «ahora se extienden entre múltiples países y en otros temas críticos». «Debido a nuestras economías interconectadas, muchos más países pronto sentirá el impacto», justificó.

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Además, Georgieva explicó que las divisiones actuales a nivel comercial «podrían conducir a cambios que duran una generación», provocando cadenas de suministro rotas o sectores comerciales aislados.

«Todo el mundo pierde en una guerra comercial», aseveró Georgieva, que explicó que el efecto acumulativo de los conflictos comerciales vigentes podría significar una pérdida de alrededor de 700.000 millones de dólares para 2020, o alrededor del 0,8 por ciento del PIB mundial, un tamaño comparable a la economía de Suiza. «Nuestro objetivo debe ser solucionar estas fracturas: nuestro mundo está entrelazado, por lo que nuestras respuestas deben ser coordinadas», defendió.

En su discurso, Georgieva abogó además por un sistema comercial global «más moderno» para desbloquear el potencial «de los servicios y del comercio electrónico».

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Economía

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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